Esta semana, Colombia experimentará una de las transiciones políticas más trascendentales de su historia reciente, cuando el presidente electo de derecha, Abelardo de la Espriella, suceda al presidente de izquierda, Gustavo Petro. Al igual que otros países latinoamericanos que han virado a la derecha, es probable que Colombia enfrente una polarización cada vez mayor, lo que implica que tendrá una oposición fuerte, posiblemente liderada por el propio Petro.
La nueva administración heredará un panorama económico complejo. En el ámbito social, la pobreza multidimensional ha seguido disminuyendo, una tendencia que se remonta a la Constitución de 1991 y que se ha visto impulsada por un crecimiento sostenido del gasto público social. Sin embargo, estos avances reflejan un mejor acceso a la educación, la salud, los servicios públicos y la vivienda, más que mejoras significativas en los ingresos. Mientras tanto, la brecha entre las zonas rurales y urbanas se ha ampliado y el sistema de salud está inmerso en una profunda crisis.
Así mismo, si bien el desempleo ha disminuido significativamente durante la administración Petro, gran parte de esta mejoría parece reflejar la expansión del empleo en el sector público. Por lo tanto, el progreso podría revertirse con el ajuste fiscal necesario que debe emprender el nuevo gobierno. La informalidad en el mercado laboral sigue siendo extremadamente alta, afectando a casi la mitad de los trabajadores urbanos y a más de cuatro quintas partes de aquellos en el sector rural.
Por otra parte, el objetivo de crecimiento del 7% de la nueva administración parece demasiado ambicioso. Un objetivo más realista —quizás en torno al 4%— podría lograrse mediante una recuperación de sectores que tuvieron un desempeño deficiente bajo el régimen de Petro, como el petróleo, la minería y la construcción. Sin embargo, la prioridad más importante es estimular la inversión, la cual se ha situado en torno al 17% del PIB en años recientes, lo cual se compara con 22% durante la década de los 2010s.
Otra prioridad será sostener el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, que en Colombia se refiere a productos diferentes al petróleo, el carbón y el café. El éxito de este esfuerzo dependerá de si las intervenciones recientemente aprobadas por el banco central en el mercado cambiario logran frenar la fuerte apreciación que ha experimentado el peso. Los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump también podrían afectar el crecimiento de las exportaciones, aunque sus efectos podrían verse parcialmente compensados por la recuperación económica de Venezuela, que en el pasado fue el segundo socio comercial de Colombia.
Numerosos desafíos ensombrecen las perspectivas a corto plazo. El fenómeno de El Niño podría afectar la producción agrícola. La fuerte dependencia de Colombia de la energía hidroeléctrica, que puede también ser sensible a El Niño, sumada a una capacidad de generación limitada (que se expandió lentamente durante el gobierno de Petro) y una creciente escasez de gas natural aumentan el riesgo de racionamiento eléctrico. Las altas tasas de interés que ha adoptado el banco central para contener la inflación, también podrían reducir el crecimiento económico.
Más allá de todos estos desafíos el más severo es la grave crisis fiscal que heredará el nuevo gobierno. Desde 2024, el déficit fiscal ha superado el 6% del PIB, uno de los más elevados de América Latina. Se proyecta que la deuda pública supere el 66% del PIB en 2026, uno de los niveles más altos en la historia de Colombia.
Mucho dependerá de la magnitud de los recortes presupuestales que adoptará efectivamente el gobierno. De la Espriella pretende reducir el gasto público en aproximadamente el 3% del PIB a través de un “plan de choque” que implica la eliminación de un número significativo de puestos públicos. Pero este objetivo será difícil de lograr dada la limitada flexibilidad de muchas categorías de gasto y la necesidad de financiación adicional para la atención médica y otros sectores clave.
Una reforma tributaria importante podría resultar necesaria, aunque el equipo de De la Espriella ha indicado que no es una prioridad inmediata. Como aspecto positivo, los tipos de interés de la deuda pública, tanto interna como externa, han disminuido desde las elecciones, lo que refleja una mayor confianza del mercado en el nuevo gobierno. La continuidad de esta tendencia dependerá de la credibilidad de las políticas fiscales que adopte.
Por supuesto, existen otros desafíos importantes. La seguridad fue el eje central de la campaña electoral de De la Espriella, y cumplir su promesa de desmantelar los grupos armados ilegales podría requerir gastos adicionales. Igualmente importante es reconstruir la capacidad administrativa del sector público, especialmente en el ámbito de la salud, donde el deterioro ha sido más grave.
Por último, están los temas de política exterior. Una de las primeras pruebas del nuevo gobierno será su grado de alineación con la administración Trump. Algunas de las propuestas de De la Espriella, incluyendo su compromiso de limitar su participación en las Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales, y su promesa de romper relaciones diplomáticas con Cuba, ya han provocado una fuerte oposición interna. Sin embargo, está por verse si estas políticas finalmente se adoptarán.
En conjunto, estos desafíos plantean al nuevo gobierno una tarea compleja. Para que el giro a la derecha de Colombia dé frutos, el nuevo gobierno deberá restablecer la estabilidad fiscal e impulsar la inversión sin sacrificar los logros sociales de las últimas décadas.
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José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de Colombia, es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) y Profesor Emérito de la Universidad de Columbia.
