Costa Rica se aproxima a la temporada alta con dos aeropuertos que parecen contar historias distintas. Mientras Liberia sostiene un mayor dinamismo en la llegada de viajeros, el Juan Santamaría acumula señales de debilitamiento en su conectividad. La diferencia trasciende a aerolíneas y terminales: obliga a discutir qué turismo estamos atrayendo, cómo se distribuyen sus beneficios y qué condiciones necesita el país para competir.
Entre enero y julio de 2026, Liberia aumentó un 11,6% su oferta de asientos, mientras el Juan Santamaría registró una caída del 2,4%. En la comparación de la tercera semana de octubre, la terminal guanacasteca ganó diez frecuencias semanales y la de Alajuela perdió setenta. Aunque ese corte no representa toda la temporada, constituye una advertencia que no conviene diluir entre anuncios de nuevas rutas.
La perspectiva desde Estados Unidos refuerza la preocupación. Para agosto de 2026 a marzo de 2027, las proyecciones citadas anticipan un recorte del 21% en los asientos hacia San José y del 3% hacia Liberia. Es importante precisar el mercado y el periodo: no se trata de toda la oferta internacional ni de una medición que coincida exactamente con la temporada alta. Un diagnóstico serio exige evitar generalizaciones.
También exige escuchar la precisión de la industria: menos asientos no equivalen automáticamente a menos visitantes. Una mayor ocupación puede amortiguar la reducción de capacidad. Pero esa posibilidad no vuelve irrelevante el recorte. La disponibilidad de vuelos, las fechas y los precios condicionan la capacidad de las empresas para convertir el interés por Costa Rica en reservas. La cautela estadística no debe convertirse en complacencia.
El éxito de Liberia es una buena noticia. Presentarlo como un problema sería desconocer su valor para Guanacaste y para el país. Lo preocupante es que ese impulso no compense el retroceso de la otra terminal. Costa Rica necesita que ambas puertas de entrada funcionen con vigor, no que el avance de una sirva para disimular las dificultades de la otra. La política turística debe partir de esa complementariedad.
La brecha invita, además, a examinar la distribución territorial del turismo. El Centro de Estudios del Turismo advierte sobre una mayor participación de segmentos de lujo, sol y playa, junto con recorridos internos más limitados. Esa interpretación merece atención, pero no demuestra que el crecimiento de Liberia cause el debilitamiento de otros destinos. Corresponde investigar esas relaciones, no enfrentar regiones ni descalificar modelos de negocio.
Hay una presión compartida: llegar cuesta más. Las tarifas base desde Estados Unidos aumentaron en ambas terminales durante los primeros siete meses del año, con un incremento mayor hacia San José. Son valores antes de impuestos y tasas, no el precio final de cada boleto. Aun con esa salvedad, introducen una dificultad adicional para vender un destino cuyos empresarios señalan costos elevados y márgenes estrechos.
Las quejas del sector deben ocupar un lugar central en la discusión con el Gobierno. La apreciación del colón, los costos de operación, los rezagos en infraestructura y la inseguridad aparecen entre los obstáculos señalados por los empresarios. Para quienes cobran en dólares y pagan buena parte de sus obligaciones en moneda nacional, la presión cambiaria reduce el margen disponible. Esos reclamos merecen respuestas concretas, no solo mensajes de confianza en el atractivo del destino.
Eso tampoco significa atribuir cada ruta retirada a las condiciones nacionales. Las restricciones de flota y las decisiones financieras de las aerolíneas también intervienen. El Gobierno y la industria necesitan distinguir cuáles problemas pueden atenderse localmente y cuáles requieren adaptar la estrategia comercial.
Una medida mínima sería acordar, entre el ICT, las autoridades aeroportuarias y las cámaras turísticas, un seguimiento mensual de rutas, asientos, ocupación y tarifas. El ejercicio debería orientar acciones de promoción para los mercados y destinos más afectados, con responsables y plazos definidos. En paralelo, el Gobierno debe identificar medidas ejecutables en seguridad, infraestructura y trámites.
La temporada alta no debería evaluarse únicamente por las divisas o las llegadas nacionales. Importa cuánto de ese movimiento beneficia a hoteles, transportistas, guías y comunidades. El desafío no es escoger entre Liberia y el Juan Santamaría, sino fortalecer ambos y ampliar las oportunidades que generan. Celebrar los avances y corregir los retrocesos son obligaciones compatibles. El país necesita ejercer ambas.