EscucharEn febrero de 2024, BofA Securities —la división de análisis de Bank of America— calificó a Costa Rica como una “economía jaguar”, al comparar su desempeño fiscal y exportador con el despegue de los tigres asiáticos de los años sesenta. El informe, dirigido a inversionistas institucionales interesados en deuda soberana costarricense, reconocía avances reales, pero respondía a una lógica de optimismo selectivo propia de los reportes orientados a atraer capital.
El gobierno de Rodrigo Chaves convirtió ese análisis financiero en el eje de su narrativa política. El jaguar dejó de ser una categoría de mercado para transformarse en símbolo de comunicación pública: apareció en pines ministeriales, en una bandera partidaria y en el nombre de un proyecto de ley impulsado desde el Ejecutivo. Una metáfora diseñada para inversionistas pasó a ser instrumento de movilización política.
La instrumentalización del concepto tuvo un episodio revelador. Cuando el propio Bank of America advirtió que la denominada Ley Jaguar podía debilitar los mecanismos de control fiscal, el presidente descalificó públicamente a sus analistas. El patrón es conocido: apropiarse del lenguaje técnico cuando valida el relato oficial pero cuestionarlo cuando lo contradice.
Los indicadores que sustentaron la narrativa no eran ficticios. La deuda pública se redujo de 66,5% del PIB en 2020 a 58,9% en 2024. El país acumuló tres años consecutivos de superávit primario, algo que no ocurría desde 2006-2008, y las agencias calificadoras mejoraron su perspectiva. Ese ajuste fiscal fue real y merece reconocimiento. El problema no fueron los resultados, sino lo que quedó fuera de la discusión mientras se celebraban.
En ese mismo período, las preguntas estructurales permanecieron sin respuesta. El gasto público mantuvo su rigidez. Las exoneraciones fiscales que distorsionan la competencia siguieron intactas. Los pasivos actuariales de la CCSS continuaron acumulándose sin un abordaje político de fondo. La consolidación se produjo en los flujos, no en las estructuras.
Ese es el principal riesgo del éxito retórico populista: genera la complacencia que erosiona el avance real. Cuando se comunica que los problemas estructurales están resueltos antes de estarlo, se reduce el espacio político para las reformas necesarias. La urgencia se diluye, los incentivos para mantener el statu quo se fortalecen y el ciclo se repite. Al cierre del año 2025, la deuda volvió a superar el 60% del PIB y de un día para otro, tras las advertencias claras del Fondo Monetario Internacional este 2026, el país regresó a un debate fiscal que pudo anticiparse.
Un nuevo plan fiscal es necesario (un plan fiscal era necesario desde hace tiempo), pero reducir la discusión a tasas impositivas, exoneraciones o el IVA en la canasta básica implicaría repetir el error de fondo: confundir un ajuste coyuntural con una estrategia de desarrollo.
Costa Rica necesita definir con precisión el tamaño y alcance del Estado que puede sostener, los sectores que impulsarán su crecimiento en la próxima década y las condiciones para que la inversión pública fortalezca infraestructura, formación técnica y conectividad. La regla fiscal impuso disciplina sobre el endeudamiento, pero nunca trajo una visión de desarrollo.
El país cuenta con ventajas estructurales claras: aún goza de estabilidad institucional, capital humano e integración en cadenas globales de valor. Convertir esas condiciones en crecimiento sostenido exige algo más que orden en las cuentas públicas. Exige retomar, sin atajos narrativos, la agenda de reforma del Estado que durante demasiado tiempo ha quedado desplazada por la retórica.
Una verdadera “economía jaguar” no vive de un eslogan, vive de la capacidad de transformar el relato en reformas que sobrevivan a cualquier gobierno.
