EscucharDurante buena parte de los años 2000, los países de América Latina y el Caribe (ALC) parecían haber tomado distancia, finalmente, del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las crisis de deuda de los años ochenta y los programas de ajuste estructural de los noventa habían dejado profundas cicatrices socioeconómicas en toda la región. El auge de las materias primas posterior, junto con el ascenso de gobiernos progresistas y la acumulación de cuantiosas reservas internacionales, hizo que muchos países latinoamericanos dejaran de necesitar financiamiento del FMI, cuyos préstamos cayeron a mínimos históricos hacia fines de esa década. Esa etapa ha llegado a su fin.
Un informe reciente de International Development Economics Associates (IDEAs) muestra que el FMI ha vuelto a convertirse en un actor central en América Latina y el Caribe: actualmente, 17 de los 32 países de la región mantienen algún tipo de relación financiera con la institución. Si el acuerdo recientemente negociado por Bolivia recibe la aprobación formal correspondiente, y si Colombia sigue una trayectoria similar luego de la asunción de Abelardo de la Espriella a la presidencia, esa cifra podría elevarse a 19.
La región representa hoy el 44% del financiamiento total otorgado por el FMI. Es cierto que esta proporción está fuertemente influida por el caso excepcional de Argentina, cuyos acuerdos constituyen los mayores de la historia del organismo. Sin embargo, sigue siendo notable la cantidad de países latinoamericanos sujetos a alguna forma de condicionalidad del Fondo, ya sea mediante programas activos, los requisitos ex ante asociados a las líneas precautorias de crédito o elevados niveles de endeudamiento pendiente.
A pesar de este renovado protagonismo del FMI, la región no se encuentra atravesada, como históricamente ha ocurrido, por crisis macroeconómicas. Más bien, los países de ALC parecen encontrarse en una situación que podría describirse como de “estancamiento frágil y dependiente”. El crecimiento económico promedio se ha desacelerado de forma sostenida desde aproximadamente 2014, ubicándose por debajo del 2% anual en promedio durante la última década. Al mismo tiempo, el endeudamiento externo ha aumentado significativamente en gran parte de la región, empujando a muchos gobiernos hacia políticas macroeconómicas conservadoras orientadas a preservar la confianza de los mercados.
Los ejemplos más claros de esta orientación conservadora son economías como Chile y México, que mantienen Líneas de Crédito Flexible (LCF) con el FMI. Estas facilidades están reservadas a países considerados poseedores de marcos de política económica excepcionalmente “sólidos” y, en la práctica, pueden resultar incluso más restrictivas desde el punto de vista macroeconómico que los programas tradicionales del organismo. No por casualidad, ni Chile ni México han figurado entre las economías de mejor desempeño de la región durante la última década.
Muchos países latinoamericanos, no solo aquellos que cuentan con LCF, parecen haber internalizado una lógica de disciplina macroeconómica propia del FMI sin necesidad de estar bajo programas activos. Brasil constituye quizá el caso más llamativo: sus tasas de interés excepcionalmente elevadas y su cautelosa política fiscal han contribuido a la estabilidad, pero a costa de su ritmo de crecimiento. Tanto es así que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha advertido en los últimos tiempos que la región atraviesa una “segunda década perdida”, evocando el traumático episodio de la crisis de deuda de los años ochenta.
Allí donde esa austeridad autoimpuesta ha resultado insuficiente, el FMI ha vuelto a intervenir. La reciente expansión de la presencia del organismo en la región se produjo en dos oleadas. La primera tuvo lugar durante la pandemia, cuando 21 países de ALC suscribieron 25 acuerdos de financiamiento. La segunda comenzó tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, momento en que diez países celebraron otros 14 acuerdos.
Argentina y Ecuador concentran la abrumadora mayoría de la deuda regional con el FMI, con obligaciones conjuntas cercanas a los $68.000 millones sobre un total regional de $74.000 millones. Como se señaló, otras economías, entre ellas Chile y México, mantienen acuerdos precautorios sujetos a exigentes criterios de elegibilidad. En el Caribe, varios países han desarrollado relaciones recurrentes, y a menudo prolongadas, con el Fondo, debido a su exposición a desastres naturales y shocks externos. Entre ellos destacan Surinam, Barbados, Jamaica y Haití.
Los casos de Argentina y Ecuador ilustran particularmente bien cómo las medidas de austeridad habitualmente promovidas por el FMI no solo tienden a debilitar las perspectivas de desarrollo de largo plazo, sino que con frecuencia tampoco alcanzan el objetivo declarado de estabilización financiera. En ambos países, sucesivos programas de financiamiento han fracasado en restaurar un acceso sostenido a los mercados internacionales de capital. Más bien al contrario, la mera magnitud de las acreencias del propio FMI genera un “efecto anticatalítico”, al desalentar a otros prestamistas y dificultar, en lugar de facilitar, la recuperación del financiamiento privado.
Pero para comprender el creciente protagonismo del FMI en América Latina hoy resulta indispensable adoptar una mirada geopolítica. Históricamente, las prioridades crediticias y los diseños programáticos del Fondo han reflejado los intereses de los países que dominan su estructura de gobernanza, en particular los Estados Unidos. En la actualidad, esta realidad ha adquirido una relevancia más pronunciada, especialmente en América Latina y el Caribe, y en particular desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en la medida en que su administración ha buscado reafirmar la primacía estadounidense en el denominado “Hemisferio Occidental”.
Cuando se combinan el realineamiento geopolítico, la condicionalidad económica y la dependencia financiera, estos elementos tienden a reforzarse recíprocamente. Venezuela ofrece un ejemplo ilustrativo. Sus finanzas, actualmente bajo control de Estados Unidos tras la intervención militar que culminó en enero con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, podrían recuperar el acceso a sus derechos especiales de giro (DEG), congelados desde 2019. La iniciativa “Escudo de las Américas”, impulsada por Washington en materia de seguridad regional, constituye otra expresión de esta estrategia, especialmente si se considera que la mayoría de los países que se han sumado a ella mantienen también algún tipo de relación con el FMI.
En este nuevo contexto geopolítico, la cuestión central no es únicamente si el FMI seguirá imponiendo condicionalidades estrictas y favorables a los acreedores en los países latinoamericanos, sino qué tipo de vínculo está emergiendo entre la región y el organismo. ¿Se trata simplemente de una respuesta técnica a fragilidades macroeconómicas (ciertamente sesgada en favor de los intereses de las finanzas globales, pero aun así de carácter esencialmente económicas)? ¿O estamos entrando en una nueva etapa en la que la dependencia financiera y el alineamiento geopolítico se vuelven cada vez más inseparables? La pregunta resulta especialmente pertinente en un momento en que los minerales estratégicos, los recursos energéticos, los corredores logísticos y la infraestructura crítica se han convertido en escenarios centrales de una competencia geopolítica cada vez más fragmentada.
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Martín Abeles es Profesor Titular de Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Argentina, y Director Regional de Investigación y Políticas para América Latina y el Caribe de International Development Economics Associates (IDEAs).
