Uno de los deberes fundamentales del Estado es ejercer soberanía sobre su territorio. Cuando esto se ve comprometido, se abre una puerta peligrosa a una serie de acontecimientos que pueden afectar la seguridad interna y la estabilidad de la nación. En el caso de Costa Rica, existen zonas donde el Estado ha dejado de ejercer su autoridad de manera efectiva, lo que ha llevado a la pérdida de control territorial y al incremento de actividades delictivas, especialmente en la zona norte.
Desde hace décadas, el Estado ha sido insuficiente en su respuesta ante los desafíos en áreas estratégicas como la frontera norte. Los gobiernos consecutivos no han logrado imponer su autoridad de manera sostenida, permitiendo que estas regiones se conviertan en áreas de alta vulnerabilidad. En estas zonas, la Fuerza Pública apenas tiene una presencia esporádica, y no existe un plan estratégico que solucione el problema a largo plazo. Esta falta de acción estatal ha permitido que el crimen organizado se instale y expanda, haciendo más difícil la recuperación de la soberanía en dichos territorios.
Uno de los problemas más graves que enfrenta el país en estas zonas es la explotación ilegal de recursos naturales, en particular el oro. El robo de toneladas de este metal precioso no solo tiene un impacto económico, sino también genera graves daños ambientales. Los métodos empleados para la extracción ilegal destruyen ecosistemas y ponen en riesgo la biodiversidad, afectando el equilibrio natural. Sin embargo, el mayor reto no es solo ambiental o económico, sino la pérdida de control sobre el territorio y el ejercicio de la soberanía.
El control de zonas específicas ha sido un tema de gran relevancia en la política y seguridad interna de muchos países. En Costa Rica, el crimen organizado ha limitado la capacidad de la policía y de las fuerzas armadas para ejercer su control. Las organizaciones criminales han logrado construir redes que complican la imposición del orden y la garantía de seguridad para la población. Esta pérdida de control no solo compromete la seguridad inmediata, sino que debilita la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho.
La frontera norte de Costa Rica es un ejemplo claro de la falta de presencia estatal en áreas críticas. Durante años, esta región ha sido objeto de litigios y disputas territoriales que, a pesar de resolverse en el plano diplomático, han dejado una percepción de vulnerabilidad y abandono. Aunque algunos conflictos, como el litigio por la Isla Calero, han tenido un resultado favorable para el país, queda claro que la ausencia de una presencia estatal constante permite que los problemas persistan. La experiencia de este litigio refuerza la necesidad de una acción sostenida del Estado, no solo en lo diplomático, sino también en lo operativo.
El litigio por la Isla Calero demostró la importancia de la soberanía y del control sobre las fronteras. A pesar de los logros en el ámbito diplomático, la falta de presencia física en estas zonas ha permitido que los problemas sigan y se agraven. La lección aprendida es que no basta con confiar en soluciones legales o diplomáticas. Es necesario reforzar la capacidad del Estado para mantener una presencia activa y sostenida en estas áreas, combinando la intervención de la Fuerza Pública con estrategias de desarrollo económico y social que aseguren la estabilidad a largo plazo.
La explotación ilegal de recursos en la zona norte, como el oro, tiene repercusiones que van más allá del impacto ambiental o económico. La incapacidad del Estado para proteger sus recursos es un reflejo de su debilidad, lo que puede ser aprovechado por actores delictivos. La soberanía no es solo un concepto legal, sino una práctica diaria que requiere acciones concretas. Para asegurar la estabilidad y el bienestar de la nación, el Estado debe recuperar el control sobre sus territorios más vulnerables.
Este reto no es exclusivo de Costa Rica. A nivel global, muchos países enfrentan situaciones similares, donde el crimen organizado ha aprovechado las debilidades del Estado para expandir su control sobre zonas estratégicas. La lección es clara: la soberanía debe ser defendida de manera activa y con firmeza. No basta con incrementar la presencia de la Fuerza Pública; es necesario un enfoque integral que incluya desarrollo económico, protección ambiental y fortalecimiento institucional. Solo así se puede garantizar que el Estado recupere su capacidad de control sobre todo su territorio, asegurando el bienestar de sus ciudadanos.
Recuperar este control será difícil, pero es una tarea esencial para el Estado. Con una acción decidida y coordinada, se puede revertir la situación actual y asegurar un futuro de estabilidad para las zonas fronterizas y el país en general.
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El autor es exministro de relaciones exteriores.
