EscucharNicolás Maduro es ahora el expresidente de Venezuela, un prisionero bajo custodia estadounidense. Sin embargo, su derrocamiento a manos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos se entiende mejor como el final del principio que como el principio del final.
Sin duda, pocos en Venezuela, o en cualquier otro lugar, lamentarán la destitución de Maduro. Era un autócrata que robó una elección, reprimió a su pueblo, arruinó la economía de su país a pesar de poseer enormes reservas de petróleo y traficó con narcóticos.
Pero eso no significa que esta operación militar estuviera justificada o fuera acertada. De hecho, fue de una legalidad cuestionable. Su valor estratégico también era cuestionable: Maduro no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos. No nos equivoquemos: fue una operación militar por elección, no por necesidad.
Existen algunas similitudes superficiales entre esta operación y la que lanzó el presidente George H. W. Bush en 1989 para derrocar a Manuel Noriega, el hombre fuerte de Panamá. Pero los argumentos legales contra Noriega eran más sólidos, ya que no solo se trataba de drogas, sino también del asesinato de un militar estadounidense. Además, existían preocupaciones legítimas sobre la amenaza a otros militares estadounidenses estacionados en Panamá y la seguridad del propio Canal de Panamá.
La decisión de atacar a Venezuela revela los motivos del presidente Donald Trump. La principal prioridad, según sugirió Trump durante su conferencia de prensa tras la operación, era el acceso de Estados Unidos a las reservas de petróleo de Venezuela, las mayores del mundo. Entre los objetivos secundarios se encontraban poner fin a la participación de Venezuela en el tráfico de drogas, ayudar a quienes abandonaron el país a regresar a sus hogares y reforzar la presión sobre Cuba, que depende en gran medida del petróleo venezolano subvencionado para sostener su economía en dificultades y sancionada.
Ahora bien, sería extremadamente prematuro declarar que la operación ha sido un éxito. Una cosa es destituir a una persona del poder y otra muy distinta, fundamentalmente diferente y más difícil, es derrocar a un régimen y sustituirlo por otro más benigno y duradero. En lo que respecta a Venezuela, se aplica la “regla de Pottery Barn” del exsecretario de Estado Colin Powell: lo rompimos, ahora nos pertenece.
Trump ha declarado que Estados Unidos “dirigiría Venezuela”. Los detalles son escasos y no está claro si esto requerirá un ejército de ocupación. Una cosa está clara, al menos por ahora: la administración Trump prefiere trabajar con los restos del régimen existente (parece haber llegado a un acuerdo con el vicepresidente de Maduro, que ahora dirige el gobierno) en lugar de empoderar a la oposición. Esto está alineado con una política motivada por la perspectiva de obtener beneficios comerciales, y no por el deseo de promover la democracia y salvaguardar los derechos humanos.
Se pueden descartar todos los posibles problemas, pero el principal -el colapso del orden- debe reconocerse abiertamente. Los elementos favorables al régimen estarán activos, y la oposición está lejos de estar unida y es muy posible que se resista a ser excluida. Estas incógnitas podrían plantear decisiones políticas difíciles para Estados Unidos en cuanto a lo que estaría dispuesto a hacer para influir en los acontecimientos si estos se descontrolaran.
La operación captura la esencia de la política exterior de Trump. Fue unilateral en su esencia. Prestó poca atención a la legalidad o a la opinión internacional. Hizo hincapié en el hemisferio occidental más que en Europa, el Indo-Pacífico u Oriente Medio. El objetivo era el beneficio comercial, en este caso el acceso a las reservas de petróleo, y reforzar la seguridad nacional, reflejando la preocupación por las drogas y la inmigración. Se utilizó la fuerza militar, pero de forma limitada.
El mayor inconveniente de la operación en Venezuela podría ser el precedente que sienta, al afirmar el derecho de las grandes potencias a intervenir en sus vecindades contra líderes que consideran ilegítimos o una amenaza. Uno solo puede imaginar al presidente ruso, Vladimir Putin, que está pidiendo la “desnazificación” de Ucrania y la destitución del presidente Volodymyr Zelensky, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. La operación militar de Trump en Venezuela hace que un final negociado de la guerra entre Rusia y Ucrania sea aún más remoto de lo que ya era.
Es probable que se produzca una reacción similar en China, que considera a Taiwán una provincia separatista y a su gobierno, ilegítimo. Esto no quiere decir que el presidente Xi Jinping vaya a poner en práctica de repente sus ambiciones con respecto a Taiwán, pero los acontecimientos en Venezuela podrían aumentar su confianza en que tendría éxito si invadiera, sitiara o coaccionara de cualquier otra forma a la isla.
La operación para derrocar a Maduro deja claro que la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anunciada recientemente, debe tomarse en serio, y que la administración Trump considera el hemisferio occidental como una región en la que prevalecen los intereses estadounidenses. Rusia y China acogerán esto como una señal de que Trump comparte su visión de un mundo dividido en esferas de influencia, en el que los gobiernos de Moscú y Beijing corren con ventaja en Europa y el Indo-Pacífico, respectivamente. Un orden mundial que ha perdurado durante 80 años está a punto de ser sustituido por tres órdenes regionales que probablemente serán todo menos ordenados -o libres.
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Richard Haass, presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, es asesor sénior de Centerview Partners, profesor universitario distinguido de la Universidad de Nueva York y autor del boletín semanal de Substack Home & Away.
