EscucharEl plazo para la primera subasta pública de frecuencias en la historia de Costa Rica venció este 21 de noviembre confirmando los peores pronósticos: el proceso resultó devastador para el ecosistema mediático nacional. Más de 50 emisoras y una decena de canales de televisión quedaron fuera de la contienda, excluidos por un modelo de concurso que el sector califica de prohibitivo y diseñado a la medida exclusiva de quienes poseen un vasto músculo financiero.
La narrativa de “modernización” y transparencia impulsada por la administración Chaves chocó de frente con la viabilidad económica de los participantes. Lejos de dinamizar el mercado, la combinación de precios base “exorbitantes” y requisitos técnicos “inalcanzables” precipitó la renuncia de emisoras históricas, medios regionales y voces comunitarias, detonando una crisis que amenaza con reducir drásticamente la pluralidad informativa del país.
Un proceso sin precedentes con precios millonarios
El Poder Ejecutivo ordenó en junio de 2024, mediante el Acuerdo Ejecutivo 063-2024-TEL-MICITT, que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) convocara a un concurso público para adjudicar frecuencias de radiodifusión sonora en AM, FM y televisión abierta. Era la primera vez que Costa Rica cobraba por el uso de estas frecuencias mediante subasta, rompiendo con un sistema que desde 1954 había operado bajo el principio de prórroga automática de concesiones.
Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), la ministra Paula Bogantes aseguró que la subasta busca “democratizar” el uso del espectro radioeléctrico y representa “el mecanismo que garantiza un mejor servicio para los usuarios, fomenta la competencia y asegura la participación de todos los interesados de forma justa y transparente”.
El gobierno describió el proceso como “un paso decisivo y trascendental para fortalecer la libertad de expresión”, argumentando que “este no es solo un procedimiento administrativo; es la materialización de un compromiso con la transparencia y la equidad” y que “las puertas están abiertas para todos”.
La administración sostuvo que las emisoras han pagado históricamente montos “extremadamente bajos” por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, ejemplificando que una radio FM que pagó 420.000 colones desde 1954 “debería haber cancelado 70 millones en esos 70 años”.
La Sutel publicó los pliegos de condiciones el 19 de septiembre de 2025, estableciendo precios base que oscilan desde los $9.653 para una frecuencia AM hasta $1,6 millones (unos 800 millones de colones) para un canal de televisión con cobertura nacional. Para radio FM nacional, los precios van de $193.051 a $386.102.
Pero el costo no se limita al precio base de la subasta. Los pliegos incluyen exigencias técnicas que, según el sector radiofónico, requieren inversiones adicionales de varios millones de dólares: redundancias en equipos, transmisores duplicados y una infraestructura que muchos consideran innecesaria.
“Las condiciones ruinosas e imposibles de la subasta propuesta por la Sutel, con exigencias técnicas innecesarias y fuera de la realidad nacional”, escribió Cadena Musical en un comunicado para justificar su decisión de no participar.
El éxodo masivo de medios históricos
La lista de emisoras que declinaron participar se lee como un catálogo de la historia radiofónica costarricense. Radio Sinfonola (90.3 FM), con casi 60 años de trayectoria, fue una de las primeras en anunciar su retiro del aire. Su fundador, Carlos Lafuente, explicó que la empresa no tiene capacidad para asumir los “cientos de millones” requeridos. “La base son $360.000, y hay que contar con que ellos van a decidir cuáles equipos se van a instalar porque lo que se tiene hay que desecharlo”, declaró Lafuente.
La Cadena Musical, que opera Radio Musical (97.5 FM) y Radio Hit (104.7 FM), también se negó a participar e interpuso acciones legales ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Lo mismo hizo la Cadena Radial Costarricense (CRC), que agrupa cinco emisoras: CRC 89.1, 94.7, 95.9 Conexión, Azul 99.9 y 103.1 FM.
El Grupo Columbia, uno de los más prestigiosos del país, confirmó que sus cuatro frecuencias —Columbia (98.7 FM), Columbia Estéreo (92.7 FM), Radio 2 (99.5 FM) y Amplify Radio (95.5 FM)— también quedaron fuera. La periodista Vilma Ibarra explicó en el programa Hablando Claro: “Lo cierto es que la mayoría de las empresas de radiocomunicación no pueden participar, porque es exorbitantemente elevado y no pudimos participar”.
Medios regionales y comunitarios sufrieron un golpe aún más duro. Emisoras como Élite Radio de Turrialba, La Potente Radio TV de Aserrí, Onda Brava de Guanacaste y Radio Bahía Puntarenas y Limón anunciaron que no podían asumir los costos.
En televisión, la situación es igualmente crítica. La televisora católica Telefides, que llega a zonas rurales sin acceso a cable o internet, confirmó que no participaría. “Nos duele en el alma, pero no podremos participar; eso significaría dejar de llegar a las personas más humildes, las que dependen de la señal abierta y gratuita”, declaró Saray Amador, presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel).
