Marcando el Norte: COVID-19, una oportunidad de negocio en las compras públicas

La pandemia por la COVID-19 ha significado un enorme desafío de orden económico que hace necesario buscar o replantearse las oportunidades de negocio que puedan surgir, así como las estrategias de acción para enfrentar el reto.

De ahí surge el deber de apreciar segmentos de mercado que quizá, respecto a nuestra empresa, no habían sido consolidados, fortalecidos o bien no representaban el core o actividad principal de ésta.

Ante ese panorama, que presenta importantes caídas de producción y ventas, recortes o reducción de inversión, contracción del mercado y menor demanda, no carece de sentido dar una mirada al sector de las compras públicas, en aras de diversificar o ampliar la cartera del negocio y encontrar algunas oportunidades para la colocación de los bienes y servicios que producimos.

LEA MÁS: ¿Qué le hará el COVID-19 a la banca?

Si bien poner la mirada en ese sector no representa por sí mismo el “gran respiro” o la “tabla de salvación” de nuestro negocio en tiempos de COVID, si pudiera ser una medida para que, dentro de la integralidad de acciones que deban tomarse, hagamos crecer sus números y mejorar sus expectativas.

En ese orden, cabe recordar que no hace mucho (abril, 2017), el Ministerio de Hacienda señalaba que las compras públicas del Estado equivalían al 15% del PIB del país, es decir ¢4,5 billones de colones, creciendo a un ritmo de 7% por año, por lo que convertirse en un proveedor del Estado representa una valiosa oportunidad de negocio, máxime al considerar la gran variedad de productos y servicios que requieren las instituciones de la Administración Pública.

Conforme al Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), que es el sistema de información sobre la contratación administrativa de los órganos y entes sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, el número de compras en el sector público se muestra en la actualidad, comparativamente, bastante por debajo de los promedios de los últimos cinco años.

LEA MÁS: Marcando el norte: El balance entre vida familiar y laboral ante la cuarentena por el COVID-19

Para esta mitad del 2020, el sector presenta un total de 21.579 procedimientos de contratación iniciados (con 17.216 adjudicados), lo cual, comparado con el mismo periodo pero del 2019 (29.389 procedimientos iniciados con 23.989 adjudicados), presenta una reducción que ronda el 26% en cuanto a trámites iniciados y 28% respecto de los adjudicados, lo cual, si bien no es poco, no es del todo desafortunado en estos tiempos de pandemia.

En esa misma línea, y a partir de estos datos, podemos indicar que la cifra que representa el total de los procedimientos adjudicados durante la primera mitad del 2020 es -siempre conforme al SIAC- de ¢433.736.053.237 (alrededor de $745.320.756,75).

El dato interesante aquí es que la cifra es superior para el segundo trimestre del presente año (¢228.411.153.801), es decir, en pleno periodo de COVID-19, respecto del primer trimestre (¢205.324.899.436) -tiempo mayoritariamente sin pandemia-, lo que representa un incremento que se sitúa cerca del 10%.

Si nos fijamos en los datos por sector que revela el SIAC, el grueso de las contrataciones públicas se ha centralizado -hasta julio 2020- en cinco ejes, a saber:

1- Social y lucha contra la pobreza (¢193.654.003.577)

2- Salud (¢139.877.223.522), siendo que en ambos sectores lidera como principal comprador -y por amplia diferencia- la Caja Costarricense de Seguro Social (¢70.522.887.221).

3- Ambiente, energía y telecomunicaciones (¢84.752.787.585), en donde se destacan como demandantes primordiales Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Acueductos y Alcantarillados y la Refinadora Costarricense de Petreólo.

4- Infraestructura y transportes (¢59.610.113.726), en donde lideran Consejo de Seguridad Vial (¢32.898.620.223) y Consejo Nacional de Vialidad (¢21.958.649.616)

5-Financiero (¢42.495.597.505), liderando aquí el Banco Nacional y el Instituto Nacional de Seguros.

Dicho esto, si bien existirán ciertos bienes y servicios cuya demanda institucional tenderá a la baja, en definitiva habrá necesidades que mantendrán su nivel de reclamo y a su vez habrá otras líneas que se verán incrementadas a efectos de que la Administración atienda las necesidades públicas a las que está llamada, ya no solo las programadas y presupuestadas desde antes de 2020, sino las que van surgiendo ante el panorama que afrontamos como sociedad día a día producto de la crisis sanitaria y económica.

Así pues, desde la óptica de nuestra empresa tocará -de nueva cuenta- reinventarse, ser innovadores y apreciar todos los segmentos, incluido el de las compras públicas, que nos permitan sostener la operación y quizá, conseguir algún margen de crecimiento, lo cual redunda a su vez en el beneficio país en la colaboración de las necesidades públicas.