A fines de abril, un tribunal chino dictaminó que una empresa de inteligencia artificial no podía despedir legalmente a un empleado por el mero hecho de que su puesto de trabajo se hubiera automatizado. Poco después, los reguladores chinos suspendieron la concesión de nuevas licencias para vehículos autónomos en todo el país, en respuesta a un fallo masivo de los robotaxis de Wuhan, una ciudad donde los taxistas llevaban tiempo pidiendo a las autoridades un freno al despliegue de esta tecnología.
Todo este tiempo los medios de comunicación estatales chinos han estado criticando a las empresas por contemplar el despido de trabajadores desplazados por la IA, con el argumento de que tienen el deber de proteger a sus empleados.
En conjunto, estos episodios sugieren que China está empezando a frenar el despliegue de la IA. Pero ¿qué puede motivar esa decisión en un Estado provisto de enorme capacidad coercitiva y un fuerte deseo de dominar la vanguardia tecnológica? Todo indicaba que China tenía una ventaja estructural en la carrera por la IA. Un Estado autoritario puede ser una «máquina de implementar», con capacidad para imponerse a la resistencia de los trabajadores, reprimir protestas y mantener el proceso en marcha, mientras que las democracias liberales son «máquinas de deliberar» que deben pensar en las elecciones, los sindicatos, los derechos de reunión y otras restricciones institucionales.
Pero China tiene una debilidad fundamental: la falta de una red de seguridad social sólida. Si bien el elevado gasto social de Occidente (en prestaciones por desempleo, salud pública y programas de recapacitación profesional) se suele presentar como un freno a la innovación (ya que exige cobrar impuestos a los mejor remunerados y transferir riqueza de los sectores productivos a los dependientes), los datos históricos muestran que una red de seguridad social puede acelerar el despliegue de nuevas tecnologías. Cuando un Estado puede prometer de forma creíble que la sustitución laboral no será sinónimo de indigencia, es más probable que los trabajadores y sus representantes acepten el cambio tecnológico.
Por supuesto, ha ocurrido que muchos países optaran en vez de eso por la represión y abrieran paso a las máquinas por la fuerza. Gran Bretaña desplegó al ejército contra los luditas en 1812 y tipificó la destrucción de máquinas como delito capital. La industrialización de Corea del Sur y Taiwán se basó en parte en la represión de los sindicatos independientes. Pero mantener un estado represivo es más fácil cuando va acompañado de una promesa creíble de progreso. Corea del Sur y Taiwán pudieron reprimir a los sindicatos porque al mismo tiempo generaron empleo fabril, urbanización y un nivel de vida en ascenso. A los trabajadores se les pidió tolerar salarios bajos hoy a cambio de una vida mejor mañana.
La sustitución de trabajadores por la IA no admite ese tipo de compensación en China. Está llegando a las oficinas, los servicios y las plataformas, amenaza por igual a los trabajadores jóvenes cualificados como a los obreros de fábrica, y se produce justo cuando a China le está costando cada vez más mantener su promesa de ampliación continua de las oportunidades. El crecimiento chino se está frenando, acceder a una vivienda propia se ha vuelto imposible para muchos jóvenes, y las inquietudes del mercado laboral se reflejan en altas tasas de ahorro preventivo y en la nostalgia por los años de bonanza.
Las autoridades chinas parecen conscientes del problema. Pero aunque comprendan la necesidad de dar una respuesta política a la sustitución laboral impulsada por la tecnología, la falta de buenos mecanismos institucionales de protección limita sus opciones. El gasto social público en China apenas llega a un 10 % del PIB (menos de la mitad de la media de la OCDE). El sistema hukou de registro de hogares mantiene en desventaja a cientos de millones de migrantes internos, y los hogares chinos todavía deben pagar de su bolsillo gran parte de los costos de la atención médica.
Como demuestra el economista Barry Naughton, China tiene construida una buena parte del andamiaje de un sistema de bienestar universal, pero los flujos de transferencias todavía son pequeños y chocan contra las divergencias entre áreas urbanas y rurales y el envejecimiento demográfico. El seguro chino de desempleo se diseñó para hacer frente a desplazamientos cíclicos (no estructurales), y sólo accede a prestaciones una proporción relativamente pequeña de los desempleados.
