EscucharEn el Estado que tenemos, las autoridades encargadas del tránsito no son capaces de administrar un sistema eficiente de emisión de licencias de conducir, documento esencial para miles de ciudadanos. Ante esto, se ha recurrido a un mecanismo del que existen pocos precedentes a nivel mundial: asignarle la función a un banco.
En lugar de hacerlo mediante una adjudicación transparente y abierta, y darle oportunidad de participar a varios bancos —u otras entidades— que reúnan condiciones y tengan interés en brindar el servicio, se recurrió a designar con carácter exclusivo a un banco estatal.
Tradicionalmente, el servicio había funcionado bien. Sin embargo, con el tiempo, esta especie de monopolio empieza a enfrentar problemas para satisfacer la demanda. Según hemos podido corroborar en varios casos desde El Financiero, la persona que gestiona una cita hoy (en abril) para obtener una licencia de conducir en la Gran Área Metropolitana (GAM), es probable que la obtenga para el mes de julio o más adelante.
La contratación directa entre entes públicos —en el caso de las licencias, entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Banco de Costa Rica (BCR)— puede ser una modalidad apropiada en ciertas circunstancias. Sin embargo, no debería desplazar a los procedimientos abiertos y competitivos de selección de contratistas como modalidad idónea.
“En Costa Rica —según nos dice la OCDE en su Estudio Económico Costa Rica 2020— las entidades públicas recurren excesivamente a las exenciones otorgadas por ley con el fin de permitirle a otras semejantes una mayor flexibilidad para contratar con otras entidades públicas sin un proceso de licitación pública. También utilizan varias excepciones a los procedimientos ordinarios (…) Todo esto impide que el sector privado compita en condiciones de igualdad para las contrataciones públicas, lo que también implica costos excesivos para el Estado y una prestación de servicios deficiente” (p. 44).
El convenio de exclusividad en este caso nos recuerda otros, como la exclusividad concedida al mismo BCR para recaudar los impuestos y timbres relacionados con transacciones inscribibles en el Registro Nacional, que se mantiene actualmente, y la que se otorgó por muchos años al fallido Banco Crédito Agrícola de Cartago para recaudar el impuesto de salida del país, que llegó incluso a colapsar con largas filas el aeropuerto Juan Santamaría.
La opacidad de contratos entre entes públicos y los dudosos resultados en términos de eficiencia los estamos viendo también en otros campos, como obra pública, servicios de telecomunicaciones y contrataciones de publicidad. Recientemente trascendió que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) utilizó un estudio de mercado de una página para otorgarle un contrato en forma directa al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) por ¢2.313 millones. Requerimientos de la nueva Ley de Contratación Pública sobre estudios técnicos y consultas a otros participantes en el mercado fueron ignorados.
En relación con las licencias de conducir, en conferencia de prensa del pasado 21 de marzo, el ministro del MOPT puso en evidencia diferencias entre esa institución y el BCR sobre si el convenio había vencido o no, y habló de romper la exclusividad. Otros bancos públicos habrían manifestado interés en ofrecer también el servicio. No se ha sabido más.
Ante consulta de este periódico, el gerente de Gestión del Sector Público del BCR atribuyó los tiempos de espera actuales a un “incremento significativo y no previsto con la debida antelación” en la demanda del servicio, supuestamente motivado por la alta concentración de pruebas de manejo aprobadas en el primer trimestre del año. La explicación no convence.
La licencia de conducir es un documento esencial para la movilidad en el país, tanto en el ámbito personal como empresarial, por lo que el MOPT debería valorar con prioridad la situación y las alternativas al actual régimen de exclusividad. El BCR, por su parte, debería valorar si realmente puede prestar bien este servicio. A la larga es un tipo de servicio que no debería estar prestando una entidad financiera y conviene que las autoridades valoren otros esquemas.
La tercerización es una herramienta recomendable cuando una institución —como el MOPT con las licencias de conducir— no tiene capacidad de prestar eficientemente un servicio. Es así porque la prioridad en las instituciones no es proteger su aparato burocrático, sino satisfacer las legítimas necesidades de los usuarios y el interés general. Lo que no debería hacerse es recurrir a negociaciones poco claras entre entes públicos, conceder exclusividades no previstas en la legislación y saltarse procedimientos de selección abiertos y competitivos, que son los que pueden darle a la administración los elementos para escoger el mejor camino a seguir.
