Estudios recientes han demostrado que la construcción de la Ruta 27, al unir el Valle Central con Guanacaste y el Pacífico Sur, significó una importante mejora para la producción nacional. El efecto sobre el PIB se estima en $1.400 millones por año. Su ampliación y modernización a una autopista de cuatro carriles tendría un efecto adicional positivo en el PIB de $260 millones por año.
Las razones de ese efecto positivo en la producción nacional son obvias. El costo de las exportaciones e importaciones, que se canalizan a través del puerto de Caldera, tuvo una reducción en el tiempo de transporte y menores gastos de mantenimiento y combustibles. También fue importante la reducción en el tiempo de traslado de la capital a las zonas turísticas de Guanacaste y Pacífico Central, tiempo que sigue siendo excesivo y afecta al turismo.
La Ruta 27 es la que usan los productores del Valle Central que exportan a los países del norte y a través de la Costanera Sur las exportaciones que se realizan a Panamá. El costo de las importaciones en ambos corredores se redujo.
Costa Rica, según informes de la OCDE, es de los países que tienen una infraestructura vial más deficiente, con un efecto negativo sobre el crecimiento económico.
El gobierno anterior había dejado muy avanzadas las conversaciones y negociación con Globalvía para la ampliación y modernización de la Ruta 27. Lamentablemente, el gobierno actual no ha visto positivamente esa iniciativa.
Concluir la negociación y llevar a cabo la reconstrucción de la Ruta 27 es un primer paso, de la mayor importancia, para mejorar la red vial del país, urgente necesidad para alentar un mayor crecimiento económico.
Es lamentable que el gobierno no se haya empeñado en avanzar en dicha negociación y concretar la modernización de esta importante vía a la brevedad posible.
Necesitamos un cambio de actitud por parte del gobierno en los próximos meses. La nueva administración, a partir de mayo del 2026, enfrentará este reto de enorme trascendencia para la vida económica del país.
Bien haría el gobierno actual si concluye la negociación con Globalvía en estos diez meses, de modo que a la próxima administración le toque la reconstrucción de la 27.
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