Las empresas públicas son de todos los costarricenses. Lo decimos con frecuencia, pero ¿qué significa realmente ser propietarios?¿Qué ocurriría si esa propiedad dejara de ser solamente una idea y una parte pudiera traducirse en dividendos y derechos de voz y voto para los ciudadanos?
Sacar a la bolsa una participación de algunas empresas públicas permitiría al país obtener recursos y dotaría a los ciudadanos de participaciones accionarias, transformando las finanzas (y el know-how) de muchos costarricenses. Además, ayudaría a profundizar el mercado de valores de Costa Rica y obligaría a las empresas estatales a rendir cuentas de manera distinta.
Sería interesante abrir un debate sobre este tema. Para ello podemos estudiar experiencias internacionales.
En Colombia la Ley 1118 de 2006 permitió la capitalización de Ecopetrol, la empresa nacional de hidrocarburos. En su primera colocación, en 2007, casi 483.000 personas se convirtieron en accionistas y el Estado conservó el control de la empresa con un 88%. En Noruega se abrió el capital de Telenor, la compañía de telecomunicaciones, en el año 2000. Incorporó decenas de miles de nuevos accionistas y el Estado es dueño de más del 54% de la compañía. Alemania abrió Deutsche Telekom al mercado en tres grandes ventas, de 1996, 1999 y 2000. En esas ocasiones, los inversionistas particulares recibieron respectivamente el 43%, 54% y 70% de las acciones colocadas.
En Costa Rica se puede pensar en hacer algo similar con el INS, Bicsa o Kölbi, el negocio de telecomunicaciones del ICE. Se podría colocar en bolsa una parte (49%) de las acciones con prioridad a las operadoras de pensiones u otros inversionistas institucionales, estableciendo reglas armoniosas con las reglas de los mercados en competencia. En el caso de los fondos de pensiones, millones de trabajadores participarían indirectamente de los rendimientos de esos activos a través de su ahorro previsional. Incluso se podría explorar ofrecer una parte a fondos internacionales.
La OCDE recomienda que las empresas estatales operen con altos estándares de transparencia, contabilidad, cumplimiento y auditoría, comparables con los de las empresas que cotizan en bolsa. Parte de este camino se ha recorrido. La OCDE también recomienda proteger los derechos de los accionistas minoritarios y garantizarles acceso equitativo a la información, por lo que con la oferta en bolsa ello requeriría ajustar la gobernanza.
Las empresas públicas son parte de la riqueza construida por generaciones de costarricenses. Sería interesante pensar en los ciudadanos no solamente como usuarios, contribuyentes o votantes, sino también como posibles propietarios de esa riqueza.
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Dyalá Jiménez es abogada y se especializa en resolución de disputas internacionales. Es miembro de las más prestigiosas instituciones de arbitraje del mundo, como el Ciadi del Banco Mundial, el Consejo Internacional de Arbitraje Comercial y el Consejo Internacional de Arbitraje para el Deporte. Es exministra de Comercio Exterior y conforma la Junta Directiva de Cinde.
