Autoridades guatemaltecas arrestaron este miércoles a la jefa regional de una fiscalía antimafias señalada de abuso de autoridad, aumentando a seis los juristas relacionados con esa entidad detenidos durante febrero, y que ha generado el rechazo de Estados Unidos.
"La Fiscalía de Asuntos Internos coordinó con la Policía la aprehensión de" Lilian Laparra "por la posible comisión de los delitos de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones", atendiendo una denuncia judicial, dijo a periodistas Juan Luis Pantaleón, vocero del Ministerio Público (MP).
Laparra era encargada de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el departamento occidental de Quetzaltenango, donde ocurrió la captura.
Con la detención de Laparra, aumentaron a seis los juristas arrestados desde el 10 de febrero sindicados principalmente de obstaculización de la justicia y abuso de autoridad, cinco de ellos de la FECI, además de la abogada Leyli Santizo.
Santizo fue mandataria por once años de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), adscrita a la ONU, que junto a la FECI destaparon varios casos de corrupción y que cerró sus puertas en 2019 después de que el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) se negó a pedir una ampliación del mandato.
Las detenciones, cuestionadas por Estados Unidos, se han realizado a petición del MP a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Washington.
Porras fue incluida en septiembre en un listado de "actores corruptos y antidemocráticos" tras la destitución en julio de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI.
Sandoval, calificado como un "campeón anticorrupción" por Estados Unidos, dijo que se le pidió no investigar al presidente Giammattei sin el consentimiento de la fiscal Porras que busca su reelección.
Luego partió a Estados Unidos al temer por su vida, una decisión que también han tomado varios integrantes de la FECI tras renunciar a sus puestos y denunciar persecución.
El jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols, dijo tras las primeras capturas que "las acciones de" Porras "contra fiscales anticorrupción actuales y antiguos, continúan un patrón de intimidación y venganza contra personas responsables de combatir la impunidad".
Pantaleón rechazó que se trate de venganza al indicar que "no se le puede pedir al MP que no investigue o que solo investigue a ciertas personas" y añadió que "hacer cumplir la ley no puede considerarse criminalización".
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