Por: Pymes El Financiero.  27 mayo, 2013
Expertos internacionales explicaron el lunes las ventajas de los consorcios para las mipymes.
Expertos internacionales explicaron el lunes las ventajas de los consorcios para las mipymes.

Italia es un país pionero en el tema de consorcios, con 43 años de haber implementado un sistema que ahora se ha transferido a más de 20 países, entre esos a Costa Rica, gracias al apoyo de la Onudi, la organización que fomenta el establecimiento de este tipo de asociaciones debido a las ventajas que otorga a las mipymes.

Para el especialista de Onudi, Carlos López Cerdán, entre los beneficios para las mipymes que ofrece un consorcio están la compra de materias primas e insumos de manera conjunta, lo que ayuda a disminuir costos; vender de forma consolidada y gestionar la producción. Destacó que “las pymes aisladas tienen menor poder de negociación y limitado acceso al financiamiento”.

Además, esa figura eleva la competitividad, evita la duplicidad de inversiones y mantiene la individualidad en el manejo de cada empresa.

Para que el grupo reunido en un consorcio tenga éxito, López Cerdán considera que el proyecto debe surgir de base empresarial, “que ellos lo quieran y no que se los impongan”; también debe haber un líder empresarial, cohesión de grupo y, que todos los socios participen en la toma de decisiones.

Indicó que también hay obstáculos comunes, como la desconfianza, la ausencia de liderazgo, la competencia entre los miembros o incluso que el grupo tenga miembros de tamaños inadecuados.

En el caso de Italia, de donde Onudi tomó su modelo, el gobierno otorga subsidios a los consorcios de hasta 70% y según la cantidad de miembros. Aplica por ejemplo para gastos promocionales, como viajes, capacitaciones para exportación, servicios de traducción e intérpretes, estudios de mercado. La aplicación a esos subsidios se hace cada año.

Existe un gran consorcio de consorcios: la Federexport, que agrupa 120 consorcios con un total de 4.500 empresas mipymes, que representan el 4% de las exportaciones del país.

En el caso de México, López Cerdán detalló que los primeros pasos se dieron en 1993 cuando ese país estaba listo para firmar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, “con el fin de elevar la competitividad de las mipymes a través de la asociatividad”.

“Fue una política de ajuste ante el tratado, para evitar la ‘muerte’ de miles de mipymes que no estaban listas”, resaltó el especialista.

La figura mexicana es denominada “Empresas Integradoras”, ofrece beneficios como un régimen simplificado de tributación por 10 años y, en 20 años, ya cuenta con 1.125 casos de empresas integradoras, que agrupan unas 40.500 mipymes, sobre todo del sector agropecuario.

El último caso expuesto en la actividad fue el de Uruguay, donde según Jorge Martínez, del ministerio de Industria de esa nación sudamericana, el avance legal para la figura de consorcios de exportación se dio luego de años pero ante la evidente importancia del sector en la economía.

“En Uruguay un 70% de la mano de obra del sector privado está en mipymes y la asociatividad era vital para que superaran trabas como de comercialización, de investigación y desarrollo y con los consorcios fomentamos eso, dando orden para que se movieran en un marco de relativa seguridad”, explicó.

La figura elegida fue la de “Grupo de Interés Económico”, mismo que carece de efectos tributarios, o sea, no son grupos de lucro. Para evitar abusos o que se distorsionará la idea original, la ley establece por ejemplo que al menos la mitad de miembros de un consorcio deben ser mipymes y, que un 75% de los deben estar de acuerdo con el ingreso o salida de un miembro.

Caso costarricense: la Región Brunca

Onudi apoyó un proyecto piloto en Costa Rica, específicamente en la Región Brunca, donde se establecieron tres consorcios de exportación. En uno de ellos está la microempresa Frutylac, que produce pulpas de frutas y lácteos, y que se unió a otras seis empresas de la misma zona para promocionarse en conjunto, con el objetivo de internacionalizarse en unos dos años.

El objetivo ha estado en “crear capacidades locales, priorizando cuáles son las necesidades y desafíos de una zona que es muy pobre, aprovechando sus riquezas con una política económica sostenible”, dijo la jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), Mayi Antillón.

Aunque la etapa de acompañamiento por parte de Onudi ya terminó, ellos continuarán recibiendo apoyo de las autoridades. El acompañamiento seguirá pues “están en un punto, en que, si se les deja solos, se podría revertir el progreso”, apuntó la ministra.

En el reciente estudio del Meic sobre estado de las pymes, se encontró que a pesar del aporte del 30% al PIB, la concentración de producción está en la región central, en tanto en las zonas más deprimidas, como el sur o el caribe, la presencia e impacto de pymes es mucho menor.

Entre las cifras resalta que el 77% del parque empresarial de las pymes por región está en la zona central, y las de menor concentración, con 4% cada una, las regiones Atlántica, Brunca y Chorotega, que son además, de las más deprimidas social y económicamente en el país.

La oferta productiva no varía, con un 57% de participación de la región central, en tanto las restantes regiones van de 3% a 4%.

Antillón aseguró el lunes que un proyecto de ley sobre consorcios estaría listo en corto plazo con apoyo de Onudi, pues existe mucho interés en apoyar su crecimiento. Hasta el momento los consorcios se conforman de forma voluntaria pero no cuentan con un marco legal regulatorio.

“Estaríamos llamando a todos los que han desarrollado experiencias de consorcio para presentar una base técnica aportada por la experiencia de ONUDI, que sería una legislación comparada, para que, en menos de tres meses, podamos presentar una iniciativa de esta naturaleza”, manifestó.

De forma paralela, las autoridades arrancarán en junio procesos piloto en la zona huetar norte y en el litoral atlántico con “Limón Emprende”, que recibe cooperación de ONUDI y del Banco Mundial.

La ministra indicó que “lo que se busca es fomentar el desarrollo de las Ppymes a través de un instrumento jurídico moderno, ágil y eficiente que promueva la asociatividad empresarial”, como lo han hecho otros países.