La reciente respuesta de la Dirección General de Tributación (DGT) contenida en el oficio MH-DGT-SDGT-OF-0148-2026, de 24 de septiembre de 2026, constituye el capítulo más reciente de una discusión que trasciende el ámbito estrictamente contable y se ubica en el centro de la relación entre la información financiera y el control tributario. Mediante dicho oficio, la Administración Tributaria confirmó que las empresas privadas clasificadas como Grandes Contribuyentes Nacionales deberán aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera Full (NIIF plenas)
Para comprender el alcance de esta posición es necesario remontarse al proceso de adopción de las NIIF en Costa Rica. Desde hace varios años, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica ha incorporado formalmente las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el IASB como el marco de referencia para la preparación de información financiera en el país. Más recientemente, mediante la Circular N.° 06-2022-R, el Colegio reafirmó la adopción plena de las NIIF vigentes como parte del marco técnico contable costarricense.

Sin embargo, desde la perspectiva tributaria, la adopción de estándares internacionales nunca ha significado que las normas contables sustituyan a la legislación fiscal. Por el contrario, el artículo 128 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece expresamente el principio de prevalencia de la normativa tributaria cuando exista conflicto entre el tratamiento contable y el tratamiento fiscal de una operación. Las NIIF constituyen un punto de partida para documentar y reflejar la realidad económica de los negocios, pero la determinación de la obligación tributaria continúa rigiéndose por las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y demás normativa fiscal aplicable.
Precisamente bajo esa lógica, la DGT ha venido desarrollando durante los últimos años una línea interpretativa destinada a armonizar el uso de las NIIF con los requerimientos de fiscalización. Un antecedente relevante fue la resolución DGT-R-029-2018, mediante la cual la Administración Tributaria emitió criterios sobre la interacción entre las normas contables y la normativa tributaria. Posteriormente, diversos pronunciamientos administrativos ampliaron esa interpretación, incluyendo el oficio MH-DGT-OF-0201-2025, citado por la propia Administración como antecedente de la posición actual respecto del tratamiento de los Grandes Contribuyentes Nacionales.
Esta evolución culminó con la emisión de la Resolución MH-DGT-RES-0015-2026, publicada el 29 de abril de 2026 y con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2027. La resolución derogó el criterio contenido en la DGT-R-029-2018 y estableció nuevos lineamientos interpretativos sobre la aplicación de las NIIF y las NIIF para PYMES en el ámbito tributario. Entre los aspectos más relevantes, se dispuso que las entidades clasificadas como Grandes Contribuyentes Nacionales deberán llevar su contabilidad y preparar sus estados financieros utilizando NIIF plenas, mientras que los contribuyentes del régimen general podrán optar entre NIIF plenas o NIIF para las PYMES, según sus circunstancias particulares.
La posición adoptada por la Administración generó cuestionamientos dentro del gremio contable, particularmente en aquellos casos en que una entidad puede ser simultáneamente una PYME acreditada ante el MEIC y un Gran Contribuyente Nacional para efectos tributarios. La inquietud radicaba en determinar cuál clasificación debía prevalecer para definir el marco contable aplicable.
El oficio MH-DGT-SDGT-OF-0148-2026 despeja esa duda. Según la DGT, ambas clasificaciones persiguen objetivos distintos y operan en ámbitos regulatorios diferentes. La acreditación PYME busca facilitar el acceso a programas de apoyo, incentivos y beneficios específicos establecidos por la legislación de desarrollo empresarial. Por su parte, la categoría de Gran Contribuyente responde a criterios de relevancia fiscal, complejidad operativa, volumen económico y riesgo tributario. En consecuencia, el hecho de que una empresa posea una certificación PYME no altera las obligaciones derivadas de su clasificación tributaria.
