De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Política la función de los vicepresidentes de la República es muy limitada: su papel jurídico está restringido a suplir al presidente en sus ausencias. Sin embargo, poco a poco se les han asignando funciones importantes, de ahí que su nombramiento tenga repercusiones en el proceso electoral y más allá.
La mayoría de los partidos políticos que participarán en los comicios del 2018 han nombrado ya los candidatos a esos puestos. Entre los nominados hay personas con experiencia política y empresarial, mientras otros son perfectos desconocidos. En momentos cuando inicia una nueva ruta hacia las urnas resulta apropiado reflexionar sobre las causas e implicaciones de estas decisiones partidarias.
Una de las funciones de estos nombramientos es su utilización como espacio de reconciliación entre las tendencias partidarias internas. Dar una posición relevante a una persona vinculada con rivales pareciera un camino apropiado para lanzar una señal de unidad y reconciliación y facilitar así la integración de los perdedores al esfuerzo electoral.
Igualmente pueden utilizarse estas designaciones como un medio para incorporar sectores sociales y políticos que no han estado en la vida partidaria o desconfían del candidato. Un aspirante a Zapote percibido como izquierdista tenderá a apaciguar los temores empresariales postulando personas cercanas a esos círculos. Un candidato deseoso de obtener la incorporación de los trabajadores organizados “bendecirá” a un dirigente sindical vinculado con poderosos sindicatos de maestros.
El tema generacional también puede jugar en estas escogencias. Un candidato adulto mayor buscará la compañía de vicepresidentes jóvenes, mientras que un candidato joven recurrirá a las canas. No cabe duda de que el tema de género es importante por disposición legal.
Un candidato convencido de su grandeza prescindirá apostará por personas sin trayectoria, pues en su culto a la personalidad lo único que cuenta es él.
La cuestión del financiamiento partidario también juega en estas designaciones. Un aspirante a vicepresidente con fuertes vínculos con medios financieros puede ser garantía de generosas contribuciones.
Razones de organización del trabajo gubernamental también cumplen un propósito. Generalmente se busca un vicepresidente que tenga formación u experiencia en el terreno económico para que pueda orientar la política económica. Paralelamente, se persigue nombrar personas con experiencia y formación en política social.
Tales atribuciones de funciones pueden resultar problemáticas, pues al no existir una definición legal de ellas dejan a los vicepresidentes sin músculo para llevar adelante objetivos de política pública, encontrándose con ministros que se escudan en sus leyes orgánicas para ofrecer resistencias excusables a los mandatos presidenciales. Por esto, cuando los mandatarios quieren otorgar autoridad a sus vicepresidentes optan por recargarles algún ministerio.
En circunstancias particulares, frente a determinadas crisis, los candidatos a la Presidencia optan por privilegiar los nombramientos de personas ubicadas en profesiones como la economía. La crisis fiscal actual pareciera estar motivando el nombramiento de varios economistas. La reforma fiscal ocupará, desde el primer día, la atención del futuro gobernante, por lo que algunos aspirantes comienzan a prepararse escogiendo personas muy calificadas en esta materia.
En contextos de crisis de seguridad interna o externa los nombramientos de personas con antecedentes policiales o militares pueden jugar en la toma de estas decisiones.
Pretender dar a estos nombramientos importancia decisiva en el curso del proceso electoral es arriesgado e ingenuo. La campaña política se personaliza intensamente en torno a la figura del candidato presidencial, y si bien los acompañantes pueden aportar algo, lo cierto es que el centro del proceso no gira en torno a ellos. Sin embargo, entre señalar esto y concluir que los candidatos a vicepresidentes juegan un papel meramente decorativo en la campaña y en el gobierno, hay una gran diferencia.
En el curso de la campaña estos nombramientos se suman al arsenal simbólico de los contendientes y fallos en sus pasados pueden implicar elementos negativos para el candidato presidencial.
Ya en el gobierno, aunque sus funciones no estén definidas constitucionalmente, más allá de la suplencia, lo cierto es que el respaldo presidencial y el protagonismo mediático les otorgan un peso específico en el proceso político.
Las funciones políticas no surgen únicamente de los textos legales, sino que son creadas por la práctica política.
