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Un grupo de 572 empresas y personas físicas con permiso temporal para utilizar el espectro radioeléctrico deberán suspender o apagar los equipos que operan en estas frecuencias.
Lo anterior según el acuerdo ejecutivo firmado por la ex presidenta Laura Chinchilla en febrero y publicado recientemente por tres días consecutivos (del 9 de junio al 11 de junio) en el diario oficial La Gaceta.
Se trata de permisos para la instalación y uso temporal de frecuencias que fueron otorgados para realizar pruebas de frecuencias o canal de radiocomunicación de uso privado antes del 2008, cuando estaba en vigencia la Ley de Radio. Inicialmente tenían un periodo de instalación cuya vigencia era de seis meses, con posibilidad de una única prórroga de hasta seis meses más.
Juan Manuel Campos, abogado de Ciber Regulación, explicó que estas empresas y personas físicas no concluyeron el proceso porque la Oficina de Control de Radio carecía de la capacidad para hacer las pruebas técnicas que permitirían dar el aval final de la concesión. "Esto generó una presa de trámites que creció en el tiempo", dijo.
Los afectados incluyen asociaciones de taxis, bananeras, fincas, cableras y empresas que requieren de sistema de comunicación internas.
Campos explicó que la Ley General de Telecomunicaciones del 2008 estableció un transitorio que permitía a este grupo terminar la solicitud de concesión con las reglas que establecía la Ley anterior. Empero, un dictamen de la Procuraduría General de la República definió que estos permisos habían caducado.
El acuerdo del Poder Ejecutivo dice que, conforme a la caducidad de estos permisos, quienes posean un permiso temporal para usar frecuencias deberán suspender los servicios y actividades para evitar la aplicación las sanciones.
Para ello, el gobierno ha instruido a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para que ejerza sus funciones de vigilancia del espectro radioeléctrico, con el objetivo de que este recurso natural no sea utilizado sin el título habilitante respectivo.
Fabio Masís, director de la Cámara de Infocomunicación, considera que la resolución de la situación de este grupo de empresas tiene más de una década de historia.
“El Estado, por su ineficiencia para revisar si los solicitantes cumplían con los requisitos, tuvo que crear la figura de las reservas de frecuencias (término con el que se conoce la situación de estas compañías) y hasta cobró cánones a todas las personas físicas y jurídicas a las cuales ahora se les declararía caducas sus frecuencias (permiso de uso)”, dijo Masís.
Las empresas afectadas tienen hasta el lunes 16 de junio para presentar un recurso de reposición ante el Poder Ejecutivo. El documento deberá ser presentado en el Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
