EscucharLa justicia militar de Brasil impuso este jueves duras condenas a ocho militares de un contingente que en abril de 2019 mataron a dos personas al acribillar con más de 80 tiros un auto en el que viajaba una familia de Rio de Janeiro.
El teniente al mando de la patrulla fue condenado en primera instancia a 31 años y 6 meses de cárcel, mientras que otros siete militares recibieron una pena de 28 años, según la estatal Agencia Brasil.
El caso, en el que murieron el músico y agente de seguridad Evaldo dos Santos Rosa y un transeúnte recogedor de latas que intentó ayudarle, Luciano Macedo, causó un gran impacto en la época.
Santos Rosa, de 51 años, circulaba con su familia por el barrio Guadalupe, en la zona norte de Rio, en el perímetro de seguridad de un área militar. Era domingo por la tarde y se dirigían a una fiesta "baby shower".
Su vehículo fue acribillado con 82 tiros, según la acusación. El músico murió en el acto. Su suegro resultó herido, y su esposa, su hijo de 7 años y una niña de 13, salieron ilesos.
Macedo resultó baleado mientras intentaba ayudar al músico y murió días después.
"No hay defensa para 82 disparos. Todos se sumaron a una misma voluntad. 82 disparos es ejecución", declaró el fiscal militar Luciano Gorilhas durante el juicio.
Una pericia inicial apuntó que los soldados pudieron haber confundido el auto familiar -donde no se encontró ningún arma- con un vehículo de supuestos asaltantes.
El juicio, en el que fueron absueltos otros cuatro acusados, se inició el miércoles y se prolongó por unas 15 horas, hasta la madrugada del jueves.
La defensa anunció que recurrirá las sentencias, según declaró a la prensa local. Los militares condenados permanecerán en libertad hasta que se agoten todos los recursos.
En declaraciones divulgadas por el sitio de noticias G1, la viuda del músico fallecido, Luciana, dijo que la sentencia "trajo paz a su alma".
"Sé que no me va a devolver a mi esposo, pero no sería justo salir de aquí sin una respuesta positiva", declaró.
Numerosos militares brasileños participaron en los últimos años en operaciones contra la criminalidad en Rio. De febrero a diciembre de 2018 estuvieron al frente de la seguridad de este estado desbordado por la violencia.
Una ley aprobada en Brasil en 2017 determinó que las muertes de civiles ocurridas en el contexto de actividades militares deben ser juzgadas por la Justicia Militar.
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