El mercado de valores costarricense ha operado históricamente bajo las dinámicas de una suerte de estanque confinado. A pesar de los esfuerzos periféricos por dinamizar las negociaciones y sofisticar los instrumentos disponibles, las barreras estructurales y un enfoque regulatorio tradicionalmente insular mantuvieron a nuestra plaza bursátil rezagada en el contexto de la globalización financiera.
Sin embargo, el panorama legal y operativo del país acaba de experimentar un giro copernicano. La reciente aprobación y entrada en vigencia de la Ley N.° 10973, votada unánimemente por la Asamblea Legislativa el pasado 27 de agosto, marca el hito más disruptivo en la arquitectura financiera local desde la promulgación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores N.° 7732 en la década de los noventa.
La Ley N.° 10973 no es una reforma cosmética, como tampoco un accidente legislativo; es una demoledora concertación de las fronteras burocráticas que impedían el arbitraje y el flujo eficiente de capitales transfronterizos. Es fundamental destacar que esta normativa fue impulsada por las mismas autoridades bursátiles del país, bajo lo que yo interpreto como un loable principio de humildad operativa.
Los organizadores y vigilantes del mercado costarricense entendieron que el aislamiento de nuestra plaza era insostenible ante la sofisticación del capital y que intentar contener las dinámicas globales por decreto era equivalente a intentar tapar el sol con un dedo. Su objetivo medular es nítido: facilitar la negociación de valores extranjeros en Costa Rica mediante la implementación del principio de reconocimiento de jurisdicción y habilitar la operación remota a intermediarios internacionales de bolsa.
Este cambio normativo introduce un concepto revolucionario para el sector corporativo: el arbitraje regulatorio constructivo. Bajo las nuevas reglas del juego, un emisor local que busque financiamiento ya no estará confinado exclusivamente a los tiempos y costos de los procesos de inscripción domésticos.
Una corporación costarricense podrá optar por estructurar y registrar sus emisiones en plazas financieras globales maduras, competitivas en costos y ágiles en sus tiempos —como Suiza, Irlanda y la misma Panamá— y, gracias al reconocimiento automático de jurisdicción, colocar esos mismos títulos de forma inmediata entre las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) y los fondos de inversión locales. No se trata de eludir la supervisión, sino de aprovechar las economías de escala de la arquitectura financiera internacional.
Este escenario plantea una reorganización darwiniana del mercado bajo la máxima de “zapatero a tus zapatos”. Con la apertura de esta autopista digital, las grandes instituciones, las OPC y los clientes de alto patrimonio individual (HNI por sus siglas en inglés) navegarán en las naves de los mejores asesores de inversión del mundo; su acceso a los colosos de la banca de inversión será directo y expedito, dejando por fuera a los intermediarios tradicionales locales.
Ante esta nueva realidad, al país llegarán los mejores asesores de firmas icónicas de Nueva York, Londres y Suiza, y muchos de estos gigantes internacionales aprovecharán las nuevas ventajas normativas para instalar sus propias oficinas de representación en el país.
Ante ese desembarco de talento global en suelo tico, la supervivencia de los puestos de bolsa locales ya no dependerá de disputar esos grandes capitales institucionales, sino en un pivote radical hacia la conformación de portafolios para el mercado retail y en una refinación urgente y profunda de los perfiles de sus asesores, que podrían incluso estar sujetos a nuevas credenciales basadas en su señorío, para alinearlos a estándares internacionales.
Los intermediarios domésticos deberán enfocar sus esfuerzos en extinguir el viejo rol del agente de bolsa tradicional —visto meramente como un tomador de pedidos— y sustituirlo por el de un estratega patrimonial sofisticado.
El nuevo núcleo del negocio descansará sobre el factor confianza, la reputación de la firma y el acompañamiento personalizado, así como en los que con mayor rapidez se unan a estos nuevos requerimientos, fundamentando su nicho en el diseño de portafolios diversificados para el inversionista medio y afluente, combinando la cercanía humana con la distribución de estructuras globales eficientes.
Frente a una ola gigante de escala global, la estrategia nunca debe ser la resistencia estéril, sino aprender a navegar sobre ella. La Ley N.° 10973 no deja por fuera al jugador local; desplaza al modelo de negocio y al perfil profesional que se niegue a evolucionar.
Las cartas están sobre la mesa y el búnker normativo costarricense finalmente se ha abierto al mundo. El optimismo está respaldado por la técnica: Costa Rica ha iniciado su marcha irreversible hacia las grandes ligas de la negociación de valores global. La ola ya está en camino.
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El autor es analista financiero especialista en mercado de valores.
