Opinión

Gobiernos como garantes de la libertad de prensa: los riesgos de la retórica antimediática

La libertad de informar cumple una función esencial para el control de la actividad de los órganos públicos, el debate democrático, la participación ciudadana en la cosa pública, el combate de la corrupción, en fin, para garantizar el instituto de una opinión pública libre y plural

En las sociedades democráticas, el ejercicio efectivo de la libertad de expresión requiere de condiciones sociales, políticas y jurídicas que la favorezcan, de la ausencia de situaciones de facto que la limiten o pongan en riesgo y de la existencia de gobiernos que cumplan con su obligación de ser garantes de este derecho fundamental. Los Estados y quienes gobiernan están obligados a crear entornos propicios para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa.

En el continente, los periodistas desarrollan su trabajo de información en contextos cada vez más desfavorables y violentos. La retórica antimediática de algunos gobiernos va en aumento, mientras se aprueban leyes o se toman decisiones políticas que censuran o restringen el debate público y el acceso a la información: controles directos o sutiles de las líneas editoriales de los medios, uso de la publicidad oficial para premiar o castigar contenidos periodísticos y restricciones para acceder a la información en poder de los órganos públicos. Ni qué decir de escenarios más graves de violencia contra la prensa.

La libertad de informar, en particular la que se refiere a asuntos de interés público, cumple una función esencial para el control de la actividad de los órganos públicos, el debate democrático, la participación ciudadana en la cosa pública, el combate de la corrupción, en fin, para garantizar el instituto de una opinión pública libre y plural. El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión en nuestras sociedades, por lo que existe una prohibición a los Estados para ejercer formas de censura directa e indirecta contra periodistas y medios de comunicación y una obligación de propiciar un entorno seguro, sin riesgos, para la libertad de prensa.

La posición de los gobiernos frente a los medios de comunicación no es la misma que aquella que tiene el resto de la ciudadanía; en primer término, porque quienes ejercen la función pública son garantes de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y, en segundo lugar, porque, en razón de sus cargos, están expuestos al escrutinio de sus actos y a la crítica severa de la prensa o de la ciudadanía. Los discursos oficiales que atacan a los medios de comunicación —sin importar su línea editorial— por su labor de fiscalización de los asuntos públicos representan un riesgo para la democracia.

Owen Fiss, constitucionalista estadounidense, autor de “La ironía de la libertad de expresión” en una entrevista con el Diario La Nación de Argentina, en 2008, señala que “un presidente democrático nunca ataca a los medios, sino que defiende sus posiciones frente a la opinión pública”.

La retórica intolerante y divisiva contra periodistas o activistas de derechos humanos, en sociedades de creciente polarización social, genera un ambiente hostil y riesgoso para el ejercicio de la libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos, disuade la crítica política, la investigación periodística y el control democrático del poder público y político.

Las personas públicas o quienes optan por puestos de elección están obligadas a ser más tolerantes y estar abiertas al escrutinio público de sus actos. La doctrina más garantista sobre el ejercicio de la libertad de prensa establece que ni el error en los hechos o los contenidos considerados difamatorios, por sí solos, son suficientes para levantar la protección constitucional a las expresiones sobre la conducta de las personas públicas. Esta garantía es necesaria para que la ciudadanía tenga amplio acceso a los asuntos públicos y pueda ejercer el control democrático de sus gobernantes.

Las personas públicas o quienes optan por puestos de elección están obligadas a ser más tolerantes y estar abiertas al escrutinio público de sus actos.

En la región, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, sostiene que los liderazgos, personas públicas o quienes ejercen la función pública deben abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes que atenten contra la integridad de personas periodistas o comunicadoras.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha advertido de los riesgos de los discursos oficiales hostiles contra periodistas y medios de comunicación. En Perozo y otros vs. Venezuela (2009) señaló que “si bien es cierto que existe un riesgo intrínseco a la actividad periodística, las personas que trabajan para determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentadas, si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan provocar o sugerir acciones o ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas o de quienes ejercen su libertad de expresión”. (párr. 155).

Tan importante es un sistema mediático plural y diverso, con medios críticos e independientes, como un gobierno garante de estas libertades.

La autora es periodista y abogada.

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