EscucharNo hay "fecha de prescripción" para hacer justicia a las víctimas de los crímenes del Tercer Reich y esta convicción guía al abogado Thomas Walther en su persecución de los últimos nazis que han sido juzgados, al final de sus vidas, por los tribunales alemanes.
El penalista de 78 años representa a los sobrevivientes y allegados de personas conducidas por el régimen de Hitler al campo de concentración de Sachsenhausen, cerca de Berlín.
Un exguardián de ese campo, de 100 años, comparece a partir del jueves en Alemania por "complicidad con las muertes" ocurridas entre 1942 y 1945.
Tras una carrera de juez, Thomas Walther, esperó a jubilarse para emprender un nuevo rumbo, enteramente dedicado a las víctimas del Holocausto y sus descendientes.
"Ser consciente de una injusticia implica el deber de corregirla", dice a la AFP.
El abogado alemán recoge en el mundo testimonios que han permitido iniciar en los últimos años numerosos procesos contra los responsables de la máquina de exterminio nazi.
Incluso 66 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, los procesos han permitido "hacer justicia para decenas de miles de víctimas de asesinatos. La justicia no tiene fecha de prescripción", aseguró Walther.
Las controversias sobre la pertinencia de una justicia tan tardía enojan al abogado: "nadie protesta cuando un asesino es perseguido por hechos de hace 30 años, pero les parece problemático perseguir a ancianos aunque se trate de 1.000 o 5.000 asesinatos".
Situado a unos 30 km al norte de Berlín, el campo de Sachsenhausen recibió entre 1936 y 1945 a unos 200.000 presos, principalmente opositores políticos, judíos y homosexuales.
Decenas de miles murieron, principalmente por agotamiento debido al trabajo forzado y a las condiciones de detención "deplorables (...) que tenían el fin de matarlos", según Walther.
El abogado quiere creer que estos procesos le ofrecen también a los verdugos un proceso hacia "la justicia y la paz".
Y envía una "advertencia" disuasiva: "hay sitios y actos a los cuales uno no debe asociarse", so pena de tener un día que responder por sus crímenes.
Josef S., el guardián de campo juzgado el jueves, radicado en Brandeburgo, región vecina de Berlín, no se había pronunciado antes de su proceso.
Con 21 años en 1942, tenía rango apenas de cabo primero.
Con más edad durante la guerra, "los oficiales de mayor rango han muerto hace mucho tiempo (...) Solo los rangos inferiores pueden teóricamente estar vivos actualmente" para declarar ante la justicia, indicó el abogado.
La semana pasada, una mujer de 96 años que trabajó como secretaria de un campo de concentración nazi iba comparecer ante la justicia alemana. Su audiencia debió retrasarse al 19 de octubre porque la anciana se fugó y fue encontrada horas después.
Si los criminales nazis de segundo rango deben rendir cuentas hoy día, es en gran parte gracias a una jurisprudencia iniciada por Walther, condecorado con la Cruz Federal al Mérito, máxima distinción de Alemania.
En los años 2000, aún siendo juez, Walther elaboró el documento de acusación que condujo en 2011 a la condena de John Demjanjuk, de 90 años, exguardia del campo de exterminio de Sobibor.
Desde entonces, todos los engranajes de la máquina de exterminio son susceptibles de ser perseguidos.
Es una forma de que la justicia alemana se redima de su falta de ahínco en perseguir a los principales responsables.
"Yo conozco todos los medios posibles utilizados por los fiscales y jueces desde hace 30 o 40 años para dejar abandonados los casos o exculpar a los acusados de crímenes nazis", contó el exmagistrado.
"Esas prácticas no tienen nada que ver con el derecho y la justicia", sostuvo.
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