Las superpotencias mundiales han desarrollado un apetito aparentemente insaciable por los minerales críticos que son esenciales para las transiciones energética y digital en curso, entre ellos los metales de tierras raras (para semiconductores), el cobalto (para baterías) y el uranio (para reactores nucleares). Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de estos minerales se habrá más que cuadruplicado de aquí a 2040 solo para su uso en tecnologías de energía limpia. Pero, en su carrera por controlar estos recursos vitales, China, Europa y Estados Unidos corren el riesgo de causar graves daños a los países que los poseen.
En la actualidad, China lidera el pelotón, ya que se ha hecho con la propiedad o el control de alrededor del 60%-80% de los minerales críticos necesarios para la industria (como los imanes) y la transición verde. Este control se extiende a toda la cadena de suministro: China ha invertido mucho en minería en África, Asia Central y América Latina, y ha aumentado su capacidad de procesamiento.
Para las potencias occidentales, el cuasi monopolio chino sobre los minerales críticos parece una amenaza económica y para la seguridad nacional. Este temor no es infundado. En diciembre de 2024, China restringió las exportaciones de minerales críticos a Estados Unidos en represalia por las restricciones estadounidenses a las exportaciones de microchips avanzados a China.
Desde entonces, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha obligado a Ucrania a ceder una parte significativa de sus minerales críticos a Estados Unidos en lo que él presenta como una retribución por el apoyo estadounidense en su lucha contra Rusia. Trump también quiere la soberanía estadounidense sobre Groenlandia, rica en minerales, para consternación de Dinamarca. Y ha sugerido que Canadá, con todos sus recursos naturales, se convierta en el 51º estado norteamericano. La Unión Europea, por su parte, ha buscado sus propios contratos mineros, como en la República Democrática del Congo (RDC), promocionada como la “Arabia Saudita de los minerales críticos”.
Desde la Lucha por África en el siglo XIX hasta los intentos occidentales de reclamar el petróleo de Oriente Medio en el siglo XX, este tipo de acaparamiento de recursos no es nada nuevo. Refleja una asimetría fundamental: las economías en desarrollo menos industrializadas tienden a consumir menos recursos de los que producen, mientras que ocurre lo contrario con las economías desarrolladas -y, hoy en día, con China.
En principio, esta asimetría crea las condiciones ideales para acuerdos de beneficio mutuo: las economías industrializadas obtienen los recursos que desean, y las economías no industrializadas reciben una ganancia inesperada, que pueden utilizar para impulsar su propio desarrollo. Pero, en realidad, las grandes concentraciones de recursos naturales han demostrado ser más una maldición que una bendición, ya que los países ricos en recursos suelen desarrollarse más lentamente que sus contrapartes pobres en recursos.
Una de las razones principales es que las economías desarrolladas tienen más influencia económica, tecnología avanzada y poderío militar -que utilizan para adquirir los recursos que buscan-. Por ejemplo, las potencias imperiales europeas utilizaron la tecnología de la máquina de vapor para explorar y explotar África en busca de recursos como cobre, estaño, caucho, madera, diamantes y oro en el siglo XIX. Esto, junto con armamento más avanzado y otras tecnologías, significaba que, lejos de ofrecerles a las comunidades locales una compensación justa por sus recursos valiosos, las potencias europeas podían subyugar a esas comunidades y utilizar su mano de obra para extraer y transportar lo que querían.
Pero incluso los países que exportan sus recursos para obtener beneficios muchas veces han tenido dificultades para avanzar en el desarrollo, no solo por los acuerdos desequilibrados con importadores de recursos más poderosos, sino también porque sus gobiernos a menudo han gestionado mal las bonanzas asociadas. No ayuda el hecho de que los países y regiones ricos en recursos padezcan a menudo conflictos internos y externos.
Pensemos en las provincias ricas en minerales de la RDC, como Katanga y Kivu Norte, que llevan mucho tiempo sumidas en la violencia y la anarquía, alimentadas por vecinos como Ruanda y Uganda. En la actualidad, el avance de los rebeldes del M23, apoyados por Ruanda, hace que se incremente el derramamiento de sangre en el este del Congo y abre las puertas para que potencias externas accedan a minerales esenciales. El acuerdo de paz entre la RDC y Ruanda, negociado por la administración Trump, promete precisamente ese acceso a Estados Unidos, a cambio de garantías de seguridad.
Pero la maldición de los recursos no es ineludible, especialmente para los países con sólidas instituciones orientadas al exterior para gestionar las relaciones externas de la economía, incluida la capacidad de su sector de recursos para atraer inversiones y generar ingresos para el estado, e instituciones orientadas al interior para gestionar la manera en que se utilizan esos ingresos. Para que un país traduzca su dotación de recursos en desarrollo económico y mejoras del bienestar humano, ambas deben desempeñar un papel fundamental.
Las instituciones orientadas hacia el exterior deben negociar contratos mineros justos y transparentes con las corporaciones multinacionales y reforzar la capacidad de los gobiernos locales para hacer lo mismo. Dichos contratos deben incluir requisitos de contenido local, que mantengan más actividades de procesamiento de alto valor agregado en el país, que aumenten el empleo local y que refuercen la capacidad de los proveedores y contratistas locales. Desde que adquirió una participación del 15% en De Beers, Botsuana ha intentado garantizar que la talla de diamantes -no solo la extracción- se realice en el país, lo que requiere que las instituciones orientadas hacia el interior inviertan adecuadamente en estas capacidades.
Por su parte, las instituciones orientadas hacia el interior también deben gestionar los riesgos que plantea la extracción de recursos, desde los daños a la salud y el medioambiente (deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación) hasta las violaciones de los derechos laborales (incluido el trabajo infantil). Desgraciadamente, en la actualidad, muchos países ricos en minerales no están a la altura, lo que ha llevado a algunos a promover boicots a minerales críticos procedentes de zonas de conflicto o de países que utilizan trabajo forzoso. Si bien es poco probable que este tipo de boicots influyan en estos gobiernos, podrían convencer a las multinacionales y a los gobiernos extranjeros de exigir una mayor aplicación de las normas ambientales y sociales a los países con los que comercian.
En última instancia, sin embargo, corresponde a los países ricos en minerales defender sus intereses y sacar el máximo partido de sus recursos. Para ello, hay que empezar por fortalecer las instituciones.
--
El autor es exvicepresidente del Banco Africano de Desarrollo, director de Investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y profesor de la Harvard Kennedy School. Rick van der Ploeg es profesor de Economía en la Universidad de Oxford, y de Economía Ambiental en la Universidad de Ámsterdam.