China ya pagó en otras ocasiones el precio de un despliegue tecnológico fallido. Los gremios artesanales resistieron la mecanización en defensa de sus miembros y eso retrasó dos siglos la industrialización china. El riesgo actual es similar. La necesidad política inmediata de evitar trastornos puede privar a la sociedad china de los beneficios a largo plazo de las tecnologías más avanzadas.
En cambio, que Gran Bretaña haya podido sostener la mecanización durante la Revolución Industrial se debió en parte a que contaba con un sistema de bienestar social sin igual en toda Europa. La «Ley de Pobres» obligaba desde 1601 a las parroquias a socorrer a los pobres sanos, de modo que en general estas daban ayudas en efectivo a los desempleados o mal remunerados, cubrían alquileres, proveían de pan y combustible y corrían con los costos de la atención médica.
El sistema funcionó. Una investigación reciente de los economistas Avner Greif y Murat Iyigun revela que en los condados ingleses con niveles per cápita más altos de ayuda a los pobres, la industrialización de la economía generó menos disturbios. La Ley de Pobres tenía muchos defectos, pero sus consecuencias políticas fueron claras: actuó como un amortiguador que ayudó a mantener en funcionamiento las fábricas. En vez de obstaculizar el despliegue tecnológico, el estado de bienestar puede ser un complemento esencial. Pero Occidente se arriesga a desaprovechar esta ventaja. En Estados Unidos, la proporción de desempleados con acceso al seguro de desempleo es cada vez menor, justo cuando la IA empieza a afectar al mercado laboral.
Por supuesto, algunos mecanismos de protección social conllevan problemas propios. En muchas partes de Europa, el despliegue de la IA podría retrasarse por la existencia de normas que protegen puestos de trabajo específicos, en vez de proteger a los trabajadores durante las transiciones. Cuando en Alemania un consejo de trabajadores pidió que una empresa prohibiera el uso de ChatGPT al personal, el Tribunal Laboral de Hamburgo rechazó la petición, pero aún así la empresa tuvo que litigar. Estas incertidumbres encarecen la experimentación. Cuando en 2024 SAP reestructuró sus operaciones en torno a la IA y eliminó al hacerlo unos 8.000 puestos de trabajo, tuvo que destinar 2200 millones de euros ($2.500 millones de dólares) a jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios (según una estimación, eso equivale a más de tres años de salario por cada trabajador afectado en Europa).
El sistema que más se acerca al equilibrio justo es el modelo danés de flexiguridad: el empleo en sí está menos protegido, pero se compensa con generosas prestaciones por desempleo y fuertes políticas activas de mercado laboral que incluyen programas de recapacitación profesional y reinserción laboral. Las empresas pueden implementar la IA con seguridad, sabiendo que los trabajadores están protegidos y que la economía política general se mantendrá estable.
La carrera entre Estados Unidos y China no es sólo una cuestión de chips, potencia de cómputo y parámetros de modelos, sino también una cuestión de capacidad institucional. Ahora China tiene que construir el estado de bienestar que por mucho tiempo postergó, y eso coincide con una desaceleración del crecimiento y un declive demográfico. Estados Unidos y Europa parten de una posición más favorable, pero todavía les queda un largo camino por recorrer para modernizar sus sistemas de bienestar y eliminar instancias de veto antes de que la sustitución de trabajadores se vuelva políticamente incontrolable.
La represión es el recurso de los Estados que ya no tienen otra opción. La revolución de la IA no la ganará el país más dispuesto a desentenderse de los trabajadores a la fuerza, sino el que les ofrezca la seguridad suficiente para que acepten a las máquinas.
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Carl Benedikt Frey, profesor asociado de IA y Trabajo en el Oxford Internet Institute y director del Programa sobre el Futuro del Trabajo en la Oxford Martin School, es autor de How Progress Ends: Technology, Innovation, and the Fate of Nations (Princeton University Press, 2025).
