EscucharLa escasez de algunos productos básicos, así como el aumento de precio de los combustibles y alimentos en provincias del sur andino, epicentro de las manifestaciones por la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, empiezan a asomar cuando sigue sin atisbo de solución la crisis en Perú.
Las movilizaciones han dejado hasta el momento 46 muertos, entre ellos un policía, tras seis semanas de crisis política y social marcadas por bloqueos de carreteras y protestas en distintas partes del país.
"No voy a rendirme ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas que no forman parte de nuestro ordenamiento constitucional ni de la tradición democrática", afirmó Boluarte en una intervención virtual ante el Consejo Permanente de la OEA en la que abogó por realizar nuevas elecciones.
Por la mañana, decenas de manifestantes marcharon frente a embajada de Estados Unidos para criticar el apoyo Washington al gobierno.
Mientras en la región Ica, 250 kms al sur de Lima, estalló una batalla campal entre policías antimotines y violentos manifestantes con rostros cubiertos, con intercambio de gases lacrimógenos y pedradas cuando las fuerzas del orden trataron de desbloquear la carretera Panamericana Sur resguardada por piquetes.
Un número impreciso de policías resultó herido y fue trasladado a hospitales de Pisco, según imágenes de la televisión.
Pero la atención se focalizó desde temprano en la escasez de gas licuado de petróleo (GLP), principal combustible para vehículos y uso doméstico en Perú, que se hacía sentir en Cusco, Arequipa, Tacna y Puno, regiones del sur que alegan ser las más pobres, olvidadas y discriminadas por sus poblaciones de mayoría indígena.
"Ya me informaron que el GLP se acabó en Arequipa", dijo Alexander Cornejo, representante de los taxistas, en declaraciones a la radio RPP, refiriéndose a la situación en la segunda ciudad del país, donde trabajan unos 7.000 taxistas.
En la región amazónica de Madre de Dios, fronteriza con Brasil y Bolivia, se registra desabastecimiento de alimentos y combustibles por los bloqueos en la carretera Interoceánica que conecta la costa sur de Perú con ciudades brasileñas como Río Branco y Cuiabá.
El gobierno de Boluarte, quien asumió el cargo de presidenta el 7 de diciembre tras la destitución de Pedro Castillo, tuvo una nueva baja el miércoles con la renuncia de la ministra de Producción, Sandra Belaunde.
Por la escasez, los comerciantes de mercados de las ciudades de Juliaca y Puno, a más de 1.350 km al sur de Lima, y escenario de las protestas más violentas que se saldaron con 21 muertos a principios de enero, triplicaron los precios de artículos como la papa y el tomate.
"Se han incrementos los precios de la verduras, las frutas. Todo ha subido, me parece que deberían pasar los vehículos que nos abastecen", dijo a la AFP Jacqueline Flores, habitante de la ciudad de Puno.
Perú tuvo una inflación anual de 8,46% en 2022, la más alta en 26 años.
Según las autoridades del Transporte, este miércoles había 85 piquetes bloqueando carreteras en nueve de las 25 regiones peruanas.
Los alimentos no llegan a su destino porque cientos de camiones se encuentran varados en las carreteras de las regiones de Ica y Puno.
La cancillería peruana se quejó el miércoles ante el embajador de Chile en Lima alegando que el presidente de Chile Gabriel Boric se expresó de "manera irrespetuosa" sobre Dina Boluarte el martes durante la cumbre de la CELAC en Buenos Aires.
Según un tuit de la cancillería, se notificó al diplomático chileno que el "rumbo elegido por el Gobierno constitucional de la Presidenta Boluarte es el adelanto de elecciones generales para que los peruanos decidan, sin injerencias y en paz, el destino del Perú".
En la CELAC Boric criticó que personas que salen a manifestar en Perú "terminan baleadas por quien debiera defenderlas".
En el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, se criticó el "uso excesivo de la fuerza" para reprimir las protestas en Perú, lo que fue replicado por el ministro de Justicia afirmando que las autoridades respondieron de forma apropiada.
La representante de Dinamarca, Astrid Ruge, expresó su preocupación "por el número de personas muertas y heridas como resultado de la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas", en tanto el embajador británico, Simon Manley, llamó a que haya una "respuesta proporcionada y legal a las protestas".
Boluarte, pidió el martes "una tregua nacional", pero recibió como respuesta una nueva marcha, la mayor en Lima hasta ahora, con duros enfrentamientos entre policías y manifestantes que convirtió el casco histórico de Lima en lugar de batalla donde volaron piedras, perdigones y bombas lacrimógenas.
Las protestas estallaron tras la destitución y detención del presidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre por intentar disolver el Parlamento -controlado por la derecha-.
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