El proyecto “Ley para promover la transición energética en el sector combustibles” fue aprobado en segundo debate el 16 de julio. La nueva ley amplía las facultades empresariales de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), permitiéndole incursionar en la investigación, producción y comercialización de biocombustibles e hidrógeno verde. Esto lo podrá realizar sola, con alianzas público-público, o en alianzas público-privado. Recordemos que Recope es una empresa estatal que opera bajo monopolio creado por ley.
Costa Rica sigue siendo un país pobre y subdesarrollado por leyes como esta, que apuestan por el Estado empresario como motor del desarrollo económico.
Ni el gobernante ni el burócrata deben actuar como empresarios. La teoría económica, en particular la teoría del public choice, sostiene que la burocracia es ineficaz e ineficiente por naturaleza, y la evidencia empírica lo confirma. El informe Bureaucrats in Business (1995) del Banco Mundial, que analizó el desempeño de empresas públicas en todo el mundo, concluyó que “[los] gobiernos se desempeñan menos bien que el sector privado”.
El burócrata administra recursos que no ha ganado con esfuerzo propio y, por ello, nunca los gestionará tan bien como el sector privado. Además, las juntas directivas de las empresas públicas son elegidas por el Poder Ejecutivo con criterios políticos que jamás igualarán al sector privado en la elección de una junta directiva seleccionada por los accionistas de la empresa.
Los gobernantes y burócratas no son ángeles promoviendo el bien común, sino seres humanos guiados por sus propios intereses. Por eso, es imposible evitar la corrupción en las empresas públicas, especialmente mediante alianzas público-privadas. El presidente de la República, guiado por su propio interés, siempre tenderá a usar a las empresas públicas para beneficiar a pegabanderas, amigos, parientes y financistas de campaña.
En cualquier parte del mundo, las empresas públicas solo sobreviven gracias a subsidios o a leyes que las protegen de la libre competencia. Costa Rica no es la excepción. Muchos defienden a las empresas públicas porque muestran grandes utilidades en sus estados financieros. Sin embargo, la protección de la libre competencia les permite a las empresas públicas cobrar más por sus servicios y así mostrar utilidades ilusorias en sus estados financieros. Toda empresa pública quiebra cuando se somete a la libre competencia.
Uno de los problemas más graves de diputados y ministros es que discuten política económica sin recurrir a la Economía. Es como hablar del cosmos sin Física o de salud sin Medicina. Al ignorar la teoría económica, sus propuestas se convierten en ocurrencias o disparates que termina pagando el pueblo. Si Costa Rica sigue siendo un país subdesarrollado, es porque la política económica del PLN, del PUSC, del PAC y ahora del PPSO, ha ignorado las enseñanzas de la Economía.
Una enseñanza básica de la Economía es que el Estado no debe ser empresario en ningún sector. Por ello, se deben vender todas las empresas públicas y, al mismo tiempo, desregular los mercados donde operan para permitir que florezca la libre competencia; único motor del desarrollo económico y social.
Para incursionar en biocombustibles e hidrógeno verde Recope tendrá que invertir. ¿De dónde saldrán los recursos si no es elevando el precio de los combustibles que vende?
Los argumentos que se usan en Costa Rica para defender a las empresas públicas y a leyes como esta son iguales a los argumentos que dieron origen a las empresas públicas en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que despechó a la libre competencia y apostó a la dirección burocrática. Los que hoy apoyan esta ley deberían leer el libro “Perestroika” (1987) de Mijaíl Gorbachov, quien se desempeñó como el último secretario general del Comité Central del Partido Comunista. En su libro, expone el por qué el Estado empresario es pésima política económica.
Costa Rica ya conoce el fracaso del monopolio del ICE en telecomunicaciones. Recope es tan ineficiente e ineficaz que requiere de la concesión de un monopolio creado por ley para operar. ¿Qué hace pensar lo contrario a los diputados creer que la burocracia de Recope sí tiene capacidad empresarial para incursionar en biocombustibles e hidrógeno verde? ¿Olvidaron el fracaso de la Corporación Costarricense de Desarrollo S.A. (Codesa)?
Una ley como esta solo contribuirá a desacelerar la tasa de crecimiento económico, al aumento en la tasa de desempleo, al estancamiento del crecimiento de los salarios y a perpetuar a Costa Rica como un país del tercer mundo.
La presidenta de la República, Laura Fernández, y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, critican a los comunistas por sus posturas. Sin embargo, el apoyo de todos los diputados oficialistas al proyecto “Ley para promover la transición energética en el sector combustibles” responde a una lógica comunista.
Como bien dijo Milton Friedman, premio Nobel en Economía, en su libro Capitalism and Freedom: Los grandes avances de la civilización, sean en arquitectura o pintura, en ciencia o literatura, en la industria o la agricultura, nunca han llegado de un gobierno centralizado.
