EscucharEl episodio de la negativa costarricense a firmar la declaración del Grupo de Lima, el pasado 25 de febrero en Bogotá, Colombia, revela confusión e imprecisión. Después de ser uno de los primeros países en reconocer a Juan Guaidó como mandatario venezolano, el presidente Carlos Alvarado revierte esa decisión y se niega a firmar un documento absolutamente congruente con sus declaraciones anteriores.
Muchas son las hipótesis sobre los factores que precipitan este abrupto cambio de rumbo. Algunos dicen que sus consejeros más allegados en Zapote lo convencieron de lo apartada que estaba su decisión de la ideología del PAC. Otros argumentan que el giro provino de funcionarios de segundo nivel en la Cancillería, de la misma orientación ideológica que los anteriores, quienes se niegan a aceptar la dirección del nuevo canciller y sabotean su gestión, tomando caminos subterráneos hasta casa presidencial para influenciar al gobernante.
Encontrar evidencia clara de estos movimientos es muy difícil, por lo que tenemos que atenernos a los hechos.
Ojalá que la lógica partidaria y burocrática no se anteponga a la lógica de Estado.
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El primer aspecto es la rápida reacción del canciller Manuel Ventura al señalar a don Carlos Alvarado como el responsable de la desafortunada decisión, con el fin de distanciarse del mandatario. El segundo es la aceptación por parte del Presidente, con el débil argumento de que la declaración implicaba intervención militar en Venezuela, tesis que refuta la misma declaración con su llamado al Consejo de Seguridad, a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La declaración es clara en pronunciarse por la transición democrática y elecciones libres, y reitera que la transición debe ser conducida por los venezolanos, de manera pacífica, apoyada en el derecho y sin uso de la fuerza. Pese a que se ha abundado en demostrar la debilidad del razonamiento presidencial, ahora el ministro rectifica la posición inicial de la Cancillería, y en un extenso artículo publicado en la sección de opinión de La Nación intenta refutar las críticas, sugiriendo que la declaración de Bogotá violaba nuestros conceptos de paz y derechos humanos, sin demostrar en qué consiste la supuesta incongruencia.
Serias incoherencias
El artículo incurre en serias incoherencias, tal como señalar que la ayuda humanitaria es causante de las muertes del 23 de febrero. Esta contradicción es de fondo, la génesis de las muertes es el régimen dictatorial liderado por el usurpador Maduro. Ventura no demuestra la causalidad entre ayuda y muertes. Los canales humanitarios no eran un motivo para rechazar una declaración congruente con anteriores manifestaciones del Grupo de Lima, contra el que se lanza por no poner en contacto a todas las partes.
¿Acaso quiere el canciller que Maduro entre en la negociación? ¿No era que el Gobierno de Costa Rica lo desconocía y lo calificaba de ilegítimo? ¿Oscila el ministro de Relaciones Exteriores en sus posiciones?
El canciller revela una concepción ingenua de las negociaciones con los regímenes autoritarios, omite considerar que los dictadores siempre tratarán de ganar tiempo para permanecer en el poder. La falta de claridad argumentativa se refleja al oponerse a la inclinación de algunos mandatarios de dejar abiertas todas las opciones ante el conflicto. No obstante el texto de la declaración no hace referencia a esto. Error lógico y político del señor canciller.
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También ve espejismos el ministro cuando pretende demostrar que el texto hace referencia al uso de la fuerza, cuando es absolutamente lo contrario, creando fricciones con nuestros aliados. Desconoce a Maduro pero habla de contactos con este. ¿Falta de seriedad y consistencia política? ¿Disminuye la confianza de nuestros socios en Costa Rica? ¿Contribuye a quitar presión político-diplomática a la dictadura? ¿Oxigena a Maduro para continuar con la represión?
Estamos ante un canciller bamboleante que juega con las palabras al establecer una división artificial entre las declaraciones de Ottawa y Bogotá. Ambas excluyen el uso de la fuerza, aunque Ventura pretenda que la segunda está diluida. No hay lógica en la argumentación, las dos dicen lo mismo. Quien ha hablado de intervención militar abiertamente es el canciller de Costa Rica, al examinar la hipótesis de una autorización por parte del Consejo de Seguridad.
En su expresión de simpatía por el Grupo Internacional de Contacto se revela de nuevo su política de vaivenes, titubeante no da razones para romper con el Grupo de Lima y participar del Grupo de Contacto. En su artículo no especifica claramente sus discrepancias con el Grupo de Lima.
¿Donde está la diferencia de visiones a la que alude el exjuez Ventura? En su confusión pretende servir a muchos señores en intermitente zigzagueo. ¿Con quién está? ¿Con el Presidente, con el Grupo de Contacto, con el Grupo de Lima, con las facciones de la Casa Amarilla o simplemente cuida su puesto?
Mientras tanto, la política exterior costarricense carece de consistencia, claridad y rumbo.
