EscucharLa Asamblea Legislativa de El Salvador, a solicitud del presidente Nayib Bukele, aprobó este domingo el régimen de excepción por un mes, en un intento por frenar el accionar de la pandilla Mara Salvatrucha, a la que se le atribuyen 62 homicidios el sábado.
"Declárase en todo el territorio nacional régimen de excepción derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales", consigna el decreto aprobado por 67 de 84 diputados con los que cuenta el Parlamento.
La decisión del Legislativo, controlado por el oficialismo, entre otros derechos restringe la libre reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones, y faculta las detenciones sin orden judicial. Ahora, debe ser promulgada por Bukele.
La disposición "tiene por objeto facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos" a la Policía y Fuerza Armada para "restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial".
El diputado opositor de la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí, Jaime Guevara, tras afirmar que lamenta el "sábado negro" que sufrió el país, consideró que "la crisis actual requiere de sensatez, sabiduría y no de matonería", por lo que abogó mantenerse "en el respeto irrestricto de los derechos individuales" de la población.
Bukele, quien pidió de urgencia al Congreso tomar la decisión, aseguró que "todo (fue) dentro del marco constitucional" por lo que "no hay nada que alegar en contra".
El joven político hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato la mejora en los indicadores sobre homicidios.
"Este sábado 26 de marzo ha cerrado con 62 homicidios en el país", consignó en Twitter la Policía Nacional Civil (PNC). "No retrocederemos en esta guerra contra pandillas, no vamos a descansar hasta capturar y llevar ante la justicia a los criminales responsables de estos hechos", agregó.
Según el balance oficial, el central departamento de la Libertad registró 12 homicidios, seguido por la capital San Salvador y el departamento de Ahuachapán (oeste), con nueve cada uno. El resto de asesinatos se distribuyen en los restantes 11 departamentos del país.
La Constitución salvadoreña establece el régimen de excepción, por el que se suspenden algunas garantías establecidas, se puede aplicar "en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público".
Una ola de violencia sacudió El Salvador el fin de semana. El viernes, según la PNC, se registraron 14 homicidios relacionados con las pandillas.
La Policía y el Ejército de El Salvador mantenían este domingo un operativo en el que, según informó la PNC, varios cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron detenidos, acusados de ser "responsables de los homicidios registrados en las últimas horas".
"Desde ayer [el viernes] tenemos un nuevo repunte de homicidios, algo que habíamos trabajado tan duro por reducir. Mientras combatimos a los delincuentes en las calles, tratamos de descifrar lo que está pasando y quiénes están detrás financiando esto", dijo el presidente Bukele, en redes sociales.
El mandatario dijo que la Policía y la Fuerza Armada "deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros".
Bukele pidió a la Fiscalía "ser eficaz con todos los casos" y advirtió que estará pendiente de "los jueces que favorezcan delincuentes".
Ricardo Martínez, procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, llamó al gobierno y a las autoridades de seguridad pública a "redoblar los esfuerzos" para "prevenir e investigar todos los hechos de violencia y aplicar todo el peso de la ley, respetando el principio de inocencia y el debido proceso". Llamó a la población a mantener la calma.
Bukele, quien cuenta con un amplio apoyo popular, es criticado por sus opositores por actitudes que consideran "autoritarias". Washington lo ha reprochado por no respetar la separación de poderes, al haber destituido con la ayuda del Parlamento a magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General.
Juan Pappier, de la División de las Americas de la ONG Human Rights Watch, dijo que su entidad monitoreaba "con preocupación, el grave aumento de los homicidios" en El Salvador.
"Urge que el gobierno proteja a la población con medidas sostenibles y respetuosas de los DDHH (Derechos Humanos). La política de seguridad debe estar siempre dentro del Estado de Derecho", agregó.
En noviembre pasado el país sufrió otro repunte de homicidios, que en tres días cobró la vida de unas 45 personas.
Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador, más de 17.000 de ellos encarcelados, según las autoridades, y operan a través de homicidios, extorsiones, narcotráfico y otras actividades ilegales.
El Salvador cerró 2021 con 1.140 homicidios, un promedio de 18 muertes por cada 100.000 habitantes, menos de los 1.341 registrados en 2020 y la cifra más baja desde el fin de la guerra civil en 1992, según datos oficiales.
cmm/mav/zm/an
