Costa Rica se convirtió en el primer exportador per cápita de dispositivos médicos de América Latina. Esa distinción, celebrada con razón en foros empresariales y comunicados gubernamentales, esconde una pregunta incómoda que pocos se atreven a hacer en voz alta: ¿cuánto de esa industria es realmente nuestra?
La respuesta es inquietante. Los dispositivos médicos representan cerca del 48% de todas las exportaciones de bienes del país, y más de 100 multinacionales operan en el territorio nacional, incluyendo 18 de las 35 principales empresas medtech del mundo. Sin embargo, apenas cuatro empresas locales participan directamente en ese sector. Cuatro. En más de tres décadas de desarrollo de la industria.
El contraste con Irlanda es elocuente y debería ponernos a pensar. La región de Galway —referente global del medtech europeo— tenía en 2024 ya 32 empresas nacionales activas en el sector, frente a apenas cuatro en Costa Rica. Un estudio comparativo publicado en la revista Small Business Economics, elaborado por investigadores de INCAE Business School, la University of Galway y Trinity College Dublin, concluye que ambos territorios compiten exitosamente por atraer inversión extranjera directa de alta tecnología, pero difieren radicalmente en su capacidad para generar innovación local. Irlanda construyó un ecosistema; Costa Rica construyó un parque industrial de clase mundial.
Esa diferencia no es semántica. Es la distancia entre ser un destino de manufactura sofisticada y ser una economía del conocimiento. En Irlanda, uno de cada cinco trabajadores del sector medtech está empleado por empresas irlandesas de tecnología médica. Aquí, la proporción equivalente es marginal. Las multinacionales instaladas compran siete veces más a proveedores extranjeros —incluso a los que operan dentro de las propias zonas francas— que a empresas locales, y apenas el 16% de los insumos adquiridos en el país son especializados y forman parte del producto final. El grueso de la cadena de valor —diseño, propiedad intelectual, I+D, componentes críticos— sigue tomando decisiones desde Boston, Múnich o Tokio.
El argumento de que “así funciona la manufactura por contrato en economías pequeñas” ya no es suficiente. Costa Rica lleva 35 años desarrollando este sector. La Ley de Zonas Francas cumplió en 2025 su 35 aniversario. En ese tiempo el país escaló del puesto 23 al 10 en el ranking global de exportadores de dispositivos médicos. Tiene los activos para dar el siguiente salto: estabilidad institucional, talento técnico en formación, infraestructura especializada como el Coyol Free Zone, y empresas nacionales exitosas como modelo —Establishment Labs, fundada en Costa Rica en 2004, cotiza en el Nasdaq, tiene más de 200 patentes, facturó $211 millones en 2025 y proyecta ventas de entre $264 millones y $266 millones para 2026—. Pero esos activos no se convierten solos en un ecosistema.
El problema no es de voluntad empresarial, es de arquitectura institucional. El Estado no ha diseñado los incentivos, la financiación ni los vínculos universidad-empresa necesarios para que una pyme costarricense escale desde proveedor de moldes plásticos hasta fabricante de componentes cardiovasculares certificados. Procomer y la UCR han iniciado esfuerzos en esa dirección, pero son iniciativas dispersas sin una estrategia articulada de segunda generación. Irlanda construyó esa arquitectura con Enterprise Ireland —organismo específico para escalar pymes innovadoras— e IDA Ireland para la atracción de IED, trabajando en paralelo y con metas vinculadas.
La oportunidad es ahora. Los 14 nuevos proyectos de inversión confirmados para el sector —el doble del pico anterior— incluyen manufactureros por contrato, proveedores de automatización y empresas de alta especialización cardiovascular y neuroendovascular. Cada una de esas empresas llegará buscando proveedores locales. Si no los encuentra aquí, los traerá de fuera, como ha ocurrido siempre. El Foro de Ciencias de la Vida 2026 —que se realizará el próximo 4 de junio en el Centro Nacional de Convenciones— es una oportunidad para que el sector privado y el gobierno se comprometan con algo más que celebrar récords: una hoja de ruta con metas verificables para que en cinco años Costa Rica tenga no cuatro sino muchas más empresas locales compitiendo en la cadena de valor medtech. Ese es el verdadero indicador de madurez que este sector todavía le debe al país.