Bajo ninguna circunstancia una persona debería enfrentar hechos violentos o amenazas de cualquier índole por expresar sus ideas.
La prensa tampoco debe verse coaccionada, limitada o amedrentada por cumplir su papel en la sociedad, por denunciar los hechos o comportamientos que van en contra de la ley y que menoscaban la calidad de vida de los ciudadanos.
Esos son derechos fundamentales para cualquier persona que haya estado en este país en los últimos 40 años; como mínimo nos garantizan un Estado funcional.
Además, ese sistema institucional debe generar la adecuada protección a sus ciudadanos. Lamentablemente, los hechos y las condiciones recientes nos llevan a la deprimente conclusión de que las condiciones han empeorado: seguimos con una alta contabilidad de homicidios y violencia en el país y hemos caído en la clasificación mundial de libertad de prensa por Reporteros Sin Fronteras al pasar del octavo lugar al 38. Existe una percepción de que han empeorado las condiciones para los periodistas, pues un 58% de los costarricenses considera que ese trabajo es peligroso, según la más reciente edición de la Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión.
Un nuevo hecho sangriento fue cometido el 16 de noviembre luego de varias amenazas. El asesinato de Camilo Rodríguez exige justicia y una investigación rigurosa, pero también coherencia de quienes gobiernan. La presidenta Laura Fernández acierta al calificar el crimen como una “mancha contra la libertad de expresión”; lo que resulta hipócrita es defender ese derecho ante una muerte y desacreditarlo desde el poder cuando lo ejercen voces incómodas.
Apenas un día antes del asesinato, la mandataria volvió a llamar “prensa canalla” a medios de comunicación; en semanas recientes también amenazó públicamente a un periodista con denunciarlo penalmente. No se puede reivindicar la libertad de expresión como principio y tratar el escrutinio periodístico como una ofensa que merece escarmiento. Sin duda fueron unas declaraciones desafortunadas en el contexto que vivimos.
La libertad de expresión no se honra únicamente con condolencias cuando asesinan a un comunicador; se respeta todos los días, también cuando una publicación contradice el relato oficial. Los dirigentes políticos tienen una responsabilidad mayor en ese deterioro porque sus palabras no son las de cualquier ciudadano: llevan el peso de la autoridad y ofrecen pautas de conducta a la sociedad.

Cuando desde el poder se sustituye la explicación por el insulto y la rendición de cuentas por la intimidación, se transmite que quien cuestiona es un enemigo y que desacreditar es una respuesta aceptable. Quien gobierna debe orientar la convivencia democrática, no degradarla.
No basta con condenar la violencia en sus expresiones más extremas si, al mismo tiempo, se alimenta el desprecio hacia quienes ejercen el derecho a informar.
El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Colper) hizo un llamado relevante a organizaciones internacionales esta semana. Considera, entre otras razones, que sostener la democracia y una prensa independiente es ahora más difícil porque se vive una constante descalificación por parte de las autoridades del Gobierno.
Para el Colper, la presión que pueda ejercer la comunidad y organizaciones internacionales es relevante para que las autoridades abandonen los ataques a la prensa y al periodismo independiente.
El asesinato de Rodríguez debe convertirse en un punto de inflexión. No porque una tragedia produzca por sí sola un cambio, sino porque obliga a decidir qué sociedad queremos ser: una donde informar implique acostumbrarse al miedo o una que defienda, sin ambigüedades, el derecho a preguntar, investigar y disentir.
La respuesta democrática adecuada debe ir más allá del expediente penal y un juicio. También debe traducirse en mejores garantías para quienes informan y para la ciudadanía que necesita esa información.
El cambio debe comenzar por las autoridades de Gobierno y por la manera en que se refieren a la prensa. Nadie les exige renunciar a la crítica. Pueden cuestionar, señalar errores y responder con argumentos. Lo que debe terminar es la práctica de presentar al periodismo crítico como un enemigo que merece descrédito o castigo.
Se trata de exigir responsabilidad a quienes hablan desde el poder. La investidura pública obliga a algo más que ganar una discusión: obliga a preservar las condiciones para que la discusión siga siendo libre.
Un gobierno democrático no demuestra fortaleza humillando a quien pregunta. La demuestra contestando, entregando información y aceptando que fiscalizar no equivale a conspirar. Tampoco basta con afirmar que se respeta la libertad de expresión mientras se utilizan recursos o decisiones estatales para premiar afinidades y castigar críticas. La censura también puede operar por vías indirectas.
La mejor respuesta al silencio impuesto por las balas es una democracia donde ninguna pregunta deba hacerse con miedo.