La guerra entre Estados Unidos e Irán está desmintiendo, día a día, el libreto optimista que la Casa Blanca ofreció al inicio: una operación rápida, quirúrgica y de bajo costo.
Trump prometió que la ofensiva neutralizaría el programa nuclear iraní, desmantelaría la capacidad de misiles del régimen y forzaría a Teherán a retirar su apoyo a milicias aliadas en la región. A estas alturas, ninguno de esos objetivos se ha cumplido plenamente: Irán mantiene capacidades clave, conserva influencia sobre actores armados en su entorno y el conflicto se ha prolongado más de lo anunciado. El contraste entre las metas declaradas y los resultados en el terreno no es solo un problema de credibilidad política; también tiene consecuencias económicas concretas para países lejanos, como Costa Rica.
La primera factura llega por la vía de los combustibles. La combinación de guerra, amenazas a las rutas marítimas y mayor percepción de riesgo en Oriente Medio ha impulsado al alza las cotizaciones internacionales del petróleo. Esa presión ya se traduce en el mercado interno: Recope y la autoridad reguladora proyectan aumentos significativos para mayo, con alzas de varias decenas de colones por litro en gasolina y diésel. Para hogares y empresas, el resultado es inmediato: transportar personas, insumos y mercancías será más caro, y esa diferencia terminará reflejada en tarifas, precios finales y márgenes más estrechos.
La agricultura es uno de los sectores donde el impacto se amplifica. El encarecimiento del petróleo y, sobre todo, del gas natural sube el costo también de la producción de fertilizantes, una industria altamente intensiva en energía. Costa Rica importa la mayor parte de los fertilizantes que consume, en una estructura productiva donde cultivos como la piña, el banano, la caña y varios granos dependen de estos insumos para sostener rendimientos. Cuando suben simultáneamente el diésel para la maquinaria y el transporte, y los fertilizantes para la producción, los productores enfrentan un doble shock de costos que difícilmente pueden trasladar por completo al consumidor.
En el corto plazo, esa combinación se traduce en decisiones incómodas: reducir dosis de fertilización, posponer inversiones en tecnología o aceptar márgenes más bajos. En el mediano, afecta competitividad, capacidad de generación de empleo y, eventualmente, precios de alimentos. El país ya vivió, tras la pandemia y la invasión rusa a Ucrania, lo que significa un ciclo de fertilizantes caros y combustibles altos: mayor presión sobre la inflación y sobre la rentabilidad del sector agropecuario. También vivió que el costo, además de un encarecimiento en la factura del supermercado, puede venir en forma de préstamos más caros, en caso de que el aumento en la inflación empuje al Banco Central a subir sus tasas de interés. La guerra en Irán amenaza con reabrir ese capítulo.
Todo esto ocurre mientras el discurso político internacional se radicaliza. Desde Washington se insiste en que los “objetivos estratégicos” están cerca de cumplirse, pese a la evidencia de un conflicto más largo y costoso de lo prometido. Desde el Vaticano, el papa León XIV cuestiona la justificación moral de la guerra y el uso del lenguaje religioso para legitimar decisiones militares. Ese duelo de narrativas puede ser relevante para la opinión pública global, pero no cambia el hecho básico de que la volatilidad geopolítica se está incorporando, una vez más, a los precios de la energía y de insumos esenciales.
Para Costa Rica, lo relevante no es quién gane la batalla del relato, sino cómo se administran los riesgos que ese conflicto genera. La combinación de alta dependencia de combustibles e insumos agrícolas importados, deuda pública elevada y espacio fiscal restringido deja poco margen para absorber shocks externos sin costos internos. Cada colón adicional en el litro de combustible, cada aumento en el saco de fertilizante, se discute en un contexto de finanzas públicas tensionadas y de demanda social por protección a los sectores más vulnerables.
Resignarse a “pagar la factura” no es una opción de política. El país necesita incorporar de forma sistemática escenarios de precios de energía y fertilizantes persistentemente altos en la planificación macroeconómica, regulatoria y productiva. Eso implica, entre otras cosas, que las autoridades económicas anticipen efectos sobre inflación y actividad, que se revisen los mecanismos de ajuste tarifario para evitar golpes bruscos y que se evalúe con seriedad qué herramientas de apoyo requieren los productores más expuestos.
Al mismo tiempo, la coyuntura debe acelerar agendas que llevan años en discusión: diversificación de la matriz energética, mayor eficiencia en el uso de combustibles, mejora en la productividad agrícola y uso más racional de fertilizantes. El conflicto en Irán no es el origen de nuestras vulnerabilidades, pero sí las deja en primer plano. Un país pequeño y abierto no puede influir en las decisiones de Washington o Teherán; sí puede decidir si llega a estos episodios con los deberes hechos o improvisando. La distancia geográfica ya no nos protege del encarecimiento de combustibles y fertilizantes; la preparación macroeconómica, la diversificación productiva y la gestión rigurosa de riesgos, sí.