Más allá de la discusión técnica sobre el marco contable aplicable, el aspecto verdaderamente relevante es el objetivo fiscal perseguido por la Administración. La DGT sostiene que las NIIF completas generan un mayor nivel de revelación y desagregación de información financiera, permitiendo comprender con más detalle operaciones complejas que son especialmente relevantes para fines de control tributario. Entre estas operaciones destacan los financiamientos intragrupo, las reorganizaciones empresariales, la adquisición y valoración de intangibles, las combinaciones de negocios, las transacciones transfronterizas y otras estructuras que suelen concentrar riesgos tributarios significativos.
Desde esta perspectiva, la resolución debe interpretarse como una herramienta de fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras de la Administración Tributaria más que como una reforma de naturaleza contable. La DGT incluso reconoce expresamente que la utilización de la NIIF para las PYMES no constituye, por sí misma, una práctica de evasión o elusión fiscal. El debate no gira en torno a la legitimidad de dicho estándar, sino a la cantidad y calidad de la información que la Administración considera necesaria para ejercer adecuadamente sus funciones de control sobre contribuyentes de alta relevancia fiscal.
No obstante, la adopción obligatoria de NIIF plenas para determinados contribuyentes sí genera consecuencias prácticas importantes. Las empresas que actualmente aplican la NIIF para las PYMES deberán evaluar las diferencias de reconocimiento, medición y revelación que surgirán al migrar a un marco contable más robusto. Asimismo, deberán analizar cuidadosamente el impacto que dichas diferencias podrían tener sobre sus procesos de conciliación fiscal, ya que un mayor nivel de sofisticación contable suele traducirse en un aumento de las diferencias temporarias y permanentes entre la utilidad financiera y la renta imponible.
En este punto resulta fundamental recordar que la transición a NIIF plenas no implica necesariamente una modificación de la carga tributaria. Los estados financieros pueden reflejar determinados activos, pasivos, ingresos o gastos de forma distinta bajo el nuevo marco contable, pero ello no modifica automáticamente el tratamiento fiscal de esas partidas. Por esa razón, la conciliación fiscal adquiere una importancia crítica como mecanismo para justificar las diferencias existentes entre el resultado contable y la base imponible determinada conforme a la legislación tributaria.
En términos prácticos, las empresas clasificadas como Grandes Contribuyentes Nacionales deberían aprovechar el período previo a la entrada en vigor de la resolución para identificar diferencias relevantes entre ambos marcos contables, fortalecer la documentación de operaciones complejas, revisar sus políticas contables y robustecer los procedimientos de conciliación fiscal. Asimismo, será recomendable evaluar el efecto que los cambios puedan tener sobre indicadores financieros, convenios bancarios, políticas de dividendos y reportes corporativos.
Un elemento particularmente relevante desde la perspectiva tributaria es que la adopción de NIIF plenas no es un ejercicio prospectivo. Las reglas de primera adopción exigen reconstruir información financiera de períodos anteriores para asegurar la comparabilidad de los estados financieros. Esto significa que muchas empresas deberán recalcular saldos, reclasificar partidas y documentar ajustes correspondientes a ejercicios previos. Desde la óptica de la Administración Tributaria, esta información histórica cobra especial relevancia porque servirá de base para las conciliaciones fiscales y para explicar las diferencias entre los resultados financieros y las bases imponibles que puedan surgir durante los primeros años de aplicación del nuevo marco contable.
La principal conclusión que deja el oficio MH-DGT-SDGT-OF-0148-2026 es que la Administración Tributaria no tiene intención de modificar el criterio adoptado en la Resolución MH-DGT-RES-0015-2026. Por el contrario, ratifica que, desde su perspectiva, las NIIF plenas constituyen el marco contable idóneo para los Grandes Contribuyentes Nacionales debido al nivel de transparencia y trazabilidad que ofrecen para efectos de fiscalización. La discusión, por tanto, ya no se centra únicamente en qué norma contable debe aplicarse, sino en cómo las empresas deberán prepararse para un entorno en el que la información financiera será utilizada cada vez más como un instrumento de supervisión tributaria.
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El autor es Socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte