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Afirmar que el recorte presupuestario es de apenas un 1% del presupuesto total es una aseveración que se abstrae de las condiciones particulares del presupuesto del Gobierno Central costarricense, posiciona el ejercicio en un plano eminentemente matemático y olvida los fundamentos sobre los cuales se prepara este ejercicio financiero-económico.
A lo largo de los últimos meses, el Ministerio de Hacienda ha expuesto claramente que una de las características más importantes del Presupuesto Nacional es su elevada rigidez. Este concepto se refiere a la imposibilidad que tiene el Gobierno de asignar discrecionalmente los recursos según sus prioridades de desarrollo, dada la existencia de normativa legal y constitucional que ha preestablecido el destino del gasto.
Datos preparados por el Ministerio muestran que el 87% del presupuesto total tiene un mandato legal (pago de deuda, pensiones y transferencias corrientes o de capital, entre otros) o constitucional y un 8% es gasto ineludible (i. e. salarios excepto aquellos del Poder Judicial y el MEP), todo lo cual deja un 5% de lo que se denominaría gasto flexible o recortable. Esta última categoría concentra rubros asociados a gastos de capital (infraestructura, por ejemplo) y compra de bienes y servicios, dentro de los más representativos.
En otras palabras, de cada ¢100 presupuestados, el Gobierno Central tiene un margen equivalente a ¢5 para modificar el nivel de gasto en el corto plazo.
Sobre la base expuesta, resulta claro que cualquier recorte del gasto no puede partir del monto total porque no todo puede ser recortado. Amortización de deuda, intereses, planilla y la mayoría de las transferencias corrientes deberían ser excluidas de ese cálculo, prácticamente, en su totalidad.
Rubros recortables
En el proyecto de presupuesto 2015, la base recortable ascendía a ¢395.000 millones y estaba conformada por gastos de índole operativo, es decir, horas extra, viáticos y servicios básicos, por mencionar algunos. De los ¢97.000 millones finalmente recortados en la fase de Comisión, cerca de ¢61.000 millones correspondían a rubros de la base recortable, lo cual representa en realidad un 15% de ese gasto de operación de las instituciones. Esta deducción, ya de por sí cuantiosa si se toma en su justa comparación, requiere a su vez de dos consideraciones adicionales que no han sido debidamente tomadas en cuenta en la discusión sobre presupuesto.
El primer punto se refiere a la falta de perspectiva sobre el funcionamiento general de la actividad gubernamental. Tal parece que nos hemos centrado más en el árbol que en el bosque y se ha llegado a pensar que el personal es condición suficiente para que el Gobierno opere debidamente. Por ejemplo, si bien para todos los ministerios se ha asegurado el pago de planilla, su actividad regular (para la cual fueron contratados los funcionarios) está severamente limitada al recortarse el pago de servicios básicos, el alquiler de su edificio o los fondos para realizar giras necesarias.
El segundo elemento tiene que ver con la disparidad de los recortes en las distintas instituciones. La aplicación del porcentaje de recorte no fue uniformemente distribuido sino que existen ministerios sobre los cuales recayó un ajuste mayor. En casos como el Ministerio de Hacienda o el de Ciencia y Tecnología, la deducción superó el 10% de su presupuesto en contraste con varias instituciones en donde no se alcanzó el 3%.
En resumen, el recorte presupuestario aprobado por la Asamblea Legislativa no es un recorte pequeño, es un recorte que sí tiene efectos en el funcionamiento de las instituciones, al limitar la funcionalidad de muchos procesos para los cuales los ministerios fueron creados.
