EscucharFuncionarios de justicia de cinco países occidentales, incluido Estados Unidos, hablaron con la fiscal general de Ucrania sobre cómo investigar los presuntos crímenes de guerra tras la invasión rusa, informó este jueves el Departamento de Justicia estadounidense.
Pertenecen a la alianza "Five Eyes" (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) y el miércoles se reunieron virtualmente con Irina Venediktova, ante la intención de Kiev de reaccionar a los miles de presuntos crímenes de guerra cometidos en el país.
Los seis funcionarios hablaron de la "coordinación de esfuerzos para responsabilizar a aquellos cuyos actos criminales permiten crímenes de guerra en Ucrania", señaló el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado.
"Nuestro compromiso de trabajar con nuestros socios internacionales, incluida la fiscal general de Ucrania, para investigar y procesar a los responsables de las atrocidades en Ucrania sigue siendo firme", dijo el secretario de Justicia y fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.
"Continuaremos incansablemente con nuestros esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes facilitan la muerte y la destrucción de las que somos testigos en Ucrania", añadió.
La semana pasada, Irina Venediktova declaró a la cadena alemana Deutsche Welle que los investigadores ucranianos identificaron "más de 8.000 casos" de presuntos crímenes de guerra desde el comienzo de la invasión rusa.
Incluyen "asesinatos de civiles, bombardeos de infraestructuras civiles, torturas" y "delitos sexuales" denunciados en el "territorio ocupado de Ucrania", según la magistrada.
Los fiscales también investigan "el uso de armas prohibidas", agregó.
El Departamento de Justicia estadounidense señala que Garland también informó a sus interlocutores sobre los esfuerzos de Estados Unidos para sancionar a los oligarcas multimillonarios que respaldan al presidente ruso, Vladimir Putin, y sobre el nuevo paquete de ayuda de 33.000 millones de dólares (31.000 millones de euros) para Ucrania que la Casa Blanca solicitó al Congreso.
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