Por: Luis Carlos Olivares.   30 agosto

La pregunta del título tiene mucho de perorativa. No se trata de inquirir si es conveniente o no realizar una reforma fiscal, lo cual para ciertos círculos sería una tesis sencillamente estilística, sino cuestionar si dar ese paso es la solución al déficit y —de ser positiva la respuesta— quién pagaría su precio.

Probablemente nadie habría esperado que Antonio Costa, Primer Ministro de Portugal, hubiese llevado a mejores puertos la economía de su país con una estrategia que desdeña la aplicación de la recomendación más ortodoxa, la austeridad; sin embargo, haciendo un uso más eficaz del gasto y dinamizando la demanda interna para impulsar el crecimiento en el 2016, Portugal logró reducir el déficit en más de la mitad hasta alcanzar una cifra inferior al 2,1% del PIB.

El método portugués dista mucho de ser producto de voodoo economics. No es sino sentido común aplicado: los portugueses pagando todos por su propia recuperación.

Pensar en un esfuerzo conjunto nos puede conducir a cuestionar si el camino que propone el texto de la reforma fiscal es el más adecuado y si, en efecto, se trata de un camino conjunto.

Los cambios que se pretenden en materia del impuesto sobre la renta (ISR) son triviales en lo que a incremento de la recaudación se refiere.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, que pretende reemplazar al Impuesto de Ventas, tiene por objeto el consumo. Es por eso que esta reforma específica sí tendría un impacto más significativo en el ingreso de los hogares, aunque se continúa negociando si exonerar o no la canasta básica. Actualmente el Impuesto de Ventas es palmariamente regresivo: el 10 % más pobre de la población destina 6,68% de su ingreso al pago de este tributo, mientras que para el 10 % más rico este pago representa solamente un 1,14 % de su ingreso.

De acuerdo con el documento Análisis del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente 20.580 y texto sustitutivo, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, el impuesto se vuelve aún más regresivo, pues en caso de aplicar el gravamen a la canasta básica el 10 % más pobre destinaría más del 8 % de su ingreso al pago del gravamen, en tanto que el 10 % más rico destinaría el 1,37 % de su ingreso.

Sucede que en una coyuntura en la que la desigualdad en la distribución del ingreso se mantiene en niveles cercanos al 0,514 según el coeficiente de Gini, y en donde el ingreso promedio por hogar, en el quintil más rico es cerca de 1.300 % superior al del quintil con menor ingreso, el fortalecimiento del nivel de regresividad de un impuesto al consumo puede deprimir la demanda interna, sobre todo en los sectores más vulnerables.

Sectores vulnerables

¿Para qué una reforma fiscal que en buena teoría comporta la intencionalidad de superar el déficit so precio de deprimir la demanda interna y recargar el esfuerzo sobre los sectores más vulnerables?

Ante una deuda que ronda el 50 % de la producción, una regla fiscal que asocie la reducción empírica e ideológica del gasto en un sentido inverso y proporcional al aumento de tal deuda, se vuelve espurio. La premisa es no financiar el gasto corriente con deuda, no comprometer la demanda con una correlación antojadiza.

Finalmente, si no se revisa la calidad del gasto tributario y el régimen de exenciones que asciende a 5,34 % del PIB (197 regímenes de exención creados por 200 leyes), ¿para qué reforma fiscal?

Costa Rica no necesita una reforma fiscal que preconice la austeridad como hito ideológico, sino una transformación integral con un alto contenido técnico y socialmente inclusiva.