Otros canales que anunciaron su salida de la televisión abierta incluyen Canal 1, Canal 19, VM Latino y el canal Opa, que seguirán transmitiendo únicamente por cable.
La Cámara Nacional de Radio (Canara) estima que entre 40 y 50 radioemisoras —de un total de aproximadamente 125 en el país— quedaron fuera del proceso. Esto representa cerca del 40% del sector radiofónico nacional.
En contraste, los dos grandes grupos televisivos del país confirmaron su participación. Televisora de Costa Rica (Teletica), propietaria de los canales 7 y 33, presentó su oferta reafirmando “nuestro compromiso con la libertad de expresión y el acceso a la información”. El Grupo Repretel también oficializó su participación, señalando que busca “garantizar continuidad, mantener y ampliar la cobertura a nivel nacional”.
Batallas legales y objeciones desestimadas
El proceso enfrentó una fuerte resistencia legal. Un total de 29 recursos de objeción fueron presentados ante la Contraloría General de la República (CGR) por empresas, cámaras empresariales y concesionarios actuales. Los argumentos cuestionaban la legalidad del proceso, los precios base, las exigencias técnicas y la falta de consideración de la renovación automática contemplada en contratos vigentes desde 2004.
Andrés Quintana, presidente de la Comisión de Gobierno de Canara, sostuvo: “Jamás vamos a participar en un proceso ilegal, además de inmoral. La ley habla de un concurso, nunca de una subasta”. La organización argumenta que los contratos firmados en 2004 y renovados en junio de 2024 les garantizarían continuidad por 20 años más.
Sin embargo, la Contraloría rechazó las 29 objeciones el 3 de noviembre de 2025, despejando el camino para que Sutel continuara con el proceso. La CGR respaldó la legalidad de la subasta y reiteró las competencias de la Sutel para ejecutar el procedimiento concursal.
Diversos procesos judiciales permanecen abiertos. La Sala Constitucional recibió un recurso de amparo argumentando que la subasta fue diseñada “bajo una lógica predominantemente económica y recaudatoria” que podría excluir a actores históricamente relevantes para la vida cultural del país.
Voces de alerta desde múltiples sectores
La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un pronunciamiento el 23 de noviembre en el que instó al gobierno a “repensar” los criterios de la subasta. El presidente de la Conferencia, Javier Román Arias, escribió: “La pluralidad comunicativa se sostiene en la diversidad de proyectos que, desde distintas convicciones y perspectivas, enriquecen la vida democrática. Defender su existencia es defender la posibilidad de que Costa Rica escuche todas sus voces, no solo las que provienen del poder económico”.
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) también se pronunció, calificando la subasta como “un golpe a la libertad de expresión”. En su comunicado señaló: “La defensa del pluralismo informativo no es solo una exigencia legal, sino un deber ético que debe marcar el rumbo de las políticas públicas en materia de telecomunicaciones. Costa Rica merece más voces, no menos”.
La Universidad de Costa Rica, por su parte, aprobó un acuerdo el 18 de noviembre solicitando al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) suspender el proceso de adjudicación.
El impacto en las zonas rurales
El sector más afectado por la reducción de medios será la población rural, que depende en mayor medida de la radio y televisión abierta. Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2023, solo el 46% de las familias en zona rural cuenta con televisión paga, mientras que a nivel nacional la cifra alcanza el 60%.
“El usuario máximo y último más importante es el oyente. Si por algún motivo no sucediera que se renueven las concesiones, esas emisoras desaparecen y ese público se queda sin atención. No todo el mundo tiene la capacidad de pagar cable o internet”, advirtió Andrés Quintana.
La respuesta presidencial
El presidente Rodrigo Chaves anunció el 23 de noviembre que se referiría públicamente al tema el miércoles siguiente, prometiendo “corregir las declaraciones que han hecho algunas personas con el fin de desinformar a la opinión pública”. El mandatario convocó a representantes de emisoras católicas y evangélicas a una reunión para “encontrar soluciones a cualquier inquietud legítima”, sin especificar qué tipo de medidas se considerarían.
En el comunicado oficial, Casa Presidencial insistió en que el “único interés de este gobierno es maximizar el beneficio para la mayoría de personas”. Sin embargo, críticos señalan que la concentración de frecuencias en manos de grandes grupos empresariales reducirá, no ampliará, las opciones informativas de los costarricenses.
Los próximos pasos
Con el cierre de ofertas, la Sutel inició la fase de evaluación de admisibilidad, que tomará 20 días hábiles. Seguirán la publicación de ofertas económicas, una fase de puja adicional, análisis técnicos y la aprobación final por parte del Consejo de la Sutel antes de remitir los resultados al Micitt. De mantenerse el cronograma, los nuevos concesionarios podrían ser nombrados entre febrero y abril de 2026.
Mientras tanto, los medios que no participaron en la subasta continúan transmitiendo al amparo de medidas cautelares judiciales que les permiten operar hasta que exista una resolución definitiva o se asignen las nuevas concesiones. Pero la incertidumbre prevalece: para muchas voces históricas del dial costarricense, el silencio podría ser inminente.
---
Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.
