Marcando el Norte: Una hoja de ruta para promover la reactivación con transformación

Recientemente el Foro Económico Mundial ha replanteado su agenda alrededor de la necesidad de hacer un great reset (gran reseteo) del capitalismo, con ocasión de la pandemia. Esto bajo la idea de que si bien los impactos de la pandemia han sido devastadores, la coyuntura está plagada de oportunidades de cambio y de reformas si se saben aprovechar.

En Julio 2020 un grupo de economistas latinoamericanos plantearon lo que han llamado una nueva visión para la era post-Covid, y la han titulado “El Consenso Latinoamericano 2020.” Es un manifiesto corto, con 18 puntos, que también parte de la idea de que la coyuntura es una oportunidad para acelerar reformas necesarias. La idea, que comparto, es aprovechar la crisis, no simplemente para regresar a la situación previa, sino para dar un salto cualitativo a una nueva realidad.

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¿Cuál podría ser la versión costarricense de este “gran reseteo” de nuestro sistema económico y social, de nuestro capitalismo local? Hay dos grandes preguntas que tenemos que respondernos como sociedad para avanzar en esa dirección: el ¿qué?, es decir, ¿cuáles son los principales cambios transformacionales que deberíamos impulsar, y el ¿cómo?, es decir, ¿cómo generar acuerdos y cómo llevar la visión a la práctica?

Propongo las siguientes ocho áreas como respuesta al qué, es decir, como hoja de ruta básica para lograr la reactivación con transformación:

1. Acciones para lograr la sostenibilidad fiscal y de la deuda. Debemos reconocer que Costa Rica tiene una crisis fiscal seria y que su gradual solución va a requerir tener abiertas todas las opciones: medidas por el lado de los ingresos, del gasto, opciones por el lado del endeudamiento, reforma del Estado y el papel del Banco Central. Por el lado de los ingresos se van a necesitar más impuestos (aunque no en el plazo inmediato, sino cuando se vislumbre una reactivación), así como cobrar mucho mejor los impuestos existentes cerrando todos portillos para la evasión, elusión y el no pago.

La discusión no debería ser si tener más impuestos o no, sino qué combinación de impuestos es socialmente justa y equitativa, cuáles impuestos deben ser temporales y cuáles permanentes, etc. Acciones por el lado del gasto son imperativas no solo por la crisis fiscal sino porque el país necesita actualizar su sector público a las necesidades del desarrollo del siglo XXI.

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Así como la redefinición del modelo de desarrollo del país en los años 50 y otra vez en los 80s, involucró la invención de nuevas instituciones, hoy Costa Rica necesita algunas nuevas funciones del Estado: innovación, desarrollo productivo, descarbonización, promoción de la transformación digital, políticas sociales de precisión, etc. Para eso debemos crear el espacio fiscal necesario repriorizando funciones del Estado, lo cual incluye cerrar o consolidar algunas, según sea necesario, y hacer más eficientes todas.

Plantear esto no debe ser tomado como equivalente a querer destruir el Estado Social de Derecho. El país tiene que poder tener una conversación seria y pragmática sobre el sector público y las instituciones que necesitamos en el siglo XXI.

2. Políticas de desarrollo productivo (PDPs) para promover la productividad, activar motores de crecimiento, y crear ecosistemas empresariales competitivos en todo el territorio nacional, no solo en la GAM. El desarrollo productivo se refiere a la cantidad, productividad, competitividad y sofisticación tecnológica de las empresas y los trabajadores de un país. Hemos pasado de $2.000 de ingreso per cápita a principios de los años ochenta, a $14.000 hoy.

Esa transformación productiva no pasó espontáneamente, ni fue hecha solo por el sector privado. No ha sido espontáneo el crecimiento de importantes conglomerados de empresas de tecnologías de la información, ni de dispositivos médicos, ni el sector turismo, ni los servicios empresariales sofisticados, sectores que han generado miles de empleos de alta calidad para miles de costarricenses. Hay que entender que el sector privado es el que genera empleos y los flujos de ingresos para sostener al Estado Social de Derecho, pero también que el sector privado no lo hace solo. El Estado tiene un doble papel en el desarrollo productivo: remover obstáculos para que las empresas funcionen, y trabajar proactivamente de la mano con las empresas y los clústeres, y no solo en la GAM sino también en las regiones periféricas.

