EscucharEs demasiado pronto para saber cuándo o cómo terminará la guerra con Irán, o cuáles serán sus consecuencias geopolíticas o económicas. Pero una cosa ya es segura: hay que replantearse qué se entiende por seguridad energética.
Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas que se comercializa en el mundo pasa por el estrecho de Ormuz. La crisis reciente ha demostrado lo rápido que se puede interrumpir ese flujo, lo que ejerce una presión inmediata sobre los países importadores de energía y sobre la economía mundial.
La crisis actual también pone de relieve que no se puede dar por sentado que las instalaciones de petróleo y gas sean seguras. Al contrario, son muy vulnerables a la guerra y al terrorismo.
La seguridad energética se define a menudo como la garantía de un acceso fiable y asequible a los suministros. Esa definición ya no es suficiente. Lo que los acontecimientos recientes han puesto de manifiesto es que la seguridad energética debe abarcar ahora el mantenimiento y la resiliencia de los sistemas que producen, refinan, transportan y suministran energía.
En un mundo de rutas de tránsito disputadas, infraestructuras complejas y formas sofisticadas de interrupción, la seguridad energética ya no se reduce únicamente al suministro. Se trata de si el propio sistema puede funcionar bajo presión.
Los conflictos recientes lo dejan claro. La guerra con Irán, junto con la guerra en curso de Rusia en Ucrania, ha demostrado que la infraestructura energética ya no es un daño colateral; es un objetivo principal. Las refinerías, los oleoductos, las terminales de exportación y las redes eléctricas son ahora fundamentales para la estrategia bélica diseñada para debilitar las capacidades y la voluntad de los adversarios.
El cambio refleja las nuevas tecnologías y los «cálculos militares». Los drones, relativamente económicos —a menudo cuestan menos de 50.000 dólares—, pueden inutilizar activos valorados en miles de millones. Las operaciones cibernéticas pueden desestabilizar las redes sin necesidad de ataques físicos. La asimetría es sorprendente: los ataques de bajo coste pueden generar consecuencias a nivel de todo el sistema con implicaciones económicas y sociales de gran alcance.
La inteligencia artificial está acelerando tanto el riesgo como la resiliencia. La rápida expansión de los centros de datos y la informática impulsada por la IA está provocando un aumento de la demanda de electricidad. Sin embargo, la IA también se está convirtiendo en un elemento central de la seguridad energética, al permitir la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y respuestas más rápidas ante las amenazas. A medida que los sistemas energéticos se vuelven más digitales y más electrificados, la intersección entre la IA y las infraestructuras dará forma a la próxima fase de la seguridad.
Lo que exige este momento es una redefinición de la seguridad energética, que adopte la forma de un marco integral, construido en torno a diez prioridades.
En primer lugar, diversificar el suministro entre regiones. La dependencia y la concentración en una sola región, especialmente una expuesta a riesgos geopolíticos como Oriente Medio, conlleva ahora consecuencias sistémicas. Esto exige ampliar el acceso al suministro procedente de América, África y otros productores emergentes.
En segundo lugar, diversificar tanto las rutas como las fuentes. La energía que no puede transportarse es, a efectos prácticos, inaccesible. Esto requerirá una mayor inversión en corredores alternativos, incluidos oleoductos que eviten los cuellos de botella marítimos.
En tercer lugar, reforzar las infraestructuras energéticas críticas. Las refinerías, los oleoductos, las terminales de GNL y las redes eléctricas deben diseñarse y reforzarse para resistir las interrupciones.
En cuarto lugar, construir sistemas activos de defensa energética. Los conflictos modernos han convertido la infraestructura energética en un objetivo principal. Protegerla requiere una defensa en tiempo real: sistemas aéreos y de misiles en capas, capacidades contra drones y ciberdefensa avanzada para detectar, disuadir y responder a los ataques.
En quinto lugar, diseñar pensando en la resiliencia, no solo en la eficiencia. Los sistemas optimizados para el coste y la velocidad son intrínsecamente frágiles. Los sistemas energéticos requieren capacidad de reserva, redundancia en los componentes críticos y la capacidad de absorber las interrupciones y recuperarse de ellas.
En sexto lugar, ampliar y salvaguardar las reservas estratégicas. El almacenamiento no debe considerarse principalmente como una herramienta para gestionar los precios, sino como un seguro contra las interrupciones.
Séptimo, garantizar una combinación energética diversificada. Las energías renovables (incluidas la solar, la eólica, la hidroeléctrica, la mareomotriz y la geotérmica), la energía nuclear y los hidrocarburos desempeñan cada uno un papel en la reducción de la exposición a las crisis. En períodos de graves interrupciones, los países también pueden necesitar recurrir a combustibles fácilmente disponibles, incluido el carbón, para mantener la generación de energía, la producción industrial y la estabilidad económica. Si bien esto complicará los objetivos climáticos, excluir por completo tales opciones es incompatible con las realidades de la seguridad energética. La buena noticia es que el impacto climático puede compensarse mediante el desarrollo acelerado de alternativas que la seguridad energética también requiere.
En octavo lugar, despolitizar la estrategia energética. Los sistemas energéticos deben guiarse por los objetivos de fiabilidad, asequibilidad y seguridad, no por la política a corto plazo. Los frecuentes cambios en la orientación de las políticas —observados en Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur, entre otros— socavan la inversión, retrasan el desarrollo de las infraestructuras y pueden introducir una prima de riesgo político de facto en los sistemas energéticos.
Noveno, siempre que sea posible, gestionar la demanda como una forma de reducción del riesgo. La eficiencia reduce la exposición y refuerza la resiliencia.
Por último, hay que reconocer que ningún país está aislado. En Estados Unidos, la abundancia energética se equipara a menudo con la seguridad energética. Pero el precio del petróleo se fija a nivel mundial, y las perturbaciones en el extranjero se traducen directamente en mayores costes en el país, lo que afecta a los precios de los combustibles, las cadenas de suministro y la inflación. La independencia energética no significa inmunidad frente a las crisis energéticas.
Las consecuencias económicas de no adaptarse son significativas. Los países más expuestos a las perturbaciones se enfrentan a un aumento de los costes de los insumos, a presiones en todos los sectores y a un crecimiento más lento. La inseguridad energética es inseguridad económica, y maximizar ambas se ha convertido en una característica definitoria de la estrategia militar.
Existe un claro paralelismo con las cadenas de suministro globales. Tras la COVID-19, las empresas pasaron de un modelo «justo a tiempo» a un enfoque «por si acaso» que buscaba reforzar la resiliencia. Los sistemas energéticos deben ahora experimentar una transición similar. Merece la pena pagar una prima adicional; el retraso solo hará que el coste de la inseguridad energética sea aún mayor.
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Richard Haass, presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, es asesor sénior en Centerview Partners, académico distinguido de la Universidad de Nueva York y autor del boletín semanal de Substack Home & Away. Carolyn Kissane es vicedecana y profesora clínica en el Centro de Asuntos Globales de la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Nueva York y directora fundadora del Laboratorio de Energía, Clima y Sostenibilidad de la NYU.
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