En 2023, ingenieros de Samsung introdujeron código fuente interno en ChatGPT mientras buscaban corregir errores. Según un memorando divulgado por Bloomberg, la empresa restringió temporalmente estas herramientas en parte de sus operaciones. El episodio ilustra una pregunta que en Costa Rica apenas se discute: ¿qué ocurre con la información confidencial que una empresa introduce en esas plataformas?
La conversación empresarial sobre inteligencia artificial se ha concentrado en la productividad. Mientras tanto, una persona colaboradora resume un contrato, mejora una propuesta comercial o revisa código con ayuda de una plataforma de IA. Para obtener un resultado útil, incorpora información real: precios, márgenes, listas de clientes o soluciones técnicas. La tarea toma minutos, pero la información salió del entorno controlado de la empresa hacia un proveedor externo cuyas condiciones posiblemente nadie revisó.
El riesgo no se limita a una filtración: puede afectar la posibilidad de invocar después la protección jurídica de un secreto empresarial.
El artículo 2 de la Ley de Información No Divulgada NNo. 7975 protegelos secretos comerciales e industriales cuando la información no es generalmente conocida ni fácilmente accesible, tiene valor comercial por su carácter secreto y está bajo el control de una persona que ha adoptado medidas razonables y proporcionales para conservarla como tal. Este último requisito es decisivo: la confidencialidad depende tanto de la información como de la conducta de quien pretende protegerla.
Por eso no basta con una cláusula de confidencialidad en el contrato de trabajo o con la palabra “confidencial” en un documento. Si la organización permite que información sensible se copie en cualquier plataforma, sin saber dónde se almacena, quién accede a ella o si se usará para entrenar modelos, podría resultarle más difícil demostrar que ejerció un control razonable sobre ese activo.
Ahora bien, no todo uso de IA hace perder automáticamente la condición de secreto. La ley, en su artículo 5, permite transmitirla a un tercero o autorizar su uso; el usuario autorizado queda obligado a no divulgarla, salvo pacto en contrario. Lo determinante son las condiciones. No es lo mismo una cuenta gratuita, sujeta a términos generales y sin controles administrativos, que una solución empresarial configurada para impedir el entrenamiento con los datos, limitar su retención y definir las obligaciones del proveedor.
La información confidencial y los datos personales tampoco son lo mismo. Un listado de clientes puede reunir ambas condiciones, pero cada régimen protege intereses distintos: la Ley No. 7975 tutela el valor competitivo de la información secreta; la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales NNo. 8968 protege la autodeterminación informativa.Introducir esa lista en una herramienta externa puede comprometer, a la vez, el secreto empresarial y los deberes de seguridad y confidencialidad, así como las reglas aplicables a la transferencia de datos personales.
El proveedor de IA no es un instrumento neutral. Sus condiciones pueden regular la conservación de las instrucciones, el uso de los contenidos, la ubicación del tratamiento, la intervención de subcontratistas y las garantías ante incidentes. Aceptarlas con un clic no libera de responsabilidad a quien decidió utilizar la plataforma.
La solución no es prohibir toda herramienta. Una prohibición absoluta es difícil de aplicar y lleva a las personas a usar servicios no autorizados desde cuentas personales, con menos controles y sin trazabilidad. Lo razonable es fijar reglas acordes con el riesgo de cada uso.
Una política interna debería definir qué herramientas están autorizadas, qué información no puede incorporarse y cuándo se requiere revisión previa. Conviene, además, clasificar la información, configurar las cuentas empresariales, limitar accesos, conservar registros y capacitar al personal con ejemplos cotidianos. La comunicación expresa importa: el artículo 7 de la Ley 7975 condiciona el deber de confidencialidad de quienes acceden a la información por su trabajo o por una relación de negocios a que se les haya prevenido en forma expresa. Una política que nadie conoce ni entiende difícilmente cumplirá esa función.

Los contratos con el personal, consultores y proveedores merecen igual atención. Las cláusulas tradicionales de confidencialidad no siempre contemplan las plataformas de IA ni establecen quién responde cuando un tercero procesa la información. Actualizarlas no elimina el riesgo, pero delimita responsabilidades y deja constancia de medidas concretas.
La inteligencia artificial puede aumentar el valor de la información empresarial, pero también debilitar su protección cuando se adopta sin controles. El desafío no es escoger entre innovación y confidencialidad, sino integrarlas desde el inicio.
Antes de preguntarse cuánto puede producir una herramienta, la empresa debería saber qué información recibirá, qué hará con ella y bajo qué condiciones podrá eliminarse. En materia de secretos empresariales, la protección no se presume: se construye mediante decisiones coherentes y verificables. Una empresa que no controla cómo comparte su información difícilmente podrá sostener después que hizo lo necesario para mantenerla en secreto.
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La autora es abogada especialista en propiedad intelectual.