EscucharLa probada independencia de sus instituciones de mercado ha convertido durante mucho tiempo a Estados Unidos en el ancla del sistema financiero global. Incluso en ciclos políticos turbulentos, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) han podido transmitir al mundo que los mercados estadounidenses operan bajo reglas claras, impersonales y aplicadas de manera fiable.
Sin embargo, esa independencia se está debilitando ahora en las tres instituciones simultáneamente, con graves implicaciones para la economía global. Los mecanismos pueden variar en cada caso —desde amenazas judiciales contra banqueros centrales hasta el despido de comisionados y el desmantelamiento de la capacidad de aplicación de la ley—, pero la erosión de la independencia es la misma.
La independencia institucional puede evaluarse mediante cinco pruebas derivadas de la literatura sobre gobernanza corporativa. Los mismos principios que distinguen a las empresas bien gobernadas de las mal gobernadas pueden aplicarse a las instituciones públicas que sustentan la confianza en los mercados.
El primer principio es que la selección del liderazgo debe basarse en el mérito, estar vinculada a una misión clara y sujeta a mandatos fijos. En segundo lugar, la gobernanza debe ser multiparticipativa, incorporando voces independientes con poder real de veto. En tercer lugar, una institución debe rendir cuentas a las personas a las que sirve, no al ejecutivo que nombró a sus líderes. En cuarto lugar, la financiación debe ser independiente y estar protegida de presiones presupuestarias. Y en quinto lugar, las instituciones deben comprometerse con una transparencia rigurosa.
Ninguna prueba por sí sola es concluyente. Pero cuando una institución empieza a fallar en múltiples dimensiones al mismo tiempo, el proceso de erosión ya está en marcha y es probable que se acelere.
Para ver el alcance del debilitamiento que ya ha ocurrido bajo el presidente Donald Trump, comencemos con la Fed. En cuanto al liderazgo, el Departamento de Justicia ha amenazado al presidente Jerome Powell con una imputación penal por su testimonio ante el Congreso sobre trabajos de renovación. Powell ha descrito abiertamente esto como un pretexto para socavar la independencia del banco central en la fijación de tasas, y Trump ha dejado claro que quiere que su sucesor reduzca las tasas de inmediato.
En materia de gobernanza, el intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, junto con la afirmación de su administración de que las protecciones contra destituciones sin causa son inconstitucionales, constituye un ataque a la autonomía estructural destinada a aislar la política monetaria de presiones políticas. Y en cuanto a la financiación, Trump ha firmado una orden ejecutiva que exige la aprobación de la Casa Blanca para decisiones de política regulatoria en agencias independientes, con una excepción limitada para la política monetaria. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, han advertido que estas acciones representan un grave peligro para la estabilidad financiera global.
La SEC está fallando aún más pruebas. El presidente designado por Trump, Paul Atkins, ha adoptado una postura agresivamente desreguladora, eliminando normas propuestas y orientándose hacia una supervisión más ligera. La plantilla se ha reducido aproximadamente un 17% respecto al año fiscal 2024, con salidas concentradas en el área de cumplimiento y en la Oficina del Asesor General. Como resultado, las acciones de cumplimiento contra empresas públicas cayeron un 30% en el año fiscal 2025, con solo cuatro iniciadas bajo el nuevo liderazgo.
Aunque la SEC mantiene su autoridad legal sobre el papel, está perdiendo la capacidad de ejercerla. Las consecuencias podrían ser desastrosas. Destacados profesores de derecho de valores han advertido que un cumplimiento debilitado invita a fraudes ocultos como los que produjeron los escándalos de Bernie Madoff y Enron.
Por último, la FTC revela el patrón de erosión institucional con mayor claridad. La administración Trump despidió a ambos comisionados demócratas en marzo de 2025, a pesar del precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos establecido en 1935 en el caso Humphrey’s Executor v. United States (que la administración Trump intenta revertir), y el nuevo presidente, Andrew Ferguson, respaldó los despidos. La FTC opera ahora con solo dos comisionados, ambos republicanos, frente a los cinco establecidos por ley.
Como ha observado William Kovacic, los despidos señalan un control ejecutivo total sobre lo que se supone es una agencia reguladora independiente. Además, una reducción del 10% de la fuerza laboral ha llevado el personal de la FTC a aproximadamente 1.100 empleados, el nivel más bajo en una década, mientras que los recortes presupuestarios propuestos para 2026 dejarían 51 puestos menos en la Oficina de Competencia.
El mercado de bonos ya ha emitido su veredicto sobre la integridad de las instituciones de mercado estadounidenses. Tras mantenerse negativo durante gran parte de la década de 2010, la prima a plazo de los bonos del Tesoro a diez años (según el modelo Kim-Wright) superó los 80 puntos básicos en enero de 2025, alcanzando su nivel más alto desde 2011, y se mantiene elevada en torno a los 50 puntos básicos. Según el Banco de la Reserva Federal de St. Louis, este aumento explicó más de la mitad del incremento en los rendimientos a largo plazo, incluso cuando la Fed recortaba las tasas a corto plazo. Asimismo, los estrategas de bonos de Wells Fargo han vinculado esta prima elevada a preocupaciones sobre la independencia del banco central.
Son posibles dos escenarios. En uno, las instituciones demuestran resiliencia. La estructura del Comité Federal de Mercado Abierto sobrevive, la Corte Suprema mantiene las protecciones contra destituciones sin causa, los presupuestos de cumplimiento se estabilizan, la prima a plazo se normaliza y Estados Unidos conserva su papel como jurisdicción predeterminada para la asignación global de capital.
En el segundo escenario, la politización persiste, el control ejecutivo sobre la política monetaria se normaliza, la aplicación de la normativa de valores sigue debilitada y la capacidad antimonopolio se erosiona aún más. En consecuencia, el dólar se debilitaría a medida que los bancos centrales extranjeros diversifican fuera de los bonos del Tesoro, y los mercados de capital acumularían riesgos opacos a medida que se deteriora la supervisión de la divulgación.
Para empeorar las cosas, las estructuras industriales oligárquicas se volverían autorreforzantes, ya que las empresas dominantes enfrentarían menor competencia. El costo del capital aumentaría para los emisores legítimos, mientras disminuiría para aquellos dispuestos a operar en los vacíos dejados por reguladores debilitados.
El segundo escenario no requiere una ruptura dramática, solo la continuación de las tendencias actuales. No es inevitable —las instituciones pueden reconstruirse y las normas restablecerse—, pero ciertamente es cada vez más probable. Desde los bancos centrales latinoamericanos en la década de 1980 hasta las fallas regulatorias que precedieron a la crisis financiera global de 2008, una lección sobre el deterioro institucional destaca: la erosión suele acumularse silenciosamente hasta que estalla una crisis.
Los próximos dos años determinarán qué equilibrio prevalece. A menos que responsables políticos e inversores reviertan esta degradación progresiva mientras aún hay tiempo, aprenderán otra lección de crisis pasadas: el costo de la reparación es órdenes de magnitud mayores que el costo de la prevención.
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Jayant Sinha es presidente del Everstone Group y profesor visitante en la London School of Economics. Anteriormente fue ministro de Estado de Finanzas y de Aviación Civil de India.
