Por: Roberto Venegas Renauld.   23 julio

El país tiene que estar abierto a ver todas las opciones disponibles para paliar la crisis desde el punto de vista económico. El marco está más que claro, una fuerte recesión, altísimo desempleo y una gran pobreza en un país con una situación fiscal endeble, que apenas venía saliendo de una crisis fiscal que nos tuvo al borde del abismo.

Las propuestas para resolver el problema deben ser de una dimensión significativa para que logren impactar el déficit fiscal. El nuevo ministro de Hacienda, con escasas semanas de haber asumido ha hecho un gran esfuerzo y propuso un primer ajuste en el sector público que va en la dirección correcta, pero que desafortunadamente no es suficiente. Tenemos que hacer más, y creo que los esfuerzos de Hacienda continuarán, de lo contrario, en poco tiempo estaremos sumidos en la peor crisis que haya vivido este país, al mejor estilo de Grecia hace algunos años.

Estoy convencido de que los ajustes del sector público tienen que ser mayores que lo propuesto hasta ahora. El Ministro lo tiene claro, el sector público tiene que ajustarse a la realidad de una economía muchísimo más pequeña. Su reto será plantear valientemente esos ajustes, como ya hizo con su propuesta de reducir en un 15% los ingresos de empleados públicos superiores a ¢1,5 millones.

Las opciones no son muchas y todas difíciles de implementar, por un lado un inevitable aumento en el IVA, revisión de otros tributos, cierres y fusión de instituciones, reformas en el empleo público y otras. También se ha planteado la posible venta de instituciones del Estado, tales como la Refinadora Costarricense de Petróleo, el Instituto Nacional de Seguros, el Banco de Costa Rica, la Fábrica Nacional de Licores y el área de telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad. Sobre este punto quisiera desarrollar la idea, de utilizar la Bolsa Nacional de Valores como un mecanismo para la venta.

Todas estas entidades nacieron al amparo de un modelo de desarrollo económico fuertemente impulsado por el estado. Se desarrollaron y han tenido un impacto positivo en general en el país. Hoy no son entidades que necesariamente deban continuar bajo la propiedad del Estado.

En la mayoría de los países, son más bien empresas del sector privado con regulaciones especiales por la naturaleza de sus servicios. El principal escollo para avanzar en esta dirección es de carácter político por parte de los grupos de interés, llámese sindicatos y algunos partidos políticos que profesan filosofías contrarias a la privatización de empresas. Veremos si este Gobierno a falta de menos de dos años de terminar, pero con una inmensa crisis económica, da pasos en esta dirección. Ojalá.

El punto que quiero plantear es que el Gobierno podría impulsar la venta de estas instituciones en el mercado de valores. No es nueva la idea y se ha implementado en otros países, pero políticamente podría ser mucho más aceptable para nuestra sociedad. Hay una lista grande de puntos que tendrían que discutirse sobre el cómo hacerlo.

Mi recomendación para abrir la discusión sería, tomar dos de estas empresas, y hacer un proceso gradual de venta de acciones en el mercado. Todas las entidades con potencial de ser vendidas, tienen prácticas de gobierno corporativo suficientes e información como para ser susceptibles de ser inscritas en la Bolsa. Un adecuado proceso de preparación y valoración de sus acciones, así como una estrategia clara de apertura, debería de propiciar el interés de inversionistas en el mercado para adquirir sus acciones.

Muchos serían los beneficios de hacer esta apertura utilizando a la Bolsa Nacional de Valores como eje central. Desde el punto de vista político, sería claro que no es una venta a una empresa transnacional, lo que debiera aliviar los temores infundados de algunos, por el contrario sería una venta que democratiza la participación de los costarricenses en esas entidades.

Las entidades en Bolsa se verían beneficiadas de mejores prácticas de administración y gobernanza gracias a la participación privada. Deberían llegar a ser más eficientes y productivas.

Los fondos de pensiones, ausentes hasta la fecha en el mercado de renta variable por la escasez de opciones, debieran convertirse en los principales inversionistas de estas entidades y a través de ellos, todos los asalariados en socios indirectos de las empresas. El mercado de acciones, por fin tendría una oportunidad para despegar y generar un efecto dinamizador y positivo para otras empresas públicas y privadas. Y lo más importante, habríamos contribuido entre todos a solventar la peor crisis económica que ha enfrentado este país en su historia.

De cuánto tiempo estamos hablando? Posiblemente nos tome año y medio entre la discusión política y la ejecución, sin embargo estaríamos enviando un fuerte y contundente mensaje a nuestros acreedores e inversionistas a nivel nacional e internacional.

Hasta este momento con lo que hay en la mesa debo confesar que tengo grandes reservas de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos apoye con el préstamo que urgentemente ocupamos. ¿Cuántos años nos tomó hacer la reforma fiscal del 2018? Como sociedad nos cuesta mucho tomar decisiones estructurales como las que hoy se requieren. Sin embargo, si a la lista de acciones que debemos tomar, entre impuestos y ajustes en el sector público, le agregamos la venta de un par de instituciones públicas en la forma propuesta, disminuirá la necesidad de ajuste en otras variables, se allanará el camino con el FMI y podríamos tener una salida “decente” de la crisis.