Por:  15 noviembre, 2015

Una de las características de muchas mipymes en América Latina es que se mueven entre la formalidad y la informalidad (unas veces más hacia un lado que hacia el otro). De ahí que la mayoría de los gobiernos de la región (y muchas de las empresas formales) piensa que es indispensable el formalizarlas, lo cual no deja de sonar azonable. Claramente el Estado podría visibilizarlas con fines fiscales o de cualquier índole, y las empresas formales no sentirían en ellas esa “competencia desleal”. Pero son pocos quienes han visto el asunto desde la perspectiva mipyme. Un análisis concienzudo del tema a nivel regional nos muestra una realidad palpable; la mayoría de estas unidades económicas no crecerá más allá del límite de la subsistencia. Esta no es una afirmación antojadiza sino el resultado de estudios tanto en nuestra región como en otras. Así las cosas, el formalizarlas para ser sujetas de recaudación fiscal tendría un impacto muy pequeño en la misma, pero uno muy grande en su capacidad de supervivencia. En otras palabras, una política intensiva de formalización podría detonar el cierre de muchas de estas pequeñas unidades económicas y las llevaría al desempleo abierto, con lo que el problema en vez de resolverse se multiplicaría. Y aunque el tema es por demás apasionante, no es el eje de este post.

Hace algunos meses estuvimos trabajando en un documento para la OIT sobre la informalidad en América Latina y la necesidad de desarrollar un enfoque que no se centre necesariamente (o únicamente) en la formalización sino que maneje un “enfoque integrado” que articule productividad, normas, incentivos y fiscalización. Más allá de lo importante e innovador del enfoque, un aspecto muy interesante a rescatar es el de como incentivar a estas unidades económicas a cotizar en algún sistema de salud / jubilación, dado que la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta propia y la microempresa no cotizan en ningún régimen. En esa línea, algunos países cuentan con programas no contributivos que otorgan pequeños beneficios a personas pobres mayores (en Argentina, Perú y Uruguay, entre otros), pero que bien pueden incrementarse en términos de beneficios si la unidad económica (o la persona) está dispuesta a hacer un modesto aporte. Recordemos que –a diferencia del trabajador asalariado que recibe un pago por un día no laborado por enfermedad- un trabajador independiente o el de una microempresa no recibe pago alguno el día que no trabaja por enfermedad, razón por la cual tienen todos los incentivos para tratar de mantener su salud en la mejor condición posible. Así, el crecimiento de la afiliación a un sistema donde el grueso de los trabajadores trata de mantenerse saludable, debe llevar a una mejora en los servicios de salud (y en el largo plazo al de pensiones). De lo señalado anteriormente es claro que el grueso de las mipymes podría estar interesado en un sistema de ese tipo, que además obtendría como resultado secundario, la visibilización de la empresa, no -necesariamente- con fines fiscales, sino estadísticos y de política. Establecer mecanismos para mejorar las condiciones de las empresas de menor tamaño, es una forma indirecta -y efectiva- de formalizarlos.