El pasado 11 de enero entraron a regir las nuevas condiciones para optar por una pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Tres son los cambios principales que afectan adversamente a los futuros pensionados.
Primero, una disminución en la pensión de alrededor de 10% por la reducción de la cuantía adicional. Anteriormente, el IVM pagaba 1% adicional del salario de referencia por cada año cotizado por encima de los 20, ahora este porcentaje se contabiliza a partir de los 25 años. Segundo, la reducción de la pensión porque ahora el salario promedio para calcular la pensión comprende 25 años en lugar de 20. Tercero, la eliminación de la pensión adelantada para los hombres, que antes podían optar por el retiro a los 62 años si tenían las cuotas necesarias, y la baja en el anticipo para las mujeres que ahora lo podrán hacer a los 63 años en lugar de los 60 años bajo las normas derogadas.
Las nuevas reglas para adelantar pensión fueron las que suscitaron la mayor reacción por parte de los cotizantes al IVM, pues la CCSS recibió más de 5.000 solicitudes de trabajadores para adelantar la pensión antes de la entrada en vigor de los cambios. Causan preocupación los efectos que este comportamiento puedan tener sobre las finanzas futuras del IVM, pues en el tema del adelanto la CCSS promovió una estampida de solicitudes de pensión que opera en contra de la sostenibilidad de un régimen que ya se encuentra en problemas financieros para el pago de las pensiones y que claramente no es sostenible según lo indican los estudios de la misma CCSS y de la Superintendencia de Pensiones.
Como principio, los cambios en las condiciones para el adelanto de pensión estuvieron mal diseñados. Resulta extraño que una reforma pensional promueva que más gente se pensione. Además, quienes decidieron adelantar la pensión pertenecen a los grupos de mayores ingresos del país, lo cual generará un lastre mucho mayor sobre las finanzas futuras del IVM, pues la pensión de estas personas, de alrededor de 1 millón al mes, duplica el promedio que paga la CCSS. Al contario, hubiera tenido más sentido temporalizar las nuevas condiciones de pensión para no incentivar el adelanto. Estos trabajadores que corrieron a adelantar su pensión son los que contribuyen más fuerte para el IVM, así que el mejor interés de la CCSS debió haber sido mantener a estar personas laborando y cotizando el mayor tiempo posible, en lugar de incentivar el retiro.
Si bien es cierto que el anticipo de la pensión se debía pagar, quedan en el aire muchas preguntas. Por ejemplo, ¿es el pago del adelanto de pensión neutro para el IVM? Lo esperable es que no lo sea si las fórmulas actuariales utilizan una tasa de descuento real mucho mayor a la que prevalecerá en el futuro, ante las condiciones actuales de tasas elevadas de interés e inflación negativa. Además, ¿qué tan precisas pueden ser las estimaciones de la CCSS si ellos esperaban que 1.000 trabajadores adelantaran su pensión, mientras la cifra verdadera fue más de 5 veces ese número?
Hay que recordar que el IVM es un régimen de reparto, o sea, depende de la recaudación de cotizaciones para el pago de las pensiones vigentes. Este sistema de pensiones viene presentando problemas financieros desde hace muchos años, aunque las proyecciones de la CCSS digan lo contrario. Por ejemplo, la CCSS estimó que, en 2023, el pago de pensiones superó en ¢250.000 millones el monto de las cotizaciones. Para financiar este faltante, la CCSS tendrá que utilizar la totalidad de los intereses que genera la reserva más otros ¢30.000 millones del principal. Según los estudios de la CCSS, un faltante de cotizaciones no ocurriría hasta después del año 2030. Sin embargo, este faltante es más la regla que la excepción en el IVM.
Por ley, los trabajadores deben financiar el adelanto de la pensión utilizando los dineros acumulados en un plan voluntario de pensiones. Por este medio, la CCSS espera recaudar por los anticipos alrededor de ¢100.000 millones. O sea, este monto representa solo el 40% del faltante descrito. Sin embargo, ¿cuál será el panorama el próximo año, cuando el IVM deba hacerle frente a este faltante más los nuevos 5.000 pensionados que adelantaron su pensión, quienes se suman a los más de 15.000 trabajadores que ordinariamente se retiran cada año a los 65 años? Solo como referencia, estos nuevos pensionados que adelantaron su retiro demandarán un gasto aproximado de ¢65.000 millones al año, más los ajustes anuales ordinarios.
En síntesis, la forma en que se realizó la transición para limitar el retiro anticipado en el IVM socavó la sostenibilidad del sistema, promovió el retiro de los trabajadores de mayores ingresos quienes eran los que más contribuían al régimen y se subestimó severamente la cantidad de trabajadores que iban a adelantar su pensión. Ninguno de estos factores resulta positivo para un régimen de pensiones cuya sostenibilidad está flaqueando.
