La Iglesia católica en España descarta investigar activamente los casos de abusos sexuales a menores cometidos por religiosos, a diferencia de otros países que han realizado esfuerzos para poner luz a esta cuestión.
Unos 216.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales por sacerdotes y religiosos en Francia desde 1950, cifra que aumenta a 330.000 si se cuentan a los trabajadores de instituciones católicas, estimó a principios de octubre una comisión independiente.
El informe de la Ciase, a pedido de dos instituciones religiosas, aseguró además que hubo "entre 2.900 y 3.200 pederastas" entre los 115.000 sacerdotes o religiosos censados entre 1950 y 2020 y que el 80% de sus víctimas fueron chicos de 10 a 13 años.
La revelación de este informe, tras más de dos años de trabajo, sacudió Francia. El presidente de la Conferencia Episcopal pidió "perdón" a las víctimas e incluso el papa Francisco expresó su "inmenso dolor" y "vergüenza" ante el escándalo.
Pero la polémica continuó tras unas controvertidas declaraciones del episcopado asegurando que el secreto de confesión está por encima de la ley, incluso en caso de abusos a menores. Otro de los temas sensibles es cómo financiar las eventuales indemnizaciones.
Después de varios escándalos, una comisión creada por el gobierno investigó entre 2013 y 2017 en el seno de la Iglesia y otras instituciones en contacto con menores como clubes deportivos, escuelas privados u orfanatos.
Sus conclusiones establecieron que la mayoría de agresiones (58%) se produjeron en instituciones religiosas.
Entre 1950 y 2010, un 7% de curas fueron acusados de haber cometido actos pedófilos. Y entre 1980 y 2015, se denunciaron a las autoridades eclesiásticas 4.444 casos de abusos.
Los testigos de víctimas fueron retransmitidos en directo por televisión y conmocionaron al país.
La comisión interrogó también al cardenal George Pell, que había sido muy próximo al papa Francisco. En 2019 fue condenado y encarcelado por violación y agresión sexual a dos adolescentes en los años 1990, aunque fue absuelto en 2020 en beneficio de la duda.
El pasado 4 de junio, uno de los cardenales más influyentes de Alemania, el arzobispo de Múnich Reinhard Marx, presentó su dimisión al pontífice al reconocer el "fracaso" de la iglesia católica en la "catástrofe de abusos sexuales" del país, especialmente en la importante diócesis de Colonia.
Francisco rechazó su renuncia que, sin embargo, evidenció la magnitud de este problema en la Iglesia alemana.
Un contundente informe publicado en marzo desveló que cientos de menores habían sufrido violencias sexuales en la diócesis de Colonia entre 1975 y 2018, y que numerosos responsables religiosos habían callado.
En 2018, un consorcio de investigadores universitarios financiado por la Iglesia, pero sin acceso a sus archivos, indicó que 3.677 menores de 13 años habían sido víctimas de abusos en Alemania entre 1946 y 2014 por parte de 1.670 religiosos que, en su mayoría, no fueron condenados.
La Iglesia alemana pidió disculpas en 2018 y multiplicó en la última década las iniciativas para luchar contra estas conductas, como designar un responsable de "prevención", crear una línea telefónica para víctimas o asumir los costes de terapia.
Pero no hubo avances en una petición clave de las víctimas: colaborar completamente con la justicia para que los culpables sean juzgados y las víctimas compensadas. Ahora, la Iglesia la indemniza caso a caso, sin ninguna transparencia.
En 2002, el diario Boston Globe desveló abusos sexuales a gran escala en la diócesis de Boston y los esfuerzos de sus responsables para esconderlos. El escándalo, recogido en la película "Spotlight", tuvo enorme impacto.
En la vorágine, la Conferencia Nacional de Obispos estadounidenses adoptó la Carta de Dallas, que instaura una serie de medidas de protección.
En 2004, una comisión decretó nuevas medidas como notificar los casos a la policía o suspender a los curas incriminados y, en 2019, la conferencia de obispos volvió a reforzar el procedimiento.
Según abogados especializados, más de 11.000 denuncias fueron presentadas en este país contra obispos pedófilos. Las diócesis desembolsaron cientos de millones de dólares en acuerdos de indemnización.
Asociaciones de víctimas consideran que, con estos pactos, la Iglesia sigue eludiendo la justicia.
Varios estados federales lanzaron procedimientos para poner luz a décadas de agresiones.
En agosto de 2018, se reveló que al menos mil niños fueron abusados por más de 300 obispos en el estado de Pensilvania (noreste), lo que forzó la dimisión del antiguo arzobispo Donald Wuerl, que habría intentado encubrir estos casos.
El influyente cardenal Theodore McCarrick, exarzobispo de Washington DC, fue expulsado de la Iglesia tras ser acusado de agredir sexualmente a un adolescente en los años 1970.
Numerosos diócesis abrieron sus archivos, destapando que cientos de clérigos fueron sospechosos de abusar de menores en las últimas décadas.
En 2009, tras nueve años de investigaciones en instituciones vinculadas a la Iglesia, una comisión dirigida por el juez Sean Ryan denunció una violencia sexual, física y psicológica generalizada contra menores desde los años 1930.
Otra comisión, a cargo de la jueza Yvonne Murphy, investigó durante tres años la diócesis de Dublín y reveló también en 2019 que las autoridades eclesiásticas encubrieron violencia sexual contra menores durante más de tres décadas.
Numerosos obispos irlandeses dimitieron y antiguos curas fueron encarcelados.
El gobierno estableció un dispositivo público de compensación financiera para las víctimas al que acudieron más de 14.500 personas.
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