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La nueva legislación que sustituirá a la actual Ley de Radio (No. 1758) se gestará en una lucha de sectores: mientras los empresarios preferirían concebirla después del encendido digital, la academia y el Gobierno insisten en incubarla inmediatamente.
La normativa actual data de 1954 y fue calificada como obsoleta por la Contraloría General de la República frente a la coyuntura de transición, por lo que mandó al Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt) a redactar un nuevo proyecto para este año.
Aunque de acuerdo con el informe de los 100 días del Ministerio, julio era el límite para presentar el nuevo proyecto, la ministra, Gisela Kopper, confirmó que solicitarán una prórroga hasta agosto del 2015 para redactarla.
Las posibilidades que ofrece la televisión digital permitirán liberar espectro (un bien escaso y codiciado), aumentar la calidad de la imagen y ofrecer productos interactivos a los usuarios.
En un país en el que la penetración de la televisión alcanza a la mayoría de la población, una nueva normativa vendrá a definir las condiciones en las cuales se otorgarán, a partir de ahora, las concesiones del espectro radioeléctrico para servicios de radiodifusión abiertos.
En consecuencia, alrededor del nuevo proyecto se tejen intereses, resistencias y preocupaciones de todos los involucrados en el proceso, quienes alzan la voz desde ahora para ser tomados en cuenta durante la elaboración.
Kopper aseguró que para todos está la puerta abierta y reconoció el conflicto que existe en torno al proceso.
“Sabemos que hay una resistencia de ciertos sectores de que esto no se modifique y la verdad es que se necesita hacer ajustes. Esto se ha atrasado más de la cuenta”, comentó la jerarca.
Discusión
En el camino del país hacia la televisión digital, el debate en torno a una nueva ley definirá cuál es el rumbo a seguir.
Sin embargo, para las televisoras, la discusión podría empañar el rumbo hacia el apagón analógico, por lo que esta debería avanzar a paso lento hasta el 2017.
“A la larga, este puede no ser el mejor momento para tratar de promover la ley. Sí hay que irla trabajando, pero el primer proceso que debe concluir es el de la televisión digital”, detalló Fabio Masís, director de la Cámara de Infocomunicación (Infocom).
Con él coincidió Vanessa Castro, representante legal de Repretel. “Estamos ante un reto terrible que es el de televisión digital y se supone que la nueva ley debería venir después de un proceso de estos”, dijo la abogada.
Si la ley se aprueba en medio de la transición, deberá hablar tanto de televisión analógica como de tecnología digital: algunos de sus artículos estarán diseñados para morir en el corto plazo.
Para Larissa Coto, profesora de Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica (UCR) especializada en televisión digital, el problema de que ambos procesos coincidan es que la ley deberá resolver los asuntos atrasados de la tele analógica mientras se adelanta a la nueva era digital.
“No es solo poner la palabra ‘digital’. Lo que se puede hacer en televisión y radio digital es tan diferente que afecta toda la producción”, comentó Coto.
Pese a las reticencias, el Ministerio definió que llevará a cabo ambas discusiones de forma paralela, aseguró su jerarca.
“No se puede retrasar más este proceso”, reconoció la ministra Gisela Kopper.
La academia, representada ante la Comisión Mixta de Televisión Digital por la UCR, considera que esta es la decisión acertada.
“El debate no debe posponerse. El proceso de digitalización no puede llevarse a cabo si no se cuenta con un marco normativo remozado”, comentó Gisele Boza, de la Comisión.
De acuerdo con Boza, una nueva ley debe servir para incluir a más actores sociales en la tenencia de espectro.
“La exigencia que debe hacer este país hacia el Estado es que haga reserva de espectro para fines sociales. No puede ser que se asigne más para negocios”, dijo.
“Queremos que se avance hacia un modelo distinto, que también hayan operadores privados no comerciales”, agregó la comunicadora.
Para los concesionarios de espectro es determinante que la nueva ley les dé seguridad jurídica y haga respetar los contratos que todavía están vigentes, aunque la mayoría de ellos termina en el 2024.
“Teniendo claridad jurídica y respeto a normas, lo demás viene por añadidura”, comentó Vanessa Castro, de Repretel.
Para Saray Amador, presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel), la nueva ley debe “conservar el espíritu” de la antigua: que la industria sea manejada por costarricenses y que promueva la cultura y la educación.
Ley obsoleta
En 1954 la televisión no existía en Costa Rica y la radio era apenas un proyecto incipiente.
Ese año, la Asamblea Legislativa promulgó la misma ley que hoy define el acceso al espectro, los impuestos y las multas que pagan los concesionarios.
En las seis décadas posteriores a la promulgación de la Ley llegó la televisión al país y las empresas obtuvieron concesiones de frecuencias para transmitir.
Algunos las vendieron, otros las engrosaron y las televisoras alcanzaron cada vez más distritos. A pesar del avance tecnológico, nunca llegó una nueva ley.
La Ley de Radio es tan antigua que las multas que hoy se cobran por transmitir pornografía o violar alguna de sus disposiciones es de ¢3.000 y solo 14 de sus 27 artículos se encuentran vigentes.
Aunque la normativa indica que los fondos de las multas se dirigirán a la Asociación de Fotógrafos y Camarógrafos de Prensa, el Micitt señaló que no hay reportes que indiquen que esta transferencia se efectúe.
El dinero que en este momento pagan las televisoras por concepto de impuestos relativos al uso de espectro radioeléctrico, se diluyen en una caja única del Estado, confirmó Kopper.
Actualmente, cada televisora cancela un impuesto fijo (no porcentual) por año por el uso del espectro radioeléctrico, que es un bien demanial del Estado.
El monto se calcula con base en la cantidad de frecuencias y enlaces concesionados a cada operador.
Por ejemplo, una televisora que cuente con un canal matriz y dos repetidoras (para llegar a zonas rurales), de 6 Mhz cada una, cancela al Estado ¢360.000 por año (¢120.000 por cada uno).
También debe cancelar ¢500.000 por cada enlace de televisión de 25 Mhz.
El número varía para cada televisora, pero las más grandes suelen tener entre tres y cinco enlaces.
Si una empresa concesiona tres canales y cinco enlaces, paga al Estado, por el uso del espectro radioeléctrico, menos de ¢3.000.000.
En promedio, es un monto que una televisora comercial cobraría a un anunciante por transmitir dos anuncios de 60 segundos en horario triple A, según las parrillas de publicidad que ofrecen las televisoras, disponibles en sus sitios web.
Modificar el pago que hacen las empresas actualmente es, precisamente, uno de los puntos a discutir durante el debate en el que se gestará la ley.
El director de Infocom apuntó que las operadoras de televisión abierta no se han sentado a discutir cuál será su posición con respecto al cambio en las tarifas, pero que debe hacerse una distinción entre grandes y pequeñas empresas.
“No todos son Teletica o Repretel. A algunos les cuesta mantenerse a flote”, dijo.
“En el proceso debe haber un acompañamiento financiero para que se mantenga la diversidad cultural y que haya equidad entre las televisoras”, coincidió la presidenta de Canartel.
