Desde hace más de una década, varias instituciones financieras costarricenses, tanto públicas como privadas, han incorporado procesos para gestionar el riesgo ambiental y social de sus carteras crediticias. La gran mayoría de estas instituciones lo han hecho por solicitud de los organismos multilaterales de desarrollo, que buscan reducir su riesgo reputacional. El resto lo ha hecho por iniciativa propia, consciente de que la necesidad de incorporar este análisis llegará tarde o temprano.
Hoy esta necesidad se vislumbra a la vuelta de la esquina. A más tardar para diciembre de 2026, las instituciones financieras deberán contar con un marco de gestión de riesgos ambientales y sociales de sus actividades crediticias y de inversión. Así lo planteó, el pasado mes de julio, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) a través de una propuesta de modificación al reglamento de junio de 2010, sobre administración integral de riesgos.
Tanto quienes tienen un camino recorrido como quienes están iniciando, deberán seguir algunos pasos clave para incorporar la gestión del riesgo ambiental y social, en el proceso de gestión de riesgos de la cartera crediticia. Veamos algunos de esos pasos.
Retar nuestro imaginario sostenible
En los últimos veinte años se han presentado con frecuencia, en los medios de comunicación masiva, noticias que ponen en duda la idea de la Costa Rica sostenible. Ha habido problemas de contaminación de acuíferos o fuentes de agua por agroquímicos debido a un uso excesivo de estas sustancias o a la destrucción de las áreas de protección de estos acuíferos. Esto ha ocurrido, tanto en el Valle Central, como en la zona Atlántica.
En la Zona Norte se han reportado trabajadores tercerizados, que no están asegurados ni reciben un pago de horas extra. La Organización Internacional del Trabajo coloca a Costa Rica como el país más peligroso para trabajar y reporta alrededor de cinco accidentes mortales laborales al mes, en su mayoría asociados a actividades constructivas. Por otra parte, en el Pacífico Sur, ha habido asesinatos por conflictos de posesión de tierras en territorios indígenas.
A pesar de todo esto, la pregunta más frecuente cuando las instituciones financieras del país abordan la gestión del riesgo ambiental y social es, ¿por qué tenemos que preocuparnos por estos riesgos si en Costa Rica somos muy verdes, tenemos una legislación robusta en temas ambientales y sociales y, además, hay instituciones que se encargan de fiscalizar estos procesos?
La capacidad de fiscalización de las instituciones del Estado es limitada. Esto genera una falsa sensación de buen desempeño de las empresas, hasta que ocurren los fallecimientos, los cierres de fuentes de agua y los incidentes laborales.
Por otro lado, es clave abordar el problema del cambio climático, tal como lo solicita la modificación al Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos. Estamos situados en una zona altamente vulnerable al cambio climático, que verá afectada, directa o indirectamente, todas sus actividades económicas.
Liderazgo, herramientas y competencias
El riesgo ambiental y social de la cartera crediticia se gestiona a través de un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (Saras). En palabras sencillas, un Saras es todo lo que hace una institución financiera para identificar, mitigar y monitorear el riesgo de la cartera. Es exitoso cuando los clientes perciben que la institución financiera desea ayudarles en mejorar su desempeño. A veces esto implica que la institución deba financiar algunas de estas mejoras.
Un Saras no debería significar más burocracia. Por el contrario, debe incorporarse en al día a día de la institución. Esto se logra a través un grupo de trabajo que valide procesos y herramientas e involucre personal de las áreas de crédito, legal, comercial, riesgo institucional y sostenibilidad. Además, es clave la designación de un o una gerente de Saras, que lidere, valide y ayude con la definición del apetito de riesgo.
Por otro lado, las herramientas se diseñan para la realidad del país en que son aplicadas y no para situaciones genéricas. Es decir, la evaluación de una finca agrícola en Costa Rica debería enfocarse en el respeto de las áreas de protección, las aplicaciones correctas de plaguicidas y el pago justo de horas extra. Además, quienes vayan a utilizar estas herramientas, deben desarrollar las competencias para identificar riesgos y relacionarse con los clientes y sus colaboradores de una forma constructiva.
Gestión del riesgo climático
El riesgo climático se puede gestionar dentro de un Saras. Es un riesgo ambiental más. La actividad o proyecto a financiar tendrá un riesgo físico asociado a su ubicación, por ejemplo, sufrir una potencial inundación por el levantamiento del nivel del mar, y un riesgo de transición, que está asociado a los cambios en las políticas, la regulación, la tecnología o el comportamiento del mercado.
Para evaluar el riesgo físico a menudo se utilizan Sistemas de Información Geográfica (SIG). El riesgo de transición se evalúa, al menos en sus etapas iniciales, asociando la actividad con taxonomías existentes o comprobando su compatibilidad con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs).
La gestión del riesgo ambiental y social de la cartera crediticia es uno de los aspectos que solicita la propuesta de modificación al Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos. La propuesta también incluye la necesidad de abordar estos riesgos en las carteras de inversión. En esos casos el análisis se basa en la disponibilidad de ratings o índices ambientales, sociales y de gobernanza. Este podría ser material de un próximo artículo.
La autora es geóloga y especialista en Geoquímica Ambiental del Imperial College, Reino Unido. Directora general de Futuris Consulting.
