EscucharSegún su plan de gobierno, el PAC buscará restringir las importaciones de productos que compitan con la producción nacional como mecanismo para proteger a los agricultores y elevará a rango constitucional la “soberanía alimentaria”. Obviando la incoherencia legal y la imposibilidad física de estas propuestas, me voy a referir a sus implicaciones económicas y sociales, y a sugerir medidas alternativas que beneficien tanto a la agricultura como a todos.
La protección las actividades agrícolas mediante barreras al comercio y fijación de precios ha sido un fracaso económico y social. El caso ejemplar es el arroz. Desde el 2010, los consumidores han pagado en promedio ¢50.000 millones por año de más a los productores de arroz por la fijación de precios. Los más pobres son quienes pagan en mayor proporción, ya que dedican un 60% de sus ingresos al pago de alimentos y comen mucho más arroz que los hogares más ricos. Por otra parte, las ganancias quedan concentradas en muy pocos agricultores. Según cálculos de la Contraloría General de la República, un 50% de los ingresos quedan en manos de solo 33 productores. La UCR afirma que pese a la protección, la productividad sigue estancada y la producción no crece, mientras que las importaciones y los precios de arroz no dejan de subir.
La alternativa
La única forma para que los ingresos reales crezcan es aumentar la productividad. Para ello se requiere innovar constantemente, hacer las cosas de forma distinta. Una innovación o “descubrimiento” puede ser un insumo mejor, una máquina más eficiente, un mercado alternativo, un empaque nuevo o, por qué no, otro cultivo. Sin embargo, el emprendedor agrícola enfrenta varias trabas. Primero, la inversión en nuevas actividades se percibe de mayor riesgo al no tener antecedentes, por lo que es más caro el financiamiento. Segundo, los servicios para fomentar y complementar estas inversiones rara vez existen al no haber escala o demanda suficiente. Tercero, el descubrimiento requiere capacitar y entrenar al personal, que puede luego circular libremente y ser contratado por la competencia. Cuarto, muchas de estas innovaciones son fácilmente copiadas. Así, el retorno de la inversión en innovación es incierto y, por lo tanto, su oferta tiende a ser escasa. Una forma de enfrentar este dilema es que se ofrezca la innovación como un bien público. En un esfuerzo cooperativo, el Estado, con otros entes, puede promover la innovación mediante la investigación y desarrollo de productos, tecnologías y mercados.
Precisamente, eso fue lo que Costa Rica hizo hace 25 años bajo el liderazgo de Cinde. Se desarrollaron programas para la expansión y diversificación del sector agrícola para descubrir la “ventaja comparativa” de Costa Rica en diversas ramas del sector agroalimentario. Esto incluyó la prueba de más de 40 nuevas actividades y la provisión investigación de mercados, información para el comercio y el mejoramiento de la infraestructura comercial. Los esfuerzos del programa agrícola de Cinde llevaron al país a convertirse en líder mundial en la exportación de frutas, vegetales y plantas ornamentales.
Desafortunadamente, Costa Rica dejó activamente de promover los descubrimientos desde que Cinde finalizó su programa agrícola para concentrarse en la atracción de inversiones. No hubo quién tomara el relevo.
El país tiene todos los elementos para restablecer un programa de descubrimientos para innovar y aumentar la productividad. Se cuenta con recursos humanos e instituciones de clase mundial en Catie, Earth, Incae y las facultades de ciencias agrícolas y alimentarias de las universidades. Existen recursos ociosos empantanados por trabas burocráticas en la banca de desarrollo. Se tiene la experiencia exitosa de Cinde y de muchas empresas pioneras y se cuenta con las instituciones del sector agropecuario cuyas potestades le permitirían incursionar en proyectos de este tipo y con personal ávido de contribuir con el desarrollo nacional.
Así que, en vez de quitarles a unos para darles a otros, Costa Rica podría concentrarse en hacer crecer la productividad agrícola, mediante programas concretos que promuevan la innovación y premien el esfuerzo individual.
