EscucharEl combate científico a las enfermedades es más sólido que nunca. Tenemos medios para detectar brotes al instante, secuenciar patógenos en cuestión de días y desarrollar nuevas vacunas en pocos meses. Pero hoy las pandemias se desarrollan y difunden con más rapidez y a más distancia, y suponen un riesgo mayor para las vidas y los medios de subsistencia.
Basta pensar en el trauma de la COVID‑19, que generó padecimientos económicos a gran parte de la población mundial y provocó unas 18,2 millones de muertes en exceso entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Las autoridades sanitarias ya habían advertido de la probabilidad de una pandemia, y en respuesta, el presidente Barack Obama creó una oficina de preparación dentro del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Pero su sucesor Donald Trump la desmanteló, y el país quedó más expuesto.
Ahora los funcionarios de salud pública están advirtiendo una vez más de que la pregunta no es «si» habrá otra pandemia, sino «cuándo». Pero a pesar de los efectos devastadores de la última, al mundo parece no importarle.
El Consejo Mundial sobre Desigualdad, Sida y Pandemias, del que somos copresidentes, publicó hace poco un informe sobre este riesgo, en coincidencia con la reunión de ministros de salud del G20 en Johannesburgo. Con datos de la COVID‑19, el sida, el ébola y la viruela símica, el informe identifica un círculo vicioso por el cual la desigualdad y las privaciones relacionadas aumentan la probabilidad de pandemias y agravan sus efectos, y las pandemias aumentan la desigualdad, a menudo con efectos devastadores para las personas de menos ingresos.
En el caso de la COVID‑19, hubo un impacto desproporcionado sobre los trabajadores de primera línea con salarios bajos, que mostraron más incidencia de la enfermedad y hospitalizaciones; eso se debió en parte a que no podían refugiarse en la reunión por Zoom. Y si enfermaban, no les quedaba otra alternativa que apelar a sus escasos ahorros.
De modo que la respuesta a las pandemias trasciende la cuestión médica; hay que tener en cuenta también los aspectos socioeconómicos. El hacinamiento, las profesiones más expuestas y la pobreza contribuyen a la propagación de las pandemias, lo mismo que la mala alimentación y los indicadores sanitarios básicos. Por eso durante la crisis de la COVID‑19, a los países con sistemas de salud universales les fue mejor que a los otros: sin esos sistemas, la desigualdad económica conduce a desigualdad sanitaria.
Por eso abordar la desigualdad es un elemento esencial de la preparación y la respuesta a futuras pandemias, no sólo porque cuidar a los vulnerables es lo correcto, sino también porque es la mejor estrategia general. La COVID‑19 mostró que allí donde no había acceso a vacunas, terapias y equipos de protección, el patógeno proliferaba y mutaba, creándose así nuevos riesgos para todo el mundo. El apartheid vacunatorio («yo primero») de las economías avanzadas no sólo fue éticamente deplorable: también fue contraproducente.
Tal vez esta enseñanza explique por qué algunos países desarrollados hoy se muestran ligeramente más generosos. Por ejemplo, una reciente iniciativa del G20 facilitará las transferencias de tecnología necesarias para construir centros de producción farmacéutica en cada región del mundo; esto es un paso clave en la preparación para la próxima crisis. Pero no es suficiente. Hay que instaurar una exención automática de patentes para todas las terapias y productos críticos, que se active tan pronto como la Organización Mundial de la Salud declare una pandemia. Así, cualquier empresa que tenga capacidad técnica para fabricar productos relacionados con la pandemia de los que haya necesidad urgente podrá comenzar la producción sin otro requisito que pagar al dueño de la patente una cifra justa en concepto de regalías.
Este cambio es importante, porque durante la pandemia de COVID‑19 algunos países pobres que tenían fondos para comprar vacunas occidentales no consiguieron un suministro suficiente, y algunos países provistos de la tecnología necesaria para fabricar productos críticos no pudieron hacerlo. De hecho, gracias a una demanda presentada al amparo de la Ley de Promoción del Acceso a la Información, ahora sabemos que vacunas de Johnson & Johnson producidas en África en lo peor de la pandemia se enviaron a Europa y Estados Unidos y los africanos tuvieron que arreglárselas sin ellas.
Aunque el hecho de que los gobiernos pueden usar licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos genéricos en caso de necesidad (como amenazó hacer Estados Unidos en 2001 durante la crisis del ántrax) es un principio bien establecido, las empresas farmacéuticas lo han desvirtuado apelando a la litigación incesante. A pesar de todos los avances científicos y de la mejora en la capacidad de respuesta a pandemias, esta situación es un obstáculo al progreso. Si no se comparten los conocimientos técnicos y el derecho a producir medicamentos, ¿de qué servirán en la próxima pandemia los centros mundiales de fabricación de vacunas?
Finalmente, para dar acceso universal a atención médica y protección en una pandemia hace falta dinero. Durante la pandemia de COVID‑19, los países ricos gastaron el 8% de su PIB (mucho más grande) para hacer frente a la crisis, mientras que los países de bajos ingresos sólo gastaron el 2%. Y ahora, como resultado de la pandemia anterior, los países en desarrollo enfrentan una deuda de 31 billones de dólares (la más alta en más de veinte años). Eso deja a muchos países de bajos ingresos sin los recursos necesarios para responder a pandemias actuales (como la de sida), por no hablar de prepararse para la próxima.
Esta injusticia ayuda a ver de qué manera una pandemia puede aumentar la desigualdad (en este caso, entre países). Las naciones de África subsahariana están gastando entre el 40% y más del 50% de su recaudación tributaria para pagar deudas; en muchos casos, este gasto supera con creces al total combinado que destinan a salud y educación. Sin un alivio de deuda, les será imposible dar respuesta adecuada a una pandemia.
Además, la respuesta a la próxima crisis debe incluir un gran desembolso automático de fondos del Banco Mundial u otras instituciones financieras internacionales (quizás como derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional). Igual que la exención de patentes, esta medida debe activarse tan pronto como se declare una pandemia.
Es posible romper el círculo vicioso de desigualdad y pandemia. Demandará recursos, pero no hacer nada será mucho más caro. También se necesitará voluntad política para implementar las medidas necesarias para una mayor equidad sanitaria. Y el primer paso es dar más prioridad a las vidas de las personas que a los beneficios monopólicos de las empresas farmacéuticas.
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Traducción: Esteban Flamini
Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, ex economista principal del Banco Mundial y expresidente del consejo de asesores económicos de la presidencia de los Estados Unidos, es profesor distinguido en la Universidad de Columbia y autor de The Road to Freedom: Economics and the Good Society (W. W. Norton & Company, Allen Lane, 2024). Monica Geingos, ex primera dama de Namibia, es presidenta ejecutiva de la One Economy Foundation y fundadora de Leadership Lab Yetu. Michael Marmot es profesor de Epidemiología en el University College de Londres, director de su Instituto de Equidad Sanitaria y expresidente de la Asociación Médica Mundial.
