La economía digital ha transformado profundamente la manera en que se generan, distribuyen y consumen bienes y servicios a nivel global. Esta revolución digital ha dado lugar a una nueva economía en la que los datos, la conectividad y la innovación tecnológica se erigen como pilares fundamentales para el desarrollo y la creación de valor. Aunque este nuevo modelo ha mejorado significativamente la eficiencia y accesibilidad de los servicios, tanto públicos como privados, también presenta grandes desafíos para los sistemas fiscales tradicionales.
En Centroamérica, y particularmente en Costa Rica, la capacidad de implementar una tributación adecuada en este nuevo entorno es crucial para asegurar el desarrollo económico futuro y promover la equidad fiscal. La economía digital no solo introduce nuevas formas de comercio y servicios, sino que también redefine las bases sobre las cuales se establecen los impuestos, lo que requiere una revisión y adaptación de las políticas fiscales existentes.
Para que Costa Rica pueda enfrentar estos desafíos de manera efectiva es fundamental desarrollar un marco regulatorio para reconocer la realidad de la economía digital y que también se adapte a sus dinámicas. Esto implica la creación de nuevas leyes y regulaciones que aborden no solo la tributación de las actividades digitales, sino que creen un marco regulatorio que, en términos generales, facilite la operación de las empresas en el país bajo un marco de igualdad con las organizaciones que operan en la economía tradicional.
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Por lo tanto, es necesario desarrollar e implementar políticas fiscales que se adapten a la nueva realidad económica, promoviendo así el desarrollo económico y la equidad fiscal en un entorno cada vez más digitalizado. Centroamérica ha mostrado un crecimiento sustancial en la adopción de tecnologías digitales, con un aumento en el uso de plataformas de comercio electrónico, servicios en línea y tecnología financiera.
Los casos de Panamá, en cuanto al desarrollo de la industria financiera de la mano de la tecnología, y de El Salvador, con la creación de incentivos para atraer empresas que se desenvuelvan en esta nueva economía, ponen de manifiesto esta situación; esto sin dejar de lado la asociación del Gobierno de los Estados Unidos con Costa Rica para explorar oportunidades que permitan diversificar y hacer crecer los ecosistemas y crear una cadena de valor global de semiconductores.
Panorama actual
Costa Rica enfrenta grandes oportunidades y desafíos, y es necesario tomar medidas fiscales que impulsen el desarrollo de la economía digital, facilitando el cumplimiento fiscal de los contribuyentes y no solo enfocándose en la recaudación.
Uno de los principales retos de la economía digital, y que no es ajeno a la realidad costarricense, es la dificultad de capturar ingresos en un entorno donde las transacciones pueden realizarse sin presencia física en la jurisdicción.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la Acción 1 del Proyecto BEPS denominado “Los desafíos de la economía digital para la tributación de empresas multinacionales”, identifica varios desafíos clave. Primero, la digitalización permite operar sin presencia física en los países donde se generan los ingresos, lo que desactualiza las normas basadas en una conexión física. Segundo, es crucial determinar un nuevo nexo que permita gravar las operaciones de las empresas e indicar a que jurisdicción se acreditan los ingresos.
Finalmente, la economía digital puede quebrantar el principio de equidad y justicia fiscal, tratándose de forma diferente a una misma actividad económica, ya sea que se preste de forma tradicional o a través de medios digitales.
También se debe sumar el desconocimiento general en materias tecnológicas dentro de las administraciones tributarias, las cuales, a menudo, carecen de los recursos y la experiencia necesaria para abordar las complejidades de la digitalización. Además, las normativas fiscales a menudo no están diseñadas para afrontar estos retos, por ejemplo, la “Ley del impuesto sobre la renta”, promulgada en 1988, no contempla las condiciones necesarias para equilibrar fiscalmente el tratamiento de las empresas en la economía digital.
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¿Qué medidas se podrían tomar?
Para enfrentar los desafíos fiscales actuales, Costa Rica podría beneficiarse significativamente al estudiar y adoptar las mejores prácticas de naciones que han implementado reformas fiscales exitosas. Algunos países han comenzado a abordar estos problemas mediante la introducción de impuestos digitales, una estrategia que podría ser particularmente relevante para Costa Rica.
Es importante destacar que Costa Rica ya ha suscrito el compromiso de implementar los denominados Pilares I y II de la OCDE, donde el Pilar I aborda específicamente la economía digital. Sin embargo, el desarrollo de esta normativa a nivel internacional no ha avanzado con la rapidez esperada, ante esta situación, nuestro país tiene la oportunidad de analizar detenidamente los modelos exitosos de otras naciones y de colaborar a nivel internacional para adaptar estas estrategias a su contexto local.
Reformar la legislación fiscal en Costa Rica, inspirándose en prácticas globales exitosas, es fundamental para asegurar un entorno regulatorio robusto que no solo proteja los ingresos fiscales, sino que también fomente la inversión y el crecimiento económico. La adopción de estas mejores prácticas podría incluir la modernización de la estructura tributaria, la implementación de impuestos digitales de manera efectiva y la mejora de los mecanismos de cumplimiento cooperativo y facilitación del cumplimiento tributario.
Es esencial desarrollar políticas públicas y nuevas regulaciones que reflejen la realidad cambiante del comercio y los servicios digitales. Para una tributación digital efectiva, Costa Rica debe priorizar la formación y el desarrollo de capacidades dentro de su administración tributaria, equipándola con personal especializado que entienda el funcionamiento de las empresas en la economía digital.
Para equilibrar la recaudación fiscal con el fomento de la economía digital, es crucial adoptar una política de impuestos progresiva. Esto no solo implica ajustar las tasas impositivas según la capacidad contributiva, sino también mejorar la cooperación internacional mediante la suscripción de acuerdos que eviten la doble imposición. Además, es necesario incluir normas internas que prevengan escenarios de doble tributación y revisar detalladamente el funcionamiento del impuesto a las remesas, ya que las tarifas actuales son muy altas y disminuyen la competitividad del país.
Una revisión del impuesto a las remesas podría hacer que Costa Rica sea más atractiva para la inversión extranjera. En este sentido, permitir la deducibilidad de los impuestos pagados en el exterior también podría fomentar la inversión extranjera directa (IED) en el régimen definitivo. Este enfoque integral no solo asegurará una recaudación fiscal adecuada, sino que también impulsará el crecimiento económico y la competitividad del país en la economía digital.
Para que Costa Rica pueda adaptarse eficazmente a la economía digital es fundamental desarrollar normas que incluyan la creación de un marco regulatorio efectivo y el establecimiento de políticas públicas que le acompañen, la formación especializada del personal tributario, la implementación de políticas fiscales progresivas, la mejora de la cooperación internacional y la revisión de impuestos específicos, como el de las remesas.
La autora es socia de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Costa Rica.
