La transición política que vive Costa Rica tras las elecciones presidenciales el pasado 1 de febrero del 2026, abre un escenario de redefinición institucional, la presidenta electa Laura Fernández Delgado (segunda mujer en alcanzar la jefatura de Estado), asumirá la presidencia con mayoría legislativa y margen para impulsar reformas estructurales a partir del 8 de mayo del 2026, en este contexto, la salud pública se perfila como uno de los temas más estratégicos para esta nueva administración, especialmente por los desafíos que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El sistema de salud costarricense enmarcado en el Estado social de derecho, se fundamenta en los principios de universalidad y solidaridad con financiamiento tripartito (Estado, patronos y trabajadores), la atención primaria constituye la base del modelo, complementada con hospitales regionales y nacionales que garantizan servicios especializados, este diseño ha permitido que Costa Rica alcance indicadores destacados: la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportan más del 95% de cobertura poblacional, una esperanza de vida superior a los 80 años y una mortalidad infantil inferior a 9 por cada mil nacidos vivos, cifras que la posicionan como referente regional en equidad y resultados.
El envejecimiento poblacional y la transición epidemiológica hacia enfermedades crónicas han incrementado la demanda de servicios, presionando los recursos institucionales, esta presión ha generado brechas en cobertura y calidad, reflejadas en listas de espera prolongadas en atención médica por especialistas y procedimientos quirúrgicos, así como las limitaciones en infraestructura.
No obstante, el sistema enfrenta retos significativos y el primero es la sostenibilidad financiera, a este reto se suma el impacto del sistema de pensiones, el informe del Estado de la Nación (2025), advierte que el gasto en pensiones aumentó del 26% al 36% del gasto social en la última década, mientras que la inversión en salud se redujo del 28% al 26%, este desplazamiento de recursos refleja una pérdida de prioridad fiscal para la salud y limita la capacidad de expansión de programas preventivos y de atención primaria, la presión creciente de las pensiones sobre el presupuesto nacional compromete directamente la sostenibilidad financiera de la CCSS, pues reduce el margen de solución para fortalecer infraestructura y contratar personal especializado.
El segundo reto es la equidad territorial, aunque la cobertura es amplia, persisten diferencias entre zonas urbanas y rurales, en el Gran Área Metropolitana se concentran los servicios de alta complejidad, mientras que en regiones periféricas se reportan menores tasas de acceso a especialistas y limitaciones en infraestructura, por su parte, la gestión pública de salud debe garantizar eficiencia y transparencia, pero en zonas alejadas no solo falta recurso humano especializado; también infraestructura adecuada y financiamiento suficiente, según datos de la OPS, señala que en áreas urbanas la cobertura efectiva supera el 90% y en zonas rurales hasta un 70%, lo que refleja una brecha significativa en calidad y acceso.
La calidad de la atención constituye el tercer desafío, el último Informe Estado de la Nación señala que la reducción relativa de la inversión en salud compromete la capacidad del sistema para mantener estándares homogéneos de calidad y seguridad, programas esenciales como nutrición infantil y atención preventiva se ven limitados por la redistribución del gasto social hacia pensiones, lo que incrementa las desigualdades y debilita la capacidad de respuesta institucional.
Ante estos retos se han impulsado planes estratégicos, en 2024 se presentó el Plan Nacional de Calidad en la Prestación de Servicios de Salud y el Plan Nacional de Recurso Humano en Salud, ambos con extensión hasta 2030, estas iniciativas buscan mejorar la seguridad, eficiencia y equidad en la atención, así como optimizar la gestión del recurso humano.
Seguidamente se comparte una serie de acciones fundamentales para fortalecer la gestión de los servicios públicos de salud en Costa Rica:
• Promover educación ciudadana sobre el uso de los servicios, fomentando participación en la definición de prioridades.
• Reforzar la atención primaria para disminuir la presión hospitalaria y garantizar un enfoque preventivo.
• Reducir desigualdades territoriales en zonas rurales para ampliación de infraestructura periférica.
• Revisar integralmente el modelo de financiamiento de la CCSS, diversificando ingresos, controlando gastos y promoviendo eficiencia.
• Impulsar innovación tecnológica en telemedicina, inteligencia artificial y análisis de datos para mejorar gestión clínica y administrativa.
• Integrar la discusión sobre pensiones en la planificación fiscal, garantizando que el crecimiento de este rubro no desplace recursos esenciales para la salud.
En definitiva, la salud pública costarricense requiere una visión integral que articule recursos, planificación y compromiso social, la combinación de políticas de largo plazo y la innovación tecnológica permitirá consolidar un sistema más equitativo, eficiente y sostenible.
La capacidad de Costa Rica para mantener su modelo solidario y universal dependerá de la voluntad política, la eficiencia en la gestión de recursos y la incorporación de la ciudadanía como actor activo, así, el país podrá enfrentar los retos derivados del envejecimiento poblacional, la transición epidemiológica, las desigualdades sociales y el impacto creciente de las pensiones sobre el gasto social, manteniendo su posición como referente internacional en cobertura y resultados en salud.
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El autor es docente de la Escuela de Registro Médicos de la Universidad Libre de Costa Rica.
