La economía costarricense navega hacia aguas turbulentas, y lo hace mal equipada para enfrentar la tormenta que se avecina.
Esta semana comenzó a aplicarse el cobro de los aranceles impuestos por la administración Trump a productos de exportación costarricenses. Como si no bastara, ya circulan iniciativas en Estados Unidos para extender esas medidas también a servicios exportados, como los centros de atención al cliente y soporte técnico.
Pese a que este cambio en el orden económico mundial ha sido ampliamente anticipado, el gobierno costarricense no ha tomado una sola medida de política económica para mitigar su impacto. Por el contrario, se confió ingenuamente en una capacidad de negociación con Estados Unidos que nunca existió. Incluso se llegó al extremo de ofrecer el territorio nacional como plataforma para recibir a migrantes deportados.
¿El resultado? No solo no se evitaron los aranceles, sino que se agravaron: del 10% inicial, pasamos a un 15%. Una desventaja significativa frente a países con los que competimos en la región.
El gobierno, como quien atraviesa un duelo, sigue en fase de negación. Insiste en renegociar con una potencia que ya dejó claro que sus tarifas no están sujetas a discusión. Mientras tanto, dentro del país, la situación económica se deteriora a pasos acelerados.
Algunos sectores, como el agrícola, acumulan siete meses consecutivos de contracción sin que exista una política específica de atención. La Inversión Extranjera Directa también muestra una preocupante caída, acompañada del éxodo de empresas emblemáticas, como Intel, que buscan entornos más propicios para hacer negocios. Hoy, otros países se esmeran por mejorar su competitividad. Costa Rica, en cambio, permanece inmóvil o retrocede.
No hay señales de una política educativa alineada con las necesidades productivas del país, como la que se impulsó en 1997 para recibir a Intel. Entonces, el gobierno trabajó codo a codo con las universidades y centros técnicos para adaptar los planes de estudio y capacitar al recurso humano que la empresa requería. Nada similar ocurre hoy.
Por su parte, el Banco Central permanece atrapado en una estrategia monetaria que carece de una conexión plena con la realidad nacional. Desde noviembre de 2019 no logra cumplir con su meta inflacionaria. Como un reloj detenido, solo ha “acertado la hora” en dos momentos: cuando la inflación se disparó tras la pandemia y cuando cayó por un ajuste excesivo de la política monetaria. Este ajuste nos tiene hoy sumidos en una deflación de precios que, desde agosto de 2022, acumula casi un -4%.
El Banco Central continúa replicando mecánicamente la política de la Reserva Federal estadounidense, manteniendo tasas de interés excesivamente altas. Lo hace pese a que las condiciones internas exigen lo contrario: se ha perdido competitividad, el dinamismo económico es escaso y el tipo de cambio se ha apreciado hasta alcanzar niveles similares a los de 2006. Esta apreciación del colón es hoy el principal obstáculo para las exportaciones costarricenses, ahora también golpeadas por los aranceles.
El sector turismo, por su parte, también enfrenta una contracción preocupante. En vez de responder con acciones concretas, las autoridades del ramo prefieren repartir culpas. En un razonamiento digno del terraplanismo, atribuyen la caída en la llegada de turistas a la reducción en las frecuencias aéreas, sin reconocer que esa reducción es, en realidad, una consecuencia del deterioro del sector.
La factura por la inacción ya está al cobro. El consumo de los hogares pierde fuerza, el comercio se enfría, y aunque el crecimiento interanual del PIB a mayo se ubicó en 3,8%, fuera del régimen de zonas francas el avance fue de apenas 1,9%. Es decir, la mayoría de empresas costarricenses crece a ritmos insuficientes para mejorar los indicadores sociales.
A todo esto se suma la incertidumbre electoral. En plena antesala de los comicios, el ambiente para la inversión se torna aún menos propicio. Para la actual administración, ya es tarde para hablar de reactivación económica.
Pero no todo está perdido: el Banco Central aún tiene margen para actuar. Puede —y debe— dotar a su política monetaria de dirección, fuerza y urgencia. Esto le ayudaría a recuperar la credibilidad que ha venido perdiendo.
Pese a que los cambios en el orden económico mundial han sido ampliamente anticipados, el gobierno costarricense no ha tomado una sola medida para mitigar su impacto.
