Marvin Arias, expresidente del Banco Nacional: ‘se nos destituyó como represalia por haber actuado de manera independiente y por no haber aceptado presiones e injerencias indebidas de parte de Casa Presidencial’

Acudimos respetuosos ante el llamado de esta comisión legislativa para referirnos a nuestra ilegal destitución como miembros de la junta directiva del Banco Nacional. Venimos también, con humildad y transparencia, a rendir cuentas ante la opinión pública y a explicarle a la ciudadanía que no cometimos absolutamente ninguna falta, que nuestra conducta siempre estuvo orientada a la satisfacción del interés público y que actuamos pensando en lo mejor para el Banco Nacional de Costa Rica y para todos sus clientes, a quienes nos debemos.

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Pero, sobre todo, comparecemos ante ustedes con una honda preocupación y en defensa del principio constitucional de la autonomía e independencia de la banca estatal; porque no hay que llamarse a engaño y hay que decir las cosas como son: se nos destituyó como represalia por haber actuado de manera independiente y por no haber aceptado presiones e injerencias indebidas de parte de Casa Presidencial en el nombramiento de la gerente general del banco.

Las personas tienen que saber y entender que la autonomía de la banca estatal es tan importante que está protegida incluso a nivel constitucional. Con gran sabiduría, el constituyente procuró alejar a la banca estatal de las intromisiones del poder político, que podría haberse tentado a usar los importantes recursos de la banca estatal con criterios y fines políticos, y eso no lo podemos permitir.

La autonomía bancaria no es un principio etéreo, intangible, que no se relaciona con las personas; todo lo contrario, pues el 90% de los recursos del Banco Nacional le pertenecen a sus clientes, a los ahorrantes. Y aquí yo le pregunto a las personas si consideran que su dinero debe ser administrado con criterios estrictamente técnicos, como manda la ley, o si están dispuestos a permitir que se maneje de manera política, porque justamente de eso se trata la autonomía bancaria: de velar por el uso responsable, técnico, apolítico, neutral, del dinero de todos los ahorrantes y clientes del Banco Nacional.

Así que este asunto va más allá de la esfera personal de nosotros, exdirectivos. No se trata solamente de nuestra lucha personal por combatir una decisión ilegal y arbitraria, sino que en el fondo se trata también de la lucha por defender y preservar principios constitucionales que hacen de este país una democracia y un verdadero Estado de Derecho.

Si bien, nos referiremos a esto con mayor amplitud al contestar sus preguntas, de manera preliminar queremos recordar que el proceso de selección de candidatos se le encargó al departamento de recursos humanos del Banco Nacional de Costa Rica, que a su vez contó con la colaboración de la empresa Doris Peters Asociados, experta en reclutamiento y selección de personal, que previamente había sido contratada para esos efectos. La junta directiva se limitó a pedir que se seleccionaran candidatos.

No participamos en modo alguno en el proceso de selección. No definimos los plazos del proceso, ni los medios en los cuales tenían que hacerse la publicación del concurso, ni las pruebas o exámenes que se aplicarían a los candidatos. Eso no le corresponde a la junta directiva y nunca en su historia lo hemos hecho. Estas son cuestiones administrativas que por disposición de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional le corresponden a la administración del banco. Pretender endosarnos responsabilidad por trámites administrativos en los que no participamos ni podemos participar es un absurdo que se contrapone a la lógica y a la práctica bancaria o de cualquier empresa grande.

El proceso de selección de candidatos se realizó sin que ningún integrante de la junta directiva pidiera nada, emitiera alguna directriz o se reuniera con alguna persona. Fue un proceso transparente: de entre 14 candidatos, se identificó a tres que cumplían con los requisitos y, entre esos tres, escogimos a la única persona que tuvo nota 100 y cuya calificación superaba por bastante al segundo lugar. Bajo la dirección de doña Rosaycella Ulloa, la gerente general que nombramos, el Banco Nacional ha reportado las más altas utilidades de su historia y refleja los mejores indicadores bancarios de sus 111 años de existencia, así certificados por la SUGEF. Los clientes del banco pueden estar tranquilos; actuamos velando por sus mejores intereses.

Ahora bien, durante el proceso de selección estuvimos recibiendo oficios de Casa Presidencial, pidiéndonos información sobre el nombramiento con datos sumamente específicos como el número de participantes, sus nombres y los de las personas que cumplían con los requisitos. Incluso se nos pidió expresamente que ampliáramos los plazos del concurso, aspecto en que la junta directiva no participa ni participó por ser algo propio de la administración y de la oficina de recursos humanos. Era tanta la urgencia que llegó a pedírsenos una respuesta el mismo día en que recibimos el oficio. En mis 50 años de carrera bancaria nunca había visto algo así. Esto es altamente atípico y va en contra del principio constitucional de autonomía bancaria.

Como es público y sabido, una vez hecho el nombramiento, el Consejo de Gobierno emitió un comunicado criticando nuestra decisión y se presentó un recurso para que revirtiéramos la decisión. Además, se tomó el acuerdo de mandar nuestro caso al Ministerio Público, a la Procuraduría de la Ética y de abrirnos un procedimiento administrativo y sancionador para investigar faltas inventadas y que nunca existieron.

Así fue como inició un primer procedimiento sancionador en el cual recusamos al Consejo de Gobierno y al presidente de la República por haber adelantado criterio en el comunicado de prensa que emitieron y por las manifestaciones dadas durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial. Esa recusación fue aceptada por el señor presidente de la República, quien además se inhibió de seguir conociendo el caso, por lo que se archivó el procedimiento y trasladó el asunto a conocimiento del primer vicepresidente, señor Stephan Brunner. De manera ilegal e inconstitucional, actuando unipersonalmente, el primer vicepresidente decidió abrir un segundo procedimiento administrativo sancionador, en el cual él actuó como órgano decisor. Sin embargo, él no podía hacer eso porque el nombramiento y destitución de la junta directiva de un banco estatal es competencia exclusiva del Consejo de Gobierno. Lo que procedía en ese caso era que el asunto fuera conocido por un consejo de gobierno integrado por los suplentes, los viceministros y el primer vicepresidente. Pero eso se omitió, y por eso todo lo actuado es absolutamente nulo.

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Ante tan evidente atropello a nuestros derechos y a la Constitución Política, algunos de nosotros formulamos un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, pues consideramos que estamos ante una clara violación del principio constitucional de autonomía e independencia bancaria. Además, la actuación del primer vicepresidente lesiona las competencias constitucionales del Consejo de Gobierno. Estas son materias amparables y esperamos que la Sala las conozca y las resuelva con prontitud.

Por otro lado, algunos compañeros acudieron también a la vía contencioso-administrativa, donde se ha reclamado la abierta ilegalidad de lo actuado y se ha solicitado como medida cautelar nuestra reinstalación.

Quiero terminar aquí mi exposición introductoria señalando que no cejaremos en nuestra lucha; no nos dejaremos amedrentar por estas medidas de represalia tomadas en nuestra contra, por lo que acudiremos a todas las vías legales que correspondan en defensa de nuestros derechos, pero también en defensa de la Constitución, de la autonomía bancaria y el Estado de Derecho, sin el cual no puede haber una verdadera democracia.