Costa Rica necesita un “reseteo” en materia de PDPs y de la institucionalidad de apoyo para lograr la reactivación con transformación. No podemos construir más y mejor lo social, o el Estado Social de Derecho, sin desarrollar más y mejor lo productivo. No habrá un mejor futuro del trabajo y de los salarios sin un mejor futuro de la producción.

3. Acciones para reducir brechas educativas y de calificaciones. El desarrollo productivo depende críticamente no solo del talento empresarial sino también del talento de todos los recursos humanos. Más del 60% de los desempleados en el país no han terminado la secundaria. Las deficiencias en educación son la principal causa estructural del desempleo que teníamos antes de la pandemia. Del casi millón de personas que han solicitado el Bono Proteger durante la pandemia, 72% tienen secundaria incompleta o menos.

No hay evidencia más clara de la importancia de la educación para tener trabajos de calidad y evitar la pobreza. La aprobación de las pruebas de idoneidad para el personal docente, de la educación dual y, esperamos, de la reforma del INA, son pasos en la dirección correcta. Pero hay mucho más qué hacer.

4. Acciones para mejorar las políticas de empleo y de inserción laboral. El país necesita fortalecer las políticas activas de mercado de trabajo, que combinan incentivos a la contratación, seguros de desempleo, capacitación y servicios de empleo públicos y privados.

5. Acciones para adaptar la legislación laboral y hacer los mercados de trabajo más inclusivos, flexibles y resilientes ante la aceleración tecnológica, la industria 4.0 y ante choques de diversos tipos.

6. Acciones para promover la transformación digital y ofrecer acceso a internet de banda ancha para todos. El país ha hecho avances en esta materia pero nos quedan grandes brechas de acceso para los hogares, los estudiantes, las empresas y el gobierno. Además, las brechas no son solo de acceso, son de uso. Tenemos que terminar de construir las autopistas digitales del siglo XXI y fortalecer su uso efectivo. En esta materia, como en otras deberíamos tener tolerancia cero para instituciones que no funcionen.

7. Acciones para promover la formalización. La informalidad es una fractura en el pacto social y económico, crea ciudadanos de primera y de segunda categorías. La mayoría de los trabajadores informales trabajan por cuenta propia o en micro empresas, con baja productividad y sin protección social. Promover la formalización es promover la doble inclusión: social y económica. Es también un impulso a la productividad y a los empleos de calidad.

8. Acciones para la expansión de la protección social pero basadas en un repensamiento del Estado Benefactor. Costa Rica enfrenta dos grandes retos en materia de protección social, uno inmediato y otro de largo plazo. El primero se refiere a los dilemas que plantea la fuerte expansión de las transferencias monetarias vía el Plan Proteger: ¿hasta cuándo mantenerlo? Mi recomendación es convertirlo en un programa de transferencias con dos condiciones: que los beneficiarios demuestren que están buscando trabajo proactivamente, y que están en algún curso de capacitación.

Los retos de largo plazo están asociados al “pecado original” de los sistemas de protección social en América Latina y Costa Rica no es excepción: su arquitectura se inspiró en el modelo europeo financiado con base en el trabajo asalariado formal, bajo la expectativa de que este iba a preponderar. No fue así.

A esto se suman las nuevas realidades del siglo XXI de la automatización y la digitalización con la proliferación de empleos a tiempo parcial y “a pedido”, (economía gig), más trabajo temporal y a través de agencia, más trabajo independiente, trabajo “fantasma” y de plataforma. La pandemia ha puesto esto bajo una nueva lupa. Las reformas para la expansión de la seguridad social en América Latina, y en esto Costa Rica tampoco es excepción, han sido “parches” o agregados de sistemas no contributivos (fragmentados y ad hoc) que no han abordado el “pecado original” y han dejado brechas importantes de cobertura y suficiencia.

Los sistemas de protección social requieren “reseteo”, y uno de los principales elementos de esto sería avanzar gradualmente hacia ir desenganchando el financiamiento de al menos algunos componentes de la protección social del costo de las planillas y financiarlos con impuestos generales, con un objetivo de universalización. Esto sería otro de los cambios fundamentales que ayudaría a fortalecer el pacto social del Estado de Bienestar y ajustarlo a las realidades laborales, económicas y tecnológicas del siglo XXI.

Ese es el qué, o al menos una lista mínima de prioridades. Sobre el cómo será un tema que abordaré en un artículo separado.