Costa Rica hizo la parte más difícil antes que muchos: construyó una matriz eléctrica mayoritariamente renovable, con una institucionalidad pública que llevó luz a todo el territorio y convirtió esa matriz limpia en carta de presentación del país en materia ambiental.
Esa historia es real, pero ya no es suficiente. Hoy el dilema no es si proteger lo “verde” o abaratar la electricidad, sino cómo hacer ambas cosas al mismo tiempo, sin dejar a nadie atrás. A esto se suma un dato ineludible: el país necesitará más electricidad en los próximos años y estamos discutiendo cómo, con quién y bajo qué reglas se generará esa nueva energía. Diversos estudios han advertido que, en varias categorías industriales, nuestras tarifas han estado por encima de las de competidores regionales y extrarregionales, lo que alimenta una preocupación legítima sobre la competitividad de la energía que ofrecemos a quienes producen, invierten y generan empleo.
La discusión sobre la modernización eléctrica ha quedado atrapada en un falso dilema entre “abrir” o “no abrir” el mercado, entre “defender al ICE” o “apostar al sector privado”. Esa narrativa simplifica un problema mucho más complejo: las tarifas que pagan empresas e industrias, la eficiencia del uso de la infraestructura existente y la capacidad del país para atraer proyectos que necesitan mucha energía y certidumbre a largo plazo. Modernizar no debería significar escoger bando en esa pelea, sino rediseñar reglas para asegurar un sistema que mantenga la matriz limpia, reduzca los costos, preserve la cobertura universal y sea capaz de sostener el crecimiento futuro de la demanda eléctrica.
Ahí es donde conviene ser claros: la sola presencia de actores privados no garantiza ni mayor eficiencia ni mejores precios, como lo han demostrado experiencias internacionales donde la apertura terminó en mercados concentrados y tarifas altas. La sola presencia del ICE tampoco garantiza tarifas bajas ni una gestión impecable, pese a su aporte histórico. Precisamente por eso, el país no debería tomar la reforma como un acto de fe a favor o en contra de un tipo de actor, sino como un ejercicio de análisis riguroso sobre diseño institucional, incentivos y resultados esperados, especialmente ahora que sabemos que habrá que invertir para generar más energía.
El primer principio que debería guiar cualquier reforma es claro: antes de construir más, hay que exprimir mejor lo que ya tenemos. Costa Rica invirtió, vía ICE y distribuidoras, miles de millones en plantas, redes y respaldo. Preguntarse cuánto de esa capacidad está siendo utilizada de forma óptima, qué márgenes de eficiencia operacional existen y qué reformas tarifarias pueden alinear mejor precios con costos reales es mucho más urgente que lanzar nuevas obras o esquemas sin una auditoría seria del sistema.
El segundo principio es pasar del discurso ambiental a una estrategia productiva que tenga como norte tres valores irrenunciables: energía barata, energía para todos y energía limpia. Barata, porque sin precios competitivos el sistema se convierte en un lastre para la industria, el comercio y el empleo. Para todos, porque la electricidad es un habilitador de ciudadanía y no un privilegio. Limpia, porque renunciar a la matriz renovable sería renunciar a una ventaja comparativa y a un compromiso ético con las generaciones futuras.
El tercer principio es la apertura regulada a nuevas tecnologías y modelos sin dogmas ni privilegios. La generación distribuida, el almacenamiento, la gestión de demanda, la movilidad eléctrica o los acuerdos bilaterales bien diseñados pueden contribuir a abaratar el sistema si se integran bajo reglas técnicas coherentes y con un operador del sistema fuerte que asegure seguridad y confiabilidad. Lo que el país no puede permitirse es un entramado de normas a la medida de intereses particulares, con excepciones puntuales y regímenes especiales que encarezcan la factura global para favorecer a unos pocos, sean públicos o privados.
Nada de esto implica abandonar el liderazgo ambiental ni renunciar al rol de las instituciones públicas. Al contrario: la mejor forma de defender el aporte histórico del ICE y del modelo solidario es exigirles una nueva etapa de excelencia, transparencia y disciplina, en lugar de encerrarlos en una coraza política que impida cualquier ajuste.
Costa Rica está en un punto de inflexión: o convierte su sistema eléctrico en columna vertebral de una estrategia productiva basada en energía limpia, barata y disponible para todos, o corre el riesgo de que esa misma energía se convierta en freno para la inversión, la innovación y el empleo. Pero este giro no se logrará a punta de consignas ni de derrotar al “otro bando”, sino con una discusión seria sobre reglas, incentivos y responsabilidades. Esa es la conversación de fondo que el país no puede darse el lujo de postergar.
