EscucharMalcolm Bidali, el agente de seguridad keniano que denunció las condiciones de trabajo en Catar antes del Mundial de fútbol (20 de noviembre-18 de diciembre), se preocupa por la situación que habrá "cuando las cámaras, los periodistas y los aficionados se hayan ido".
"Solo quedarán los trabajadores y sus patronos y será todavía más duro hacer respetar las leyes existentes", estimó en una entrevista a la AFP, añadiendo que "espero equivocarme".
Ante las críticas desde que fue nombrado organizador del Mundial-2022 a finales de 2010, Catar realizó a partir de 2018 importantes reformas en su legislación sobre el trabajo, desmantelando su sistema de contratación de trabajadores inmigrantes o instaurando un salario mínimo.
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) y los sindicatos internacionales que negociaron estas reformas celebraron los progresos realizados pero apuntan que todavía hay fallos en la práctica. Catar repite que quiere continuar en esta dirección, gracias a la instalación permanente de la OIT en su suelo.
Tras haber sido encarcelado durante cuatro semanas en el emirato y después ser expulsado en 2021, Bidali, que se ha convertido en militante a tiempo completo en defensa de los derechos de los trabajadores migrantes, ¿seguirá el Mundial-2022?
"Es una cuestión ambivalente", responde el hombre de 30 años. "Decir que no lo seguiré, sería una mentira, pero, viendo los estadios, no podría impedirme preguntarme cuántas personas no fueron pagadas, cuántas sufrieron condiciones de trabajo deplorables, cuántas murieron".
Vuelta en el tiempo a enero de 2016: Malcolm Bidali llega a Catar.
Unas doce horas por día de trabajo, seis días a la semana, observa pantallas de videovigilancia. Residente en una casa con otros trabajadores y recibiendo "1.500 riales cataríes (unos 399 euros, 413 dólares) por mes", no se queja. Son "mucho mejores que las condiciones en Kenia".
La situación se degrada a partir de septiembre de 2018, cuando es fichado por una segunda empresa por "1.250 riales cataríes por mes" (332 euros, 344 dólares).
"Vivíamos seis personas en una pequeña habitación de menos de 20 metros cuadrados, en literas infestadas de insectos, y sin ninguna cerradura en la puerta, por tanto sin ninguna vida privada", cuenta.
"Al principio, no decía nada, ya que había que mantener la cabeza baja", añade Bidali, que se endeudó a la altura de 1.200 dólares con una agencia de contratación keniana.
Terminó enviando correos electrónicos a las autoridades, "pero no pasó nada", afirma.
El agente de seguridad fue contactado por Migrant-Rights.org, una ONG especializada. En 2020, se puso a denunciar, bajo el seudónimo de "Noah", las violaciones del código de trabajo y la xenofobia.
"Las condiciones de trabajo en Catar son similares a la esclavitud en el sentido de que alguien te posee, te dice a qué hora te levantas, te acuestas, qué alimentos comes, dónde vives", relata "Noah".
El 4 de mayo de 2021, es detenido y conducido a los locales de la agencia encargada de la seguridad nacional, sin abogado, declara.
"No sabía ni siquiera la razón de haber sido detenido", afirma el agente de seguridad, que estará 28 días detenido, sometido, según él, a "presiones psicológicas".
Catar le reprocha haber recibido dinero por parte de un "agente extranjero" para suministrar "desinformación".
Liberado tras protestas por parte de una ONG y del sindicato de futbolistas profesionales, tendría prohibido dejar el territorio durante dos meses.
Gracias a apoyos internacionales y diplomáticos, "Noah" es finalmente expulsado a mediados de agosto tras recibir una multa de poco más de 6.000 dólares, según informaciones.
Preguntadas por la AFP, las autoridades cataríes no quisieron hablar de este episodio. A finales de mayo de 2021, habían asegurado que el agente de seguridad recibía "consejos jurídicos y una representación".